El Partido Liberal impugna el impreso de la renta por incluir el impuesto autonómico

El Partido Liberal (PL) presentará el miércoles ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la orden del Ministerio de Economía y Hacienda, fechada el pasado 8 de febrero y aparecida en el Boletín Oficial del Estado ocho días después, por considerar ilegal los nuevos modelos de impreso para la declaración de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1984.Según informó Andrés de la Oliva, miembro del consejo político del PL y encargado de los asuntos jurídicos, el recurso se plantea por haber incluido en el modelo de la declaración para la ...

El Partido Liberal (PL) presentará el miércoles ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la orden del Ministerio de Economía y Hacienda, fechada el pasado 8 de febrero y aparecida en el Boletín Oficial del Estado ocho días después, por considerar ilegal los nuevos modelos de impreso para la declaración de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1984.Según informó Andrés de la Oliva, miembro del consejo político del PL y encargado de los asuntos jurídicos, el recurso se plantea por haber incluido en el modelo de la declaración para la Comunidad de Madrid un apartado, la casilla número 92, en la que debe declararse el recargo del 3%.

"La legalidad vigente no permite a la Administración del Estado ocuparse de la gestión de ese recurso. Tendrían que haber establecido instrumentos legales bien el Gobierno o las Cortes Generales, hecho que no se ha producido", explica Andrés De la Oliva.

"En la situación jurídica actual, sería la Comunidad de Madrid la que tendría que encargarse de la gestión del tributo, lo que tampoco puede hacer en estos momentos", añade De la Oliva. "Tampoco puede gestionar el recargo el Estado. Nosotros sostenemos que en este momento no está legalmente habilitado para cumplir esa tarea".

"Posible ilegalidad".

"Por tanto", afirma De la Oliva "la inclusión de este recargo en el modelo de la declaración de la Renta se hizo, a nuestro juicio, porque al ministerio le vencía el plazo para sacar la orden. Había que imprimir los impresos y debieron pensar que nadie se daría cuenta hasta que la Administración central y la autónoma establecieran una base jurídica adecuada para regular los mecanismos de gestión", asegura el abogado y asesor del PL.

"Como consecuencia de esta situación", estima De la Oliva, "se podrían pedir responsabilidades a los funcionarios del Estado en el caso de que cooperen en lo que consideramos una exacción ilegal".