El oficio que pedía investigar al CESID y a la Guardia Civil fue contestado 9 días después del relevo del fiscal Valerio

BONIFACIO DE LA CUADRA, La investigación judicial sobre el asesinato de Santiago Brouard fue ayer el tema estrella durante la práctica de la prueba en relación con la demanda presentada por José Barrionuevo contra EL PAÍS, en solicitud de protección civil a su honor. Según los datos suministrados por los subordinados de Barrionuevo, el oficio judicial que solicitaba investigar, entre otras hipótesis, al CESID y a la Guardia Civil fue contestado nueve días después del relevo del fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin. En cambio, una copia del mismo fue hecha llegar al fiscal general del Est...

BONIFACIO DE LA CUADRA, La investigación judicial sobre el asesinato de Santiago Brouard fue ayer el tema estrella durante la práctica de la prueba en relación con la demanda presentada por José Barrionuevo contra EL PAÍS, en solicitud de protección civil a su honor. Según los datos suministrados por los subordinados de Barrionuevo, el oficio judicial que solicitaba investigar, entre otras hipótesis, al CESID y a la Guardia Civil fue contestado nueve días después del relevo del fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin. En cambio, una copia del mismo fue hecha llegar al fiscal general del Estado, a través del ministro de Justicia, al día siguiente de ser recibido.

De acuerdo con lo declarado por el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, el oficio del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, llegado a sus manos el 27 de diciembre de 1984, no suscitó preocupación ni malestar en la Comisaría General de Información. Se trataba del oficio en el que, como publicó EL PAÍS en su número del 25 de enero último y de acuerdo con la lectura que hizo ayer ante el juez el propio Martínez Torres, se le pedía que comentara, analizara y, en su caso, descartara o sostuviera, entre otras hipótesis relacionadas con la autoría del asesinato de Brouard, las de grupos de ultraderecha, organizados o sin organizar; grupos autodenominados GAL, o grupos o personas que, en alguna medida, hayan recibido ayuda del Estado. (Veáse en esta misma página el texto íntegro leído por Martínez Torres ante el juez.)La razón dada por Martínez Torres para explicar que el contenido del oficio no causara malestar en los funcionarios a sus órdenes fue que ellos no tuvieron constancia del mismo. Sólo su secretaria. Pero esa explicación se compadece mal con la declaración de que inmediatamente ordenó la iniciación de las averiguaciones necesarias para cumplimentar el oficio. En cualquier caso, lo que no explicó Martínez Torres fue si a él le produjo malestar un oficio de tales características.

Acaso no facilitó esta explicación porque quedaba suficientemente clara su actitud ante el escrito, con la declaración que también hizo ayer, según la cual trasladó inmediatamente una copia del oficio judicial a su superior jerárquico, el director general de la Policía. Esta diligencia de Martínez Torres permitió que, a pesar de encontrarse en plenas fiestas navideñas, al día siguiente la mencionada copia ya había llegado al titular del departamento y éste se la había entregado, con su preocupación personal, al ministro de Justicia, Fernando Ledesma.

Que tal rapidez en comunicar el oficio judicial no es la habitual parece demostrado con la declaración del director general de la Guardia Civil. El teniente general José Antonio Sáenz de Santa María reveló ayer haber recibido, en la misma fecha del 27 de diciembre, otro oficio del mismo juzgado de Bilbao, en relación también con la investigación del asesinato de Santiago Brouard, que fue contestado sin necesidad de la previa comunicación del contenido del mismo a su superior jerárquico.

Además de esto, la declaración del teniente general Sáenz de Santa María permitió conocer otros datos sobre la investigación del asesinato de Santiago Brouard. El oficio remitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, a petición también del fiscal Emilio Valerio, requirió al director general de la Guardia Civil para que le comunicara lo siguiente: "la dirección, categoría o graduación de la persona que esté al frente del servicio de información de la Guardia Civíl".

Enojo y malestar confirmados

Según el testimonio del teniente general Sáenz de Santa María, el oficio fue directamente contestado, como otros en los que se recababan informes técnicos sobre deterininadas armas.

En contraste con la frialdad mostrada por Martínez Torres y por el director general de la Policía, Rafael del Río -los dos únicos testigos que aceptaron ayer haber conocido el oficio judicial que contemplaba hipótesis tan preocupantes para los servicios del Estado-, EL PAÍS ha confirmado en medios policiales el enojo y malestar experimentado cuando se conoció el contenido del oficio, expresado en comentarios de pasillo, de modo similar a como suele ocurrir cuando se producen noticias adversas a la policía en la lucha contra el terrorismo.

El teniente general Sáenz de Santa María explicó la ausencia de malestar en el desconocimiento, por su parte, del contenido del oficio recibido en la Comisaría General de Información. Sin embargo, si, como declaró ayer Martínez Torres, simultáneamente a la remisión de una copia del mismo al director general de la Policía, ordenó la iniciación de las averiguaciones para su cumplimentación, es lógico que una de estas pesquisas se dirigiera hacia los servicios de información de la Guardia Civil y, en consecuencia, fuera conocida por el director general.