Jueces para la Democracia propugna el abandono de la jerarquía en la magistratura

El secretariado de Jueces para la Democracia se reunió ayer en Madrid con los coordinadores territoriales del colectivo progresista de magistrados y, tras una amplia consulta, se pronunció a favor del abandono de la concepción jerárquica de la magistratura para conseguir una auténtica democratización del poder judicial. El sector progresista de los jueces rechaza el planteamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el conflicto sobre la designación de miembros del tercer poder del Estado y propone un sistema electoral proporcional y de listas cerradas entre los jueces para elegir ...

El secretariado de Jueces para la Democracia se reunió ayer en Madrid con los coordinadores territoriales del colectivo progresista de magistrados y, tras una amplia consulta, se pronunció a favor del abandono de la concepción jerárquica de la magistratura para conseguir una auténtica democratización del poder judicial. El sector progresista de los jueces rechaza el planteamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el conflicto sobre la designación de miembros del tercer poder del Estado y propone un sistema electoral proporcional y de listas cerradas entre los jueces para elegir a los consejeros de procedencia judicial.

Entre los acuerdos adoptados por Jueces para la Democracia figuran: reiterar el pleno respeto a las competencias legislativas de las Cortes como representantes del pueblo español y rechazar categóricamente los planteamientos de que han partido el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Profesional de la Magistratura, el primero al interponer conflicto de atribuciones respecto a la fórmula adoptada en el Congreso de los Diputados sobre el nombramiento de los 12 miembros, jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial, y la segunda al acudir a movilizaciones corporativas y pretender involucrar a instancias que, constitucionalmente, no tienen asignada esta misión.Jueces para la Democracia propone diversas medidas destinadas a democratizar su fórmula electoral y establecer un control parlamentario del Consejo elegido: la adopción de un sistema electoral proporcional y de listas cerradas y completas que reflejaría fielmente el mosaico de opciones ideológicas de la magistratura y, a la vez, propiciaría un debate interno que obligaría a cada juez a reflexionar sobre la naturaleza, contenido y límites de su propia función. A la vez, la posibilidad de una moción de censura política al Consejo supondría un control secundario del Parlamento que favorecería el equilibrio de poderes.

Soberanía popular

Según su portavoz, la consulta "ha evidenciado la pluralidad de posiciones respecto a la fórmula adoptada por el Congreso de los Diputados, si bien la opinión mayoritaria es favorable a dicha fórmula, al considerar que no afecta a la independencia judicial y supone una mayor vinculación con el principio de soberanía popular".El colectivo entiende que una verdadera democratización del poder juidicial reclamaría una serie de medidas que no se encuentran recogidas en el texto aprobado por el Congreso, como son: la atribución al CGPJ, legitimado democráticamente, de todas las competencias que, como órgano de Gobierno autónomo del poder judicial, le corresponden; la democratización de todos los órganos del poder judicial con abandono de la concepción jerárquica de la magistratura.

También propone la potenciación del más amplio debate interno y externo sobre la función jurisdiccional y de la libre crítica de las decisiones judiciales; la ampliación del margen de participación ciudadana en la administración de justicia, que, como mínimo, llevaría consigo la urgente regulación del jurado, y un replanteamiento más eficaz y completo de los juzgados de paz, extendidos a todo el territorio de base electiva y con competencias reales; la supresión de la Audiencia Nacional; la creación de una auténtica Policía Judicial con dependencia efectiva de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal, y la atribución a las comunidades autónomas de las competencias que en materia judicial prevén sus estatutos de acuerdo con el espíritu de la Constitución.