La sombra de la duda

JOAQUÍN PRIETO El destino incierto que hayan podido tener cuatro talones -de 10 millones de pesetas, 2 millones, 3 millones y 2 millones- librados por la empresa Saneamientos Sellberg, SA, constituye la cuestión central de algunas de las oscuras informaciones publicadas estos días en torno al cobro de comisiones ilegales por parte del PSOE a cambio de contratas adjudicadas a la citada entidad o a sus filiales por diversos ayuntamientos socialistas.

Las tres primeras cantidades fueron cobradas por Vicente Torres García, actual director general de la empresa Sellberg, SA; la cuarta...

JOAQUÍN PRIETO El destino incierto que hayan podido tener cuatro talones -de 10 millones de pesetas, 2 millones, 3 millones y 2 millones- librados por la empresa Saneamientos Sellberg, SA, constituye la cuestión central de algunas de las oscuras informaciones publicadas estos días en torno al cobro de comisiones ilegales por parte del PSOE a cambio de contratas adjudicadas a la citada entidad o a sus filiales por diversos ayuntamientos socialistas.

Las tres primeras cantidades fueron cobradas por Vicente Torres García, actual director general de la empresa Sellberg, SA; la cuarta lo fue por Francisco Zapatero, ex directivo de la entidad, posteriormente despedido de la misma.

El primero afirma que ese dinero fue utilizado en gastos de inversión de la, compañía,"sólo que realizados en efectivo para conseguir mayores facilidades", mientras que se desconoce lo que el segundo haya podido hacer con el dinero, ya que ha permanecido ilocalizable durante esta semana.

Las tres primeras cantidades (10 millones de pesetas, 2 millones y 3 millones) fueron abonadas por Seliberg, SA, en el año 1981. Según la persona que entonces ocupaba la dirección general de la compañía, Carlos Franco Arandilla, el primero de dichos talones fue entregado a Vicente Torres, siguiendo instrucciones de los consejos de administración de Ingeniería Urbana, SA, y Saneamientos Sellberg, SA, "para que el citado señor Torres García, después de cobrado, entregara su importe en efectivo a don Emilio Alonso Sarmiento, del PSOE, en calidad de donativo". El ex director de la empresa añade que "el talón aludido se extendió a nombre del señor Torres García, quien debía cobrarlo en efectivo y hacer la entrega del mismo en solitario, por cuyo motivo yo no puedo asegurar que el importe total del mismo (10 millones de pesetas) fuera realmente entregado a don Emilio Alonso". Este último es el responsable de Administración y Finanzas del PSOE.

El ex director solicitó a Vicente Torres recibo de haber percibido esta cantidad "con el fin de poder justificar tan importante salida de dinero ante los auditores de ambas compañías" (la firma Arthur Andersen).

El receptor de estos 10 millones de pesetas, Vicente Torres -que recibió también otros dos talones de dos millones y tres millones en la misma época-, niega haberlos entregado a Emilio Alonso Sarniento ni a ningún otro dirigente del PSOE. Según Torres, ese dinero se utilizó para lograr las contraas, del siguiente modo: "En el mundo empresarial", dice, "el dinero en efectivo es más apreciado lue el que está sometido a controes, problemas fiscales, etcétera. Nosotros conseguíamos esas contratas más fácilmente si podíamos hacer unos gastos en efectivo que por los procedimientos normales de plazos, cuentas bancarias, etcétera".

Las fechas de los talones cobralos por Torres (abril, mayo y sepliembre de 1981) coinciden con las le adjudicación a Sellberg, SA, -de contratas por parte de los respectivos ayuntamientos de Lorca, Murcia y Mérida, todos elles gobernados por socialistas. Del asunto de Murcia hubo referencias en la Prensa, en el sentido de que podía tratarse de una comisión entregada a cambio de que el grupo Sellberg fuera favorecido con la contrata.

Una empresa con feroces enfrentamientos

A la vista de tales sospechas, el alcalde de Murcia requirió al director de Sellberg, S.A para que explicara las implicaciones que se hacían a su ayuntamiento. La respuesta del director, el citado Carlos Franco Arandilla, realizada mediante notario, fue la que figura transcrita más arriba, es decir, que los talones fueron pagados a Torres y que él, como director, no sabe lo que hizo con ellos, añadiendo que le constaba la honorabilidad demostrada por "la totalidad de los políticos y los funcionarios" del Ayuntamiento de Murcia. Vicente Torres, receptor de tres de las cantidades en cuestión, es amigo y vecino de Emilio Alonso Sarmiento, secretario federal de administración y Finanzas del PSOE. Es un hombre con "mucha mano" en los ayuntamientos socialistas e incluso en varios ministerios, según personas que como, en su capacidad de influencia. Torres trabajaba para Semat, una empresa de la competencia, cuando fue contratado en 1981 por Carlos Franco Arandilla,director reneral de Sellberg, SA, debido a que esta última consideraba "vital para su continuidad" conseguir la ,contrata del Ayuntamiento de Murcia. Gracias a este fichaje,

Sellberg obtuvo no sólo esta contarta, sino las de Lorca y Mérida: el citado Carlos Franco dice que todo eso se consiguió a cambio de unos "acuerdos" con Emilio Alonso Sarmiento, responsable de Finanzas del PSOE.

Después de estos logros, la empresa entró en una crisis: Carlos Franco Arandilla, que había sido el director general durante 12 años, fue destituido tras escribir una larga carta al accionista mayoritario -Per Sellberg, un ciudadano sueco- en la que exponía una notable cantidad de irregularidades (al parecer, relacionadas con desviaciones de dinero) que se estaban cometiendo en el seno de la empresa.

En esta carta, el director general pedía un cambio de política empresarial, o bien que se le indemnizara para abandonar el cargo.

El consejo de administración optó por destituirle a él, en marzo de 1982, y posteriormente despidió también a otros mandos intermedios de la entidad. El destituido recurrió a la Magistratura de Trabajo, y ésta se inhibió por tratarse de un cargo no sujeto a contrato laboral. Carlos Franco, que ha fundado otra empresa -Contenedores Urbanos, SA-, mantiene una reclamación para que Sellberg, SA, le pague una indemnización; por su parte, la compañía presentó hace meses querella contra él por supuesto manejo irregular de fondos y otros presuntos delitos.

Con posterioridad a este despido se produjo el de Francisco Zapatero, que era director técnico del grupo. Este último es la persona cuyo juicio por despido debía haberse visto en Magistratura el lunes pasado, y que fue aplazado al solicitar la empresa la práctica de varias pruebas. Zapatero tiene pendiente asimismo una querella por supuestos delitos, que se sigue en el juzgado número 19 de Madrid. El testimonio atribuido a esta persona es el que sirvió a Diario 16 para informar, el pasado lunes, de que Sellberg, SA, pretendía entregar una comisión ilegal de dos millones de pesetas a dos concejales socialistas de Ceuta a cambio de obtener la contrata de limpieza urbana, añadiendo que fue despedido por negarse a hacerlo; curiosamente, el mismo periódico aclaró ayer que en realidad Francisco Zapatero nunca ha hablado con Diario 16. EL PAIS ha tratado de aclarar directamente con Zapatero su versión de los hechos y preguntarle qué hizo con los dos millones de pesetas que supuestamente le entregaron para un soborno en Ceuta, pero ha permanecido iloca- lizable durante toda esta semana, y la última llamada telefónica efectuada ayer a su domicilio fue contestada por una mujer en los siguientes términos: "Zapatero sigue fuera, ¿qué passa?".

Para completar el cuadro, sucede que Sellberg, SA, y su filial Ingeniería Urbana tienen una deuda tributaria con el Ministerio de Hacienda correspondiente a los años 1979 a 1983. Las denuncias que provocaron la intervención de la Inspección de Hacienda fueron hechas, al parecer, por el propio director destituido de Sellberg, SA, Carlos Franco. Su sucesor, Vicente Torres, considera "increíble" que su antecesor haya denunciado irregularidades con Hacienda, que en su mayor parte corresponden al período de gestión del denunciante.

Demasiados antecedentes

En todo lo expuesto resalta la evidencia del estallido interno de una empresa, que resulta ser concesionaria de numerosos ayuntamientos socialistas. Todo parece indicar que el asunto se ha politizado al máximo, en vísperas de las actuaciones judiciales promovidas por los despedidos contra la empresa, o las de ésta contra aquéllos, según los casos. Sin embargo, circunscribir el problema al conflicto interno de una empresa sería una explicación insuficiente, porque llueve sobre mojado: la existencia de otros antecedentes hace sospechar que el PSOE puede tener responsabilidades mayores de las que sus dirigentes están dispuestos a admitir en cuanto a sistemas irregulares de financiación.

Entre esos antecedentes destacan los casos del ex teniente de alcalde de Madrid Alonso Puerta y el de un dirigente del Partido Socialista del País Valenciano, Pedro Lorca Rubio. El primero de ellos fue expulsado del PSOE y del ayuntamiento madrileño en 1981, tras denunciar intentos de soborno de representantes de empresas a altos cargos de la corporación. El segundo dirigió en 1979 una circular a concejales socialistas de la región valenciana, en la que encargaba que mantuvieran informada a la ejecutiva de cuantas contratas se realizaran por el método de adjudicación directa, debido a "la importancia, tanto económica como política, que tiene para el partido el control de esta contratación". La circular fue revelada por Fernando Abril, durante su época de vicepresidente del Gobierno, en las Cortes; después de hacerse público el asunto, el autor de la circular fue expedientado.

En cuanto al caso Puerta, al margen de las toneladas de tinta vertidas, existen tres documentos concretos que precisan el final oficial del asunto. Uno de ellos es el acta de expulsión del partido, donde se reconoce que, una vez abierto el concurso para adjudicación de la contrata de limpieza en Madrid, "cierto militante del partido" había ofrecido un donativo al PSOE; y se explica la actuación de Alonso Puerta en el ayuntamiento corno la de un hombre que, "abrumado por la responsabilidad de la correcta adjudicación de la contrata de limpieza", realizó la petición de explicaciones internas con tal intensidad -"temeridad", dice el acta- que el asunto derivó en escándalo. De ahí se desprende que el principal motivo de que Puerta fuera expulsado no es que careciera de razón al sospechar los intentos de cohecho, sino que el asunto saltó a la Prensa.

Además de echarle del partido, el PSOE le impidió también la entrada en el ayuntamiento. La Audiencia de Madrid declaró, el 12 de abril de 1983, que no era conforme a derecho la prohibición a Alonso Puerta para ejercer sus funciones de concejal; la Audiencia recordaba además que ya existían dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que se declaraba inconstitucional esa práctica. A pesar de todo, el ayuntan-dento recurrió, pero el Supremo confirmó el fallo de la Audiencia. Cuando lo hizo ya se habían realizado nuevas eiecciones y Puerta no podía volver al sillón de concejal, por lo que los efectos prácticos de la sentencia no fueron otros que abonarle todos los salarios devengados y no percibidos en ese período (cinco millones de pesetas).

Y en tercer lugar, Puerta planteó querella contra la persona que en el acta de expulsión del PSOE se describe con la expresión "cierto militante", cuyo nombre era Pedro Galindo, así como contra Vicente Torres, el actual director de la tantas veces mencionada compañía Sellberg, SA. Puerta fracasó en la vía judicial, debido a que la Audiencia Provincial, que encontró indicios de delito en el caso de Pedro Galindo, declaró que no podía seguir procedimiento contra él porque había fallecido.

En cuanto a Vicente Torres, la Audiencia declaró que sobre él no pesan sino vagas afirmaciones inculpatorias acerca de promesas de remuneración a favor del partido (se refiere al PSOE) en supuesto de adjudicación de los servicios municipales solicitados", pero que no cuentan con más testigo que la declaración de Carlos Franco Arandilla (el ex director de Sellberg, SA), a cuyo testimonio no se le concede valor por su carácter de "enfrentado al querellado señor Torres García, actual rector de Sellberg". Por lo cual se archivaron las actuaciones.

Alonso Puerta afirma hoy que personalmente no tiene interés en seguir protagonizando noticias, y que sus manifestaciones de estos días lo son a preguntas de los períodistas. "Yo tengo la convíccíón", dice, "de que la dirección del PSOE, y concretamente el área de administración, ha permitido el sistema de comisiones, porqu.e hay infinidad de adjudicaciones en los ayuntamientos socialistas y el modelo de funcionamiento adoptado se presta a ello. Caso singular es el que a mí me tocó vivir, y por eso lo conozco. Pero no quiero ofrecer la imagen de un revanchista: mis discrepancias actuales con el PSOE son políticas, y las mantengocomo militante del Pasok (antiguo PSOE histórico)".