Minero Siderúrgica de Ponferrada recurrirá contra la denegación de la regulación de empleo

La dirección de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) ha anunciado que recurrirá contra la resolución de la Delegación Provincial de Trabajo por la cual se denegaba el expediente de regulación de empleo solicitado por la empresa dentro del paquete de medidas del plan de viabilidad presentado el pasado mes de octubre y que fue rechazado por las centrales sindicales.

La denegación del expediente de regulación de empleo se fundamenta en la falta de datos sobre el sistema de financiación a corto y medio plazo y en la existencia de defectos de forma.El expediente de regulación contemplaba e...

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La dirección de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) ha anunciado que recurrirá contra la resolución de la Delegación Provincial de Trabajo por la cual se denegaba el expediente de regulación de empleo solicitado por la empresa dentro del paquete de medidas del plan de viabilidad presentado el pasado mes de octubre y que fue rechazado por las centrales sindicales.

La denegación del expediente de regulación de empleo se fundamenta en la falta de datos sobre el sistema de financiación a corto y medio plazo y en la existencia de defectos de forma.El expediente de regulación contemplaba el despido de 24 trabajadores de exterior, mientras que otros 360 de ese mismo grupo pasarían a trabajar en el interior de la mina. Además, se contemplaban 208 prejubilaciones. MSP es la mayor empresa extractiva de carbón en España, con explotaciones en León, fundamentalmente en el valle de Laciana, y en Asturias. últimamente la empresa viene atravesando una grave situación financiera, reflejada en una deuda de más de 4.000 millones de pesetas a la Seguridad Social, a Hacienda y a algunos proveedores.

La dirección de la empresa ha señalado que la no aprobación del expediente lo único que hace es agravar la situación y retrasar la solución final, a la vez que ha anunciado su voluntad de recurrir la resolución denegatoria. La dirección de MSP ha insistido en su argumentación de que es insostenible la presencia de un 38% del personal en la realización de labores de exterior.

Todas las centrales sindicales con implantación en el sector habían manifestado su oposición al plan de viabilidad, señalando que las dificultades económicas se derivaban de una pésima gestión empresarial.

Las alternativas ofrecidas eran diferentes: Comisiones Obreras solicitó la nacionalización, mientras que la central socialista UGT pidió una emisión de acciones para los trabajadores y la reserva del 50% de futuras ampliaciones de capital por regulación de balances.

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