El MOPU vendió viviendas a inquilinos a quienes ya había adjudicado otros pisos

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) vendió en 1982 al menos siete viviendas oficiales en Vallecas a otros tantos inquilinos a quienes meses antes había adjudicado otros siete pisos de propiedad pública en Arroyo de Fontarrón. A raíz de esta situación, la familia de Cayetano Parra, ocupante de una de las viviendas de Vallecas, a quien el Ayuntamiento se la había concedido en 1981 al quedar vacante, espera desde hace unos días que los funcionarios del juzgado procedan a su desahucio, después de que los tribunales fallaran a favor de los anteriores inquilinos, que ahora son propiet...

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) vendió en 1982 al menos siete viviendas oficiales en Vallecas a otros tantos inquilinos a quienes meses antes había adjudicado otros siete pisos de propiedad pública en Arroyo de Fontarrón. A raíz de esta situación, la familia de Cayetano Parra, ocupante de una de las viviendas de Vallecas, a quien el Ayuntamiento se la había concedido en 1981 al quedar vacante, espera desde hace unos días que los funcionarios del juzgado procedan a su desahucio, después de que los tribunales fallaran a favor de los anteriores inquilinos, que ahora son propietarios de dos viviendas públicas.

La vivienda objeto de litigio forma parte de un grupo de 44 casas que construyó el Estado, a través de la Dirección General de Regiones Devastadas, en la calle de la Sierra del Quintanar, en Vallecas, en 1955, que inmediatamente fueron arrendadas a otras tantas familias. Al desaparecer Regiones Devastadas se hizo cargo de ellas el MOPU. La vivienda reparte sus 41,27 metros cuadrados en un vestíbulo, una cocina-comedor, tres dormitorios y un cuarto de aseo. La vivienda se completaba con un patio de 23,17 metros cuadrados.Las malas condiciones que tenían 14 de estas viviendas hicieron que sus ocupantes solicitaran al MOPU la adjudicación de otras tantas viviendas en Arroyo de Fontarrón, uno de los barrios calificados como de remodelación. La adjudicación fue concedida en 1981 y los inquilinos pasaron a ocupar pisos a estrenar de 100 metros cuadrados después de que, según informó Antonio Bádenas, abogado de Cayetano Parra, los inquilinos renunciaran en la junta municipal de Vallecas a cualquier tipo de indemnización que les pudiera corresponder sobre las viviendas que abandonaban a cambio de uno de los nuevos pisos en el polígono de Fontarrón-Valderribas.

La junta municipal de Vallecas, ante el grave problema de vivienda existente en la zona, decidió ocupar las viviendas vacantes. El vocal de Urbanismo José Manuel Torrecilla, del PCE, "con autorización pertinente", según consta en un documento de la junta, adjudicó las viviendas a varias familias primero provisional y luego definitivamente en diciembre de 1981. La única cantidad que pagaron estas familias fueron 17.760 pesetas "por gastos originados en la junta de Vallecas por inutilización de los sótanos inhabitables".

Cayetano Parra, de 33 años, que en la actualidad se ha visto obligado a desplazarse a Oviedo, donde le ha salido un trabajo, y que habita la vivienda en unión de su mujer, de 27 años, y su hijo pequeño, de tres años, decidió arreglarla, y a lo largo de estos tres últimos años dice haber gastado unas 200.000 pesetas en reparaciones. Esta situación se vio pronto complicada con la aparición del inquilino anterior, José Villaescusa, uno de los adjudicatarios de un piso en Arroyo de Fontarrón, que exigía el abandono de la vivienda, pues, según él, le había sido vendida por el MOPU, como podía demostrar.

Vendida por 25.000 pesetas

El jefe de la sección de liquidaciones patrimoniales de la Dirección General de Arquitectura del MOPU y José Villaescusa firmaron en mayo de 1982 un contrato legal ante notario por el que se vendía la vivienda de Sierra de Quintanar por 25.656 pesetas. Parece que otros seis antiguos inquilinos compraron también la vivienda que meses antes habían abandonado, a pesar que el MOPU les había adjudicado otra casa en dicho polígono.Demandado el actual inquilino, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 21 falló a favor de Villaescusa, pues presentó una escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad frente al documento municipal de adjudicación definitiva presentado por Parra. La Audiencia Provincial, en marzo, ratificó la sentencia del juzgado de primera instancia.

El pasado 5 de octubre Parra recibió una notificación de desalojo en un plazo de ocho días, motivo por el que éste decidió acudir al procedimiento penal. Las gestiones del abogado de oficio Antonio Bádenas ante Francisco Garrido, presidente de la junta municipal de Vallecas, su antecesor, Saturnino Zapata, y el viceconsejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jesús Morón, han hecho que el asunto sea estudiado por las administraciones local y regional.

"Se trata de un caso de abuso", manifestó Francisco Garrido. "La junta de distrito sólo hizo de intermediaria en una cuestión social entre vecinos que tenían una vivienda deficiente y querían mejorarla y otros que no tenían ninguna. Se les solicitó un papel como si de un apretón de manos se tratara por el que renunciaban a sus derechos. Luego se comunicó al MOPU que adjudicábamos las viviendas. Hay documentos del MOPU que se refieren a conversaciones anteriores". Garrido aseguró que ha pedido al MOPU que les revoquen la adjudicación de los pisos de Fontarrón a los que quieren tener dos viviendas públicas.

Por su parte, Jesús Morón, viceconsejero de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, manifestó que su departamento sólo tiene potestad sobre las viviendas adjudicadas en Arroyo de Fontarrón. Criticó duramente la actitud de los propietarios que quieren echar a los actuales ocupantes de las viviendas de Vallecas.

"Hay una duplicidad de viviendas públicas, cosa inaceptable, pues no podemos dar unas viviendas públicas a unas personas que ya tienen otras", dijo Morán. "La adjudicación que tienen sobre las de Fontarrón no son definitivas. Los pasos de la consejería van por una de las dos vías posibles: o se considera que los ocupantes de las viviendas de Fontarrón incumplieron las condiciones de adjudicación, como puede ser el no reconocer que habían renunciado a sus derechos sobre las otras viviendas, o se considera ilegal la adjudicación de Fontarrón por tener una segunda vivienda pública, con lo que podría declararse nula la segunda adjudicación" terminó el viceconsejero.