Hacienda aplazará el pago de la mayor parte del déficit acumulado por los ayuntamientos

Los déficit que arrastraban los ayuntamientos hasta finales de 1982 -algo más de 143.000 millones de pesetas, según las 305 peticiones de cobertura que acaba de recibir Hacienda- no serán repercutidos este año en su totalidad a los contribuyentes del Estado, como estaba previsto en principio. Una operación que prepara el Gobierno pretende cargar sólo 33.000 millones a los presupuestos del presente ejercicio, con el fin de no aumentar a corto plazo el déficit público. Los 110.000 restantes, destinados a los 10 ayuntamientos más deficitarios, será financiados y repercutidos en sucesivas anualida...

Los déficit que arrastraban los ayuntamientos hasta finales de 1982 -algo más de 143.000 millones de pesetas, según las 305 peticiones de cobertura que acaba de recibir Hacienda- no serán repercutidos este año en su totalidad a los contribuyentes del Estado, como estaba previsto en principio. Una operación que prepara el Gobierno pretende cargar sólo 33.000 millones a los presupuestos del presente ejercicio, con el fin de no aumentar a corto plazo el déficit público. Los 110.000 restantes, destinados a los 10 ayuntamientos más deficitarios, será financiados y repercutidos en sucesivas anualidades, probablemente en un plazo de 5 a 10 años. Se mantiene como condición, sin embargo, que las corporaciones interesadas se sometan a auditorías, controlen sus gastos y congelen plantillas en 1985. Las auditorías empezarán en verano.

El saneamiento de las haciendas locales fue una promesa electoral del PSOE. Aparte de aumentar paulatinamente las transferencias de dinero del Estado, se perfilaba la cobertura de los déficit acumulados -en muchos casos derivados del transporte o de carácter estructural-, así como una futura ley de financiación de las corporaciones que actualizara y potenciara su sistema tributario propio.El ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra anunció todo el saneamiento para un año, y aventuró las primeras estimaciones del coste, ahora más altas. Pero los Presupuestos del Estado y el texto de una ley previa de medidas urgentes empezaron a suavizar los propósitos.

En diciembre pasado salió la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales. Además de prever los mecanismos para cubrir los déficit -no cuantificados, pero entonces estimados, como mucho, en 120.000 millones-, la ley permitía a los ayuntamientos aprobar recargos al impuesto sobre la renta y liberaba los tipos de las contribuciones urbana y rústica, a la espera de la definitiva ley de Financiación de las Entidades Locales que entre en vigor en 1986.

Los Presupuestos del Estado para 1984 tampoco fijaban más que un crédito "ampliable" de 33.000 millones de pesetas, aunque se dijo que el resto -hásta la cantidad que fuera necesaria- lo buscaría el Estado en el Banco de España, sin pagar interés.

Una vez en vigor la ley, los ayuntamientos con déficit acumulado han pedido que se les sanee. Hacienda acaba de hacer el recuento y son 305, con un total a sanear de 143.000 millones de pesetas. La carga está muy concentrada, pues unos 10 tienen algo más de 110.000 millones de pesetas.

Los ayuntamientos más deficitarios, sobre todo los mayores, como Madrid y Barcelona, han decidido no aplicar recargos fiscales propios para evitar que sus gastos aumenten por encima de sus ingresos en años posteriores a 1983. Por el contrario, cerca de otros 300 ayuntamientos sin déficit sí utilizarán esta vía, por la que esperan recaudar 10.000 millones durante el presente año.

Invitación a firmar créditos

A la vista de estos datos, el Gobierno ha decidido no ampliar la subvención de 33.000 millones prevista en los presupuestos y destinar la existente, fundamentalmente, a los 295 ayuntamientos que piden menos dinero.Para el resto, en lugar del recurso gratuito del Estado al Banco de España, Hacienda invitará a los ayuntamientos más deficitarios a que firmen créditos con entidades públicas o privadas -las condiciones de la operación no están todavía ultimadas-, con el aval del Estado y el compromiso de que los tipos de interés y las amortizaciones anuales de los préstamos serán cubiertos en su día por la Administración central.

Esta solución ya ha sido anunciada a la Federación Española de Municipios, donde hay mayoría socialista. Hacienda ha aclarado que, de esta forma, se efectuará también un saneámiento total, aunque su coste para el Estado se aplace periodifique. En principio, se ha hablado de 10 años, si bien el asunto no está decidido y puede acortarse el plazo para mejorar las condiciones. La federación ha mostrado su acuerdo, siempre y cuando se mantenga el compromiso estatal de pagar tanto los intereses como las amortizaciones.

Condiciones

Pese a a que las condiciones impuestas frenaron en principio las peticiones de saneamiento, parece que todos los ayuntamientos con déficit han solicitado las subvenciones. Y ello sin aplicar previamente recargos fiscales o sin empezar a cumplir todas las condiciones anunciadas en la ley, como la congelación de plantillas y que durante tres años los gastos de personal y de bienes y servicios no suban por encima de los estatales.Sobre los recargos, Hacienda ha precisado que no era imprescindible legalmente introducirlos para beneficiarse del saneamiento, aunque sigue animando a los ayuntamientos grandes -Madrid, Barcelona y Valencia, sobre todo- para que los apliquen. Un decreto publicado el pasado 30 de abril en el Boletín Oficial del Estado les recuerda que las decisiones para 1985 deberán ser adoptadas tres meses antes de que termine el presente año. Sobre las otras condiciones y la presentación de presupuestos consolidados de cada ayuntamiento y de todos sus servicios o empresas, la interpretación imperante es que, allí donde no se ha empezado a cumplir, debe hacerse sin falta en 1985.

Anticipos

Paralelamente, la Administración central ha iniciado el pago de anticipos a cuenta del saneamiento solicitado -van unos 17.000 millones de pesetas- y prepara un plan de auditorías para verificar que los expedientes de cada ayuntamiento coinciden con la realidad.Las revisiones de cuenta, a cargo de la Intervención General del Estado, empezarán en junio, probablemente por varios municipios de la provincia de Madrid, con la intención de que las 305 hayan sido terminadas antes de que empiece el próximo año.