La unificación, entre presiones y dificultades
El proyecto de unificación policial, que convertirá al Cuerpo Superior de Policía y al Cuerpo de Policía Nacional en una sola institución, está prácticamente diseñado desde hace un año, y es intención de José Barrionuevo que quede aprobado en la actual legislatura, probablemente en el curso de 1985.Las causas de su retraso están reflejadas en las complejas dificultades que presenta su aplicación y las presiones de uno y otro tipo que han venido sucediéndose en los dos años y medio de gestión socialista.
Desde hace ya algunos meses, Interior sospechaba que, tras la legalización del Sindi...
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El proyecto de unificación policial, que convertirá al Cuerpo Superior de Policía y al Cuerpo de Policía Nacional en una sola institución, está prácticamente diseñado desde hace un año, y es intención de José Barrionuevo que quede aprobado en la actual legislatura, probablemente en el curso de 1985.Las causas de su retraso están reflejadas en las complejas dificultades que presenta su aplicación y las presiones de uno y otro tipo que han venido sucediéndose en los dos años y medio de gestión socialista.
Desde hace ya algunos meses, Interior sospechaba que, tras la legalización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el malestar que ya existía en el Cuerpo Superior de Policía se iba a trasladar, aunque de forma diferente, a la Policía Nacional. Esto no había ocurrido antes, dada la estructura militar de este último colectivo y la carencia hasta entonces de libertades sindicales, que la obligaba a estar sujeta a una fuerte disciplina castrense. Ello permitía al ministerio cierta tranquilidad.
No obstante, las relaciones entre la cúpula de los dos cuerpos policiales se habían enfriado bastante, especialmente a raíz de la aprobación del Real Decreto 699/1984, que regula la estructura y funciones de los órganos de la seguridad del Estado. Este real decreto, considerado por Interior como "el primer paso para la unificación", sometía a la actual Inspección General de la Policía Nacional, hasta entonces un cuerpo autónomo en la práctica, a la disciplina del director general de la Policía, cuya responsabilidad solo abarcaba a la totalidad del Cuerpo Superior.
La pérdida de la autonomía de Inspección fue compensada por el Gobierno con la adjudicación del área de la seguridad ciudadana, que pasaba a depender en exclusiva de la Policía Nacional. Pasos posteriores, todos ellos encaminados a la desmilitarización, fueron la desaparición del Estado Mayor de la Policía Nacional y la legalización de los sindicatos de policía uniformada.
Los pasos dados por el equipo de Barrionuevo no han tenido aliados en los diferentes colectivos policiales. Cuando Interior intentaba desmontar la estructura militar de la Policía Nacional, inmediatamente surgían reacciones contrarias y presiones por parte de jefes y oficiales, y cuando desproveía al Cuerpo Superior de competencias en materia de seguridad ciudadana se rebelaban los sindicatos de este colectivo.
La política de Barrionuevo, basada en no hacer concesiones indiscriminadas a las partes enfrentadas, tanto intercorporativas como entre policías y militares, la ha repetido en la última crisis al destituir, por un lado, a siete jefes militares, y disolver, por otro, a la Compañía de la Reserva, General de León.