La actitud de los 'tacs'

En la edición de EL PAÍS del día 25 de junio aparece una información en la que se vincula el mantenimiento del incentivo de productividad en el proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a las presiones que especialmente han podido realizar los Técnicos de Administración Civil del Estado (TAC).Sin otra representatividad que la de ser miembros de este cuerpo y participar en sus aspiraciones profesionales, le formulamos las siguientes consideraciones, complementarias de dicha información.

El incentivo de productividad, desde su implantación en 1972, ha estado ligado...

En la edición de EL PAÍS del día 25 de junio aparece una información en la que se vincula el mantenimiento del incentivo de productividad en el proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a las presiones que especialmente han podido realizar los Técnicos de Administración Civil del Estado (TAC).Sin otra representatividad que la de ser miembros de este cuerpo y participar en sus aspiraciones profesionales, le formulamos las siguientes consideraciones, complementarias de dicha información.

El incentivo de productividad, desde su implantación en 1972, ha estado ligado a determinados cuerpos, cuya posición estratégica en el sistema financiero y tributario les permitía una actualización más eficaz de sus retribuciones, además de las que con carácter general establecían las anuales leyes de presupuestos para la totalidad de los funcionarios. Éste, obviamente, no ha sido el caso de los TAC.

Durante la elaboración interna del proyecto y su tramitación parlamentaria, el mantenimiento de este concepto ha sido defendido por sus más directos y actuales beneficiarios, bien es verdad que revestido de la conveniencia de incrementar el rendimiento de todo el aparato administrativo.

Los TAC, desde su aparición en el panorama corporativo de nuestta función pública, siempre han defendido la simplificación del complejo régimen de retribuciones, lo que es perfectamente compatible con la necesidad de obtener mayores cotas de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de determinados servicios, pero sin necesidad de acudir a conceptos que se prestan a la arbitrariedad o discrecionalidad de los responsables políticos, y cuya experiencia en nuestra Administración ha sido frustrante desde la perspectiva de una productividad real.

Por otra parte, en el artículo que se comenta se incurre en una injustificable simplificación al identificar al cuerpo técnico con el mencionado proyecto de ley, por el simple hecho de que, como señalan los autores, algún alto cargo y diputados socialistas pertenecen a este cuerpo. Prueba de ello es que la Asociación de Técnicos de Administración Civil del Estado dirigió un escrito al señor ministro de la Presidencia, en el pasado mes de diciembre, exponiéndole, desde una perspectiva estrictamente profesional, seis puntos esenciales de desacuerdo con el referido proyecto. -