Oposición generalizada de los funcionarios al proyecto de reforma del Gobierno

Las cuatro grandes asociaciones de funcionarios, incluido el sindicato socialista UGT, coinciden en rechazar el proyecto de ley pira la Reforma de la Función Pública que será debatido a partir del martes por el Pleno del Congreso de los Diputados. El proyecto de ley, resucitado tras la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el Grupo Popular para consensuar la reforma, se ha elaborado de espaldas a los funcionarios, según los sindicatos, y constituye un cheque en blanco al Gobierno para sus actuaciones sobre la organización de la Administración pública y los funcionarios.

Los cuerp...

Las cuatro grandes asociaciones de funcionarios, incluido el sindicato socialista UGT, coinciden en rechazar el proyecto de ley pira la Reforma de la Función Pública que será debatido a partir del martes por el Pleno del Congreso de los Diputados. El proyecto de ley, resucitado tras la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el Grupo Popular para consensuar la reforma, se ha elaborado de espaldas a los funcionarios, según los sindicatos, y constituye un cheque en blanco al Gobierno para sus actuaciones sobre la organización de la Administración pública y los funcionarios.

Los cuerpos de elite de la Administración han anunciado ya recursos de inconstitucionalidad, denuncias en la Organización Internacional del Trabajo y amplias movilizaciones. La Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios, que agrupa a los cuerpos intermedios, no descarta a medio plazo una huelga si no hay modificaciones sustanciales del proyecto de ley en su tramitación en el Congreso y el Senado. Comisiones Obreras acusa al Gobierno de incumplimiento de sus compromisos y califica el proyecto de "error histórico", pero confiesa que no dispone de suficiente fuerza para oponerse a la ley. UGT, el sindicato afín al Gobierno, dice que esta ley "es vaga e incompleta y que no garantiza una auténtica reforma de la Administración".El proyecto de ley, que va a afectar en mayor o menor medida a millón y medio de funcionarios (incluida la enseñanza y los institutos armados), no establece bases de racionalización y puede provocar graves disfuncionalidades y discriminaciones, según los sindicatos, entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

El adelanto de la jubilación forzosa de los funcionarios a los 65 años, la libertad que otorga la ley al Gobierno para adscribir competencias que hasta ahora eran patrimonio de los cuerpos y para suprimir o refundir éstos, así como las es casas modificaciones en el sistema retributivo y la introducción de un complemento de productividad, son algunos de los puntos en que coinciden todas las críticas.

La ruptura del consenso entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que había dado origen a un texto alternativo mucho más amplio y ambicioso, ha obligado al partido del Gobierno a realizar numerosas concesiones a las minorías nacionalistas en las dicusiones del proyecto en ponencia y comisión. Página 17