Un jurado inglés antepone el interés estatal al del Gobierno

La decisión de un jurado de declarar inocente a un alto funcionario del Ministerio de Defensa del delito de violar la ley de Secretos Oficiales por pasar información referente al hundimiento del Belgrano a un diputado de la Cámara de los Comunes supone no sólo un serio contratiempo para el Gobierno, sino el principio del fin de una de las leyes más controvertidas de la legislación británica. El fondo de la cuestión es de gran importancia, no sólo para el Reino Unido, sino para todos los países que tienen vigentes leyes de secretos oficiales, ya que lo que se trata de dilucidar es la vidriosa f...

La decisión de un jurado de declarar inocente a un alto funcionario del Ministerio de Defensa del delito de violar la ley de Secretos Oficiales por pasar información referente al hundimiento del Belgrano a un diputado de la Cámara de los Comunes supone no sólo un serio contratiempo para el Gobierno, sino el principio del fin de una de las leyes más controvertidas de la legislación británica. El fondo de la cuestión es de gran importancia, no sólo para el Reino Unido, sino para todos los países que tienen vigentes leyes de secretos oficiales, ya que lo que se trata de dilucidar es la vidriosa frontera entre los intereses del Estado y los del Gobierno.

Un jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, absolvió a Clive Ponting, ayudante del secretario de Defensa, Michael Heseltine, del delito de violar la sección segunda de la ley de Secretos Oficiales de 1911 por haber entregado dos documentos sobre el hundimiento del crucero argentino Belgrano durante la guerra de las Malvinas al diputado laborista Tam Dalyett, que desde hace dos años trata de demostrar que el Gobierno hundió el barco argentino deliberadamente por motivos políticos con el fin de hacer fracasar un plan de paz propuesto por Perú.La posición del Partido Laborista es que tanto) Heseltine como su ministro de Estado, John Stanley, han tratado de engañar a la Cámara de los Comunes sustrayendo información sobre la realidad de los hechos. Conocida la decisión del jurado, el líder de la oposición, Neil Kinnock, pidió la dimisión de los responsables del Ministerio de Defensa. "Han tratado de engañar y han sido pillados", dijo.

El Gobierno, cuyos miembros no han ocultado su irritación por el veredicto del jurado, se vio ayer obligado a hacer una declaración, a través del fiscal general del reino, sir Michael Havers, quien manifestó que la decisión de procesar a Ponting fue tomada personalmente por él, "sin intervención de ningún ministro".

Previamente, la Cámara presenció uno de los intercambios dialécticos más duros entre Thatcher y Kinnock.

La primera ministra afirmó, entre los gritos de la oposición, que no había tenido nada que ver con el procesamiento del funcionario. "Estaba de vacaciones", manifestó ante el clamor laborista.

Según el juez, sir Anthony McCowan, los intereses del Estado coinciden con los del Gobierno del momento. El jurado, y el propio Clive Ponting, no lo entendieron así. La defensa de Ponting estuvo basada en la premisa de que su cliente no violó la sección segunda de la ley de Secretos Oficiales, ya que no puso en peligro ninguna vida humana y dado que el Parlamento de la nación tiene el derecho a estar verazmente informado, aun en contra de los deseos de un ministro. Por su parte, el fiscal invocó la controvertida disposición para demostrar que el funcionario había violado la confianza que sus superiores tenían en él.

El grupo Campaña para la Libertad de Información ha calificado la decisión del jurado de "derrota histórica y devastadora" para la ley de Secretos Oficiales y ha pedido que se suprima sin demora la sección segunda.

Toda la oposición parlamentaria y varios grupos de juristas desearían en el Reino Unido una legislación parecida a la norteamericana, donde es imposible procesar a un funcionario a no ser que esté envuelto en un caso criminal o de espionaje. A este respecto, se recuerda que cuando Daniel Ellsberg filtró los papeles del Pentágono a The New York Times sólo pudo ser acusado de tenencia ilícita de documentos.