Una ley establece las incompatibilidades para los altos cargos autonómicos
La Asamblea de La Rioja aprobó en la tarde del martes un proyecto de ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica. La ley fue aprobada con el acuerdo de todos los grupos políticos, excepto en lo que se refiere a la posibilidad de que los concejales puedan ser designados como altos cargos de la comunidad autónoma. Esta compatibilidad con el puesto de concejal fue aprobada gracias a la mayoría de votos del Grupo Socialista, a pesar de la oposición de los grupos Popular y Mixto.
La ley afecta a secretarios técnicos, directores regionales y c...
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La Asamblea de La Rioja aprobó en la tarde del martes un proyecto de ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica. La ley fue aprobada con el acuerdo de todos los grupos políticos, excepto en lo que se refiere a la posibilidad de que los concejales puedan ser designados como altos cargos de la comunidad autónoma. Esta compatibilidad con el puesto de concejal fue aprobada gracias a la mayoría de votos del Grupo Socialista, a pesar de la oposición de los grupos Popular y Mixto.
La ley afecta a secretarios técnicos, directores regionales y cargos asimilados, entre los que se encuentran presidentes, gerentes, o directores de entidades en las que la comunidad autónoma participe al menos con el 50% de su capital o presupuesto de ingresos. El ejercicio de estas funciones se declara expresamente incompatible con cualquier actividad profesional, mercantil o industrial, de carácter público o privado, así como con otras funciones públicas representativas. Entre las excepciones a la ley, se recogen las de los diputados regionales y concejales. Este punto dio lugar a un tenso debate en el que la oposición puso de manifiesto la posible colisión de intereses que se puede dar también en ese tipo de cargos públicos.
En un plazo de tres meses todos los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley deberán prestar declaración sobre causas de posible incompatibilidad.
Por otra parte, según se recoge en la disposición adicional, las empresas que tomen parte en concursos públicos o subastas deberán acreditar de forma documental que ninguna de las personas afectadas por esta ley forma parte de sus órganos de gobierno o administración.