Expediente contra más de 10 guardias civiles del puerto de Las Palmas por irregularidades

En las últimas horas más de 10 guardias civiles con sede en el Puerto de la Luz de la capital grancanaria han sido expedientados por presuntas irregularidades en el servicio. Asimismo, según pudo saber este periódico, al menos un sargento y un brigada de este instituto, dependientes de la administración del puerto franco han sido objeto de un traslado forzoso.Fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas reconocieron a este periódico la existencia de varios expedientes a miembros del cuerpo, aunque restaron importancia a los mismos. Tanto los expedientes como las, órdenes de, tra...

En las últimas horas más de 10 guardias civiles con sede en el Puerto de la Luz de la capital grancanaria han sido expedientados por presuntas irregularidades en el servicio. Asimismo, según pudo saber este periódico, al menos un sargento y un brigada de este instituto, dependientes de la administración del puerto franco han sido objeto de un traslado forzoso.Fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas reconocieron a este periódico la existencia de varios expedientes a miembros del cuerpo, aunque restaron importancia a los mismos. Tanto los expedientes como las, órdenes de, traslado forzoso se encuentran ya en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid.

También el Gobierno Civil de Las Palmas manifestó tener conocimiento de estas investigaciones aunque aún no ha emitido ninguna opinión al respecto, en espera de que el gobernador civil reciba en el transcurso de esta semana el informe completo de lo sucedido con la delimitación de responsabilidades, y en su caso las sanciones, que podrían recaer sobre los presuntos implicados.

Cabe destacar que la Guardia Civil está facultada para realizar funciones de inspección fiscal únicamente en Canarias y que tras los numerosos robos registrados en los puertos del archipiélago, donde sólo en el de la capital grancanaria se movieron el pasado año más de 14.000 embarcaciones, los gobiernos civiles de Las Palmas y Tenerife acordaron conjuntamente ya en 1979 establecer controles a la salida de las instalaciones portuarias.

Además, al existir el régimen especial de puerto franco, por lo que no es preciso hacer la declaración de mercancías y objetos que entran en las islas, la administración tiene que utilizar a la Guardia Civil para llevar a cabo la inspección fiscal que tendrían que realizar los inspectores dependientes de la delegación de Hacienda, plazas que no han sido cubiertas, al parecer, por falta de fondos.

En cualquier caso, tanto los robos a bordo de las embarcaciones como el pillaje sobre las mercancías que se encuentran en los muelles se han ido multiplicando en los últimos años, y muchos armadores han tomado la decisión de desviar sus grandes cargueros a otros puertos.