La ley de Régimen Local dificulta las pequeñas reclamaciones contra los ayuntamientos
Las pequeñas reclamaciones de los ciudadanos contra los ayuntamientos quedarán en la práctica sin solución si prospera en el Senado la actual redacción del proyecto de ley de Bases de Régimen Local, en la que se suprime el recurso a los tribunales económico-administrativos, órganos estatales que resuelven estas reclamaciones antes de que, en su caso, pasen a la jurisdicción contencioso-administrativa. La supresión produce una indefensión práctica: mientras el tribunal económico-administrativo es gratuito, la vía del contencioso implica unos gastos mínimos de 100.000 pesetas.
La supresió...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Las pequeñas reclamaciones de los ciudadanos contra los ayuntamientos quedarán en la práctica sin solución si prospera en el Senado la actual redacción del proyecto de ley de Bases de Régimen Local, en la que se suprime el recurso a los tribunales económico-administrativos, órganos estatales que resuelven estas reclamaciones antes de que, en su caso, pasen a la jurisdicción contencioso-administrativa. La supresión produce una indefensión práctica: mientras el tribunal económico-administrativo es gratuito, la vía del contencioso implica unos gastos mínimos de 100.000 pesetas.
La supresión del recurso al tribunal económico-administrativo cuenta, al parecer, con la oposición de los propios ministerios de Hacienda, de Justicia y de Administración Territorial. En el primero se teme que la medida de lugar a un aumento incontrolado de la presión fiscal causado por los municipios, mientras para el segundo el problema sería el bloqueo de las salas de lo contencioso, ante la avalancha de asuntos que llegarían a ellas.El principal perjuicio para los ciudadanos se centra en que mientras el tribunal económico-administrativo es gratuito -basta la presentación de una instancia- para el contencioso-administrativo se necesita la intervención de abogado y procurador, lo que supone un gasto mínimo del orden de 100.000 pesetas -depende de las tarifas de los profesionales-, por lo que a ningún contribuyente que reclamase una cantidad pequeña le interesaría usar este recurso.
El problema no se acaba en el ámbito de las corporaciones locales, ya que algunos de sus tributos influyen en los impuestos estatales, con lo que el perjuicio en caso de error se multiplica. Un ejemplo de ello es la contribución territorial urbana, que sirve de referencia para el pago del impuesto sobre el patrimonio inmobiliario.
La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) propuso la supresión del tribunal económico-administrativo en un escrito de junio de 1983 dirigido al ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, y en el que la comisión ejecutiva de ese organismo de representación de los ayuntamientos hacía llegar al Gobierno sus propuestas sobre la ley de Régimen Local. En el apartado dedicado al régimen económico, el escrito señala "la necesidad de garantizar la máxima autonomía de las corporaciones en la administración de sus recursos económicos", y que, de acuerdo con el principio de que la gestión económica es responsabilidad de la corporación, "no son admisibles controles -tanto internos como externos- sobre la misma, a excepción de los voluntariamente asumidos por la entidad y de los que jurisdiccionalmente les corresponde".
No obstante, el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes mantenía el tribunal económico-administrativo. En su artículo 103 se establecía que "los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante los tribunales económico-administrativos provinciales".
Sin embargo, el artículo cayó en el primer trámite parlamentario: la ponencia, a iniciativa de los socialistas, suprimió la alusión a este tribunal y sustituyó el artículo por otro texto donde se dispone que "contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá formularse, ante el mismo órgano que los dictó, la correspondiente reclamación, dentro del plazo establecido para el recurso de reposición". Este texto fue aprobado sin variación por la comisión y el Pleno del Congreso, en noviembre pasado. El número del artículo es el 106 en el proyecto que ha pasado al Senado.
Curiosamente, el Grupo Socialista no había presentado ninguna enmienda sobre esta cuestión. La modificación, así, se hizo por una propuesta directa -in voce- realizada durante los trabajos de la ponencia por los representantes socialistas, cuyo coordinador para este proyecto era el miembro de la ejecutiva Luis Fajardo, responsable de política municipal del PSOE. El plazo de presentación de enmiendas en el Senado termina el próximo día 12.