Funcionarios transferidos

Viene de la página 11leído la voluntad de nuestro Gobierno (ya plasmada en el Real Decreto 1778/1983, de 22 de junio) de incentivar el traslado voluntario de funcionarios a comunidades autónomas; todo ello en virtud d el proceso descentralizador de la Administración del Estado que hemos decidido los españoles.

Es nuestro caso. Hemos solicitado voluntariamente un traslado por muy variadas razones personales y familiares; hemos contado con una serie de incentivos: gastos de viaje y mudanza pagados, préstamos para vivienda, plazas escolares, que aún no se han concretado ni abonado en la gran mayoría de los casos. Incentivos que deberían ser simultáneos, cuando menos, al traslado real del trabajador y su familia.

Y nos encontramos de nuevo, una vez más, con la inoperancia y la descoordinación de esta Administración nuestra: no se acaban de abonar los beneficios, llegamos a puestos que en algunos casos no existen porque hay reestructuraciones que no acaban de hacerse, no hay trabajo real porque el Gobierno no termina con las transferencias, y no todos bien recibidos -y algunos hasta mal prejuzgados (somos la escoria)-, según un cargo político saliente.

Quiero acabar afirmando que, a pesar de los pesares ya expuestos, de sufrir las consecuencias de la inercia de esta mole inmensa que es la Administración; a pesar de estar frustrados como trabajadores que se topan una y mil veces con las estructuras que tienen que cambiar los políticos; a pesar de todo esto, conservamos la ilusión por trabajar en la función pública qué tenemos encomendada en nuestro nuevo destino voluntario, como andaluces y con la esperanza en el futuro de nuestra comunidad y de la nación, como profesionales al servicio de los ciudadanos.

Que sepan los políticos que cuentan con nosotros, pero que aprendan a respetar al nuevo funcionario que está deseoso de dejar de ser la bestia negra. /