Reportaje:LA 'ECONOMÍA SUMERGIDA' DE LAS OFICINAS JUDICIALES

Dos magistrados, decididos a que la ley se cumpla

Dos magistrados, titulares de sendos juzgados de primera instancia de Madrid, Manuela Carmena Castrillo y Román García Varela, están decididos a algo aparentemente obvio: que la ley se cumpla también en las oficinas judiciales. Contra las resistencias de todo tipo con las que tropiezan en su empeño, que ellos no creen ni desean único, Manuela Carmena reafirma su voluntad de "no dejarnos engañar", dice, "por quienes sólo defienden privilegios económicos de hecho y comodidades corporativas acuñadas en los largos años oscuros en que en este país no había libertad".Tanto para una com...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Dos magistrados, titulares de sendos juzgados de primera instancia de Madrid, Manuela Carmena Castrillo y Román García Varela, están decididos a algo aparentemente obvio: que la ley se cumpla también en las oficinas judiciales. Contra las resistencias de todo tipo con las que tropiezan en su empeño, que ellos no creen ni desean único, Manuela Carmena reafirma su voluntad de "no dejarnos engañar", dice, "por quienes sólo defienden privilegios económicos de hecho y comodidades corporativas acuñadas en los largos años oscuros en que en este país no había libertad".Tanto para una como para otro magistrado, ambos pertenecientes a la corriente judicial progresista Jueces para la Democracia, la solución radical a estos problemas se producirá cuando la justicia sea enteramente gratuita, instante en que, según Román García, "aumentará la credibilidad en el medio judicial". Pero mientras eso ocurre, Manuela Carmena considera que el precio que los ciudadanos pagan al Estado por el servicio de la justicia ha de ajustarse a "las garantías legales existentes para que las tasas judiciales sean claras y precisas y eviten el fraude".

Por su parte, Román García señala que, frente al "oscurantismo terminológico e interpretativo de muchas disposiciones legales, es preciso que el lógico temor del justiciable no afecte también a preceptos tan claramente expresados como el artículo 119 de la Constitución, que proclama que la justicia será gratuita, en todo caso, respecto de los que acrediten insuficiencia de recursos".

El magistrado resalta igualmente la necesidad de que los ciudadanos que en la actualidad tienen derecho a litigar gratuitamente -aquellos con unos ingresos o recursos económicos que no superen el doble del salario mínimo interprofesional- sepan que los beneficios de la gratuidad se extienden también a "la exención del pago de toda clase de derechos o tasas judiciales, reintegro del papel usado para su defensa, inserción en los periódicos oficiales de los anuncios necesarios, etcétera".

Archivado En