El planteamiento financiero, considerado correcto, con matices
El planteamiento financiero es esencialmente correcto, según los técnicos gubernamentales. Si tiene algún defecto, se añade, hay que imputarlo al rigor con que se han contemplado las posibles fuentes de financiación, que han tendido a valorarse por defecto, en contraposición a la valoración de los costos, que lo han sido por exceso. Así expresa su conformidad global con la hipótesis económica de la candidatura barcelonesa el informe gubernamental presentado al secretario de Estado para el Deporte y presidente del Comité Olímpico Español (COE), Romà Cuyàs. A pesar de la opinión positiva que el ...
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El planteamiento financiero es esencialmente correcto, según los técnicos gubernamentales. Si tiene algún defecto, se añade, hay que imputarlo al rigor con que se han contemplado las posibles fuentes de financiación, que han tendido a valorarse por defecto, en contraposición a la valoración de los costos, que lo han sido por exceso. Así expresa su conformidad global con la hipótesis económica de la candidatura barcelonesa el informe gubernamental presentado al secretario de Estado para el Deporte y presidente del Comité Olímpico Español (COE), Romà Cuyàs. A pesar de la opinión positiva que el anteproyecto merece a los autores del informe -en algún momento incluso llegan a calificarlo de "impecable"-, el documento consiste en la enumeración de una serie de peros y en la formulación de recomendaciones.El presupuesto general de los hipóteticos Juegos Olímpicos de Barcelona-92 sería, según el anteproyecto, de 88.190 millones de pesetas, a los que habría que añadir los 17.955 millones correspondientes a las inversiones públicas ya programadas para el período 1983-1986. La previsión de los promotores de la candidatura, realizada en pesetas de 1983 y calculando un crecimiento cero del Producto Interior Bruto (PIB), hasta 1992, atribuye a la iniciativa privada la financiación de unos 19.000 millones de pesetas (construcción de la Villa Olímpica) y estima en 8.000 millones la aportación directa del Estado (resultado de los incrementos fiscales que la celebración de los Juegos -se calcula que el gasto nacional aumentará en 56.000 millones de pesetas- reportará a Hacienda).
Los ingresos previstos en el anteproyecto para cubrir los 88.190 millones de pesetas proceden, en gran medida, de los recursos generados por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO), en especial el contrato de televisión (32.500 millones), las quinielas, la lotería, las emisiones de sellos y monedas, etcétera, que suman 73.250 millones de pesetas. El resto corresponde a las diversas administraciones implicadas (Ayuntamiento de Barcelona, CMB, Diputación y Generalitat), que pagarán obras de infraestructura por valor de 14.940 millones. El anteproyecto renuncia a los beneficios de carácter tributario. Se subraya "muy positivamente" el objetivo de alcanzar el más alto grado de autofinanciación que defienden los promotores de la candidatura, a través del COJO. Sin embargo, no se considera positivo el planteamiento de un crecimiento cero del PIB y la hipótesis mínima de los ingresos. Los autores constatan la necesidad de "estudiar otras posibilidades basadas en hipótesis de crecimiento y de ingresos más realistas".
Más iniciativa privada
El documento refleja su disconformidad con la tendencia a acentuar la cuota atribuida al COJO en el costo total, "ya que ello desdibuja la posible realidad económica-financiera de los Juegos".
De entre las recomendaciones que plantea el documento estudiado por el Consejo de Ministros, destaca el encargo a los promotores de la candidatura de Barcelona-92 de que analicen "las posibilidades concretas de participación de la iniciativa privada en la financiación de los Juegos, a la luz de las experiencias de Los Ángeles".
El resto de recomendaciones hace referencia a la necesidad de conocer con exactitud las posibilidades inversoras de la CMB (el documento hace hincapié en conocer este detalle a pesar de que el anteproyecto afirma de manera categórica que la organización de los Juegos no compromete el normal proceso inversor de la entidad metropolitana, fijado en 272.000 millones de pesetas para el período 1983-1992, y la incidencia de los JJ OO en el incremento de los ingresos fiscales del Estado.