160 testigos han declarado en el 'caso Banca Catalana'

El 23 de mayo de 1984, hoy hace un año, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, presentó en nombre del fiscal general del Estado una querella contra Jordi Pujol y otros 24 ex directivos de Banca Catalana, por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Los 25 folios de la querella, que habían sido redactados dos semanas antes por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, habían reposado en el fondo de un cajón del despacho del fiscal jefe mientras se discutían algunos detalles procesales relacionados con la tram...

El 23 de mayo de 1984, hoy hace un año, el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, presentó en nombre del fiscal general del Estado una querella contra Jordi Pujol y otros 24 ex directivos de Banca Catalana, por los presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Los 25 folios de la querella, que habían sido redactados dos semanas antes por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, habían reposado en el fondo de un cajón del despacho del fiscal jefe mientras se discutían algunos detalles procesales relacionados con la tramitación del documento.La presentación del escrito, en el que se veía implicado el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, estuvo precedida por un hermético silencio, que provocó cierta inquietud entre quienes habían elaborado el escrito de denuncia. Hacía apenas un mes, el fiscal jefe, Alejandro Sanvicente, y el fiscal José María Mena habían dado por zanjado un incidente profesional, relacionado con la tramitación y archivo de una querella contra Eduard Bueno, candidato a la Generalitat por Coalición Popular, al que se acusaba de los supuestos delitos de estafa y falsedad.

El fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, después de examinar la solidez de las imputaciones recogidas en el escrito de querella contra los ex consejeros de Banca Catalana, decidió impulsar y apoyar la denuncia, que finalmente se presentó el 23 de mayo en la Audiencia Territorial. Cuando se cumple un año de la tramitación del sumario sobre el caso Banca Catalana, la causa está integrada por 3.000 folios y 21 carpetas con documentación anexa, que a su vez contienen 6.000 folios más.

Durante este tiempo se ha tomado declaración a más de 160 testigos, se ha recogido un examen pericial propuesto por un sector de abogados defensores, se han celebrado seis plenos de la Audiencia Territorial, se han tramitado cinco recursos fiscales y se encuentra pendiente de resolución un nuevo examen pericial y el destino final que se dará a 20.000 fotocopias sobre la contabilidad de la entidad, que fueron entregadas la semana pasada a los fiscales encargados del caso. También durante este período han fallecido dos de los inculpados, Antoni Moragas Gallissa y Ramón Monforte Novalón.

En defensa de Pujol

Los primeros problemas jurídicos que se plantearon en la Audiencia Territorial de Barcelona y en el Tribunal Supremo sobre qué órgano era el competente para enjuiciar la causa, quedaron ahogados por una campaña a favor de Jordi Pujol, en la que participaron numerosas entidades políticas y sociales. Estos sectores interpretaban que la presentación de la querella por el supuesto fraude de Banca Catalana era un golpe bajo al nacionalismo catalán, que había logrado una amplia mayoría en las elecciones del 29 de abril y que había devuelto a la presidencia de la Generalitat a uno de los querellados, Jordi Pujol.Al día siguiente de la presentación de la querella, el cardenal arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, visitó a Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat con el objeto de ofrecerle su apoyo. Una fuente autorizada del arzobispado explicó después que aquella visita tenía un carácter privado y de cortesía y "constituye un gesto de solidaridad del cardenal, como primera autoridad de la diócesis, hacia la primera autoridad legítima de Cataluña, dada la situación por la que está pasando la institución". El portavoz del arzobispado aseguró que "además de esta dimensión institucional, se trata, sobre todo, como sacerdote, de un gesto de solidaridad y cordial hacia la persona". Santiago Moreno, dirigente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, se mostró mucho más enigmático sobre el apoyo ofrecido a Pujol, y, tras su visita al Palau de la Generalitat, aseguró que al presidente, además del apoyo moral, le había ofrecido, "si hace falta, cualquier otro tipo de apoyo".

Oral o escrito

Las movilizaciones populares a favor de Jordi Pujol y las descalificaciones públicas a la actuación del ministerio fiscal y del Gobierno socialista arreciaron en el mes de agosto con la polémica sobre si Jordi Pujol debía declarar de forma oral o escrita y con los testimonios de los primeros ex consejeros querellados. Las protestas prosiguieron durante todo el verano para culminar en el mes de octubre, cuando los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena hicieron unas declaraciones a la revista Cambio 16 que fueron desautorizadas por determinados sectores ciudadanos próximos políticamente a Pujol, y muy especialmente por el Colegio de Abogados de Barcelona. Estos sectores empezaron a reclamar que se dejara de discutir públicamente sobre el caso.Las declaraciones de los dos fiscales, realizadas durante un almuerzo con una redactora de la revista, tenían un carácter general y no desvelaban ningún aspecto procesal importante, pero fueron lo suficientemente ingenuas como para provocar un alud de protestas e instaurar esa política de silencio. Esta política ha sido fielmente acatada por todos los abogados relacionados con la defensa de los encausados, hasta el punto de hacerlos impermeables a cualquier investigación periodística.

Algunos letrados, que se habían mostrado hasta entonces dispuestos a colaborar con la Prensa en las tareas de información, guardaron silencio de repente y el contenido del sumario, sin ser secreto, se ha convertido en uno de los asuntos más reservados del Palacio de Justicia de Barcelona.

Un sumario casi secreto

La política de silenciar el caso Banca Catalana ha afectado, al parecer, a la edición del primer libro que se ha escrito sobre esta entidad bancaria después de la presentación de la querella. La editorial Plaza y Janés compró el 25 de octubre de 1984 los derechos de autor de la obra Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis, que ha sido elaborado por los periodistas Francesc Baiges, Enric Gónzalez y Jaume Reixac, pero hasta el momento se ha negado a publicarlo alegando que el texto contenía posibles inexactitudes. Anteriormente, editorial Planeta había rechazado también su publicación. Los autores del libro afirman premonitoriamente, en el preámbulo de los 208 folios, que el trabajo "supone un intento de explicar de forma detallada qué fue Banca Catalana".La colaboración más generosa en materia informativa con la que ha contado la Prensa para seguir de cerca la investigación judicial del caso Banca Catalana ha sido, paradójicamente, la que ha prestado el propio magistrado instructor, Ignacio de Lecea, quien no ha rehuido nunca el contacto con los periodistas. De Lecea no ha mostrado ninguna dificultad en explicar aspectos procesales de la causa y ha ofrecido incluso generosas explicaciones exculpatorias para los querellados. Sólo así se justifica el hecho de que hasta el público haya llegado la versión procesal y pública de la instrucción de la causa; los recursos de los fiscales, los plenos de la Audiencia, los enfrentamientos entre el instructor y los fiscales, la improvisación procesal y jurídica o la petición de relevo planteada por el propio De Lecea.

Se conocen muy pocos datos relativos a los temas objeto de investigación judicial y motivo de la querella o a la estrategia de las defensas o a la actitud de Jordi Pujol con referencia a la investigación.

En medios jurídicos se asegura que el letrado Joan Piqué Vidal, encargado oficiosamente de la defensa. de Jordi Pujol, se ha convertido en un verdadero abogado-orquesta del caso Banca Catalana. Cada decisión adoptada con relación al sumario, es valorada, estudiada y sopesada por Piqué Vidal con tal dedicación que se ha visto obligado a abandonar otros encargos judiciales para dedicarse casi exclusivamente al caso.

Nadie duda ya de que este profesor de Derecho Procesal, tiempo atrás próximo al Opus Dei, es el principal artífice de la teoría según la cual "Jordi Pujol es inocente y no hace falta que se articule en su favor ninguna defensa", tesis que se ha traducido en la negativa a personarse en el sumario y a designar oficialmente abogado defensor.