El juicio por torturas en la cárcel de Herrera de la Mancha ha quedado visto para sentencia

El juicio, contra el director y 11 funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, acusados de haber torturado a reclusos del centro, quedó ayer visto para sentencia, tras la presentación de los informes de las tres acusaciones y los defensores. La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene ahora un plazo de cinco días para dictar sentencia.

En la última sesión del juicio el letrado de la acusación José Luis Galán replicó la tesis expuesta el día anterior por el fiscal de que en la prisión no se habían producido Verdaderamente torturas sino un rigor innecesario. G...

El juicio, contra el director y 11 funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, acusados de haber torturado a reclusos del centro, quedó ayer visto para sentencia, tras la presentación de los informes de las tres acusaciones y los defensores. La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene ahora un plazo de cinco días para dictar sentencia.

En la última sesión del juicio el letrado de la acusación José Luis Galán replicó la tesis expuesta el día anterior por el fiscal de que en la prisión no se habían producido Verdaderamente torturas sino un rigor innecesario. Galán señaló que en Herrera no había habido "rigor innecesario, sino torturas, sistemáticas a los presos, tanto en el sentido jurídico del término como en el sociológico".Galán criticó la actuación del fiscal también por no haber pedido que se estimen los agravantes de premeditación, alevosía y en sañamiento, y dijo que "en Herrera de la Mancha hubo un estado de excepción intensivo e ilegal que violó todos los derechos recogidosen el título primero de la Constitución. La Constitución fue barrida en Herrera de la Mancha".

Solicitó que se llamase a las cosas por su nombre y que se aplicase el tercer párrafo del artículo 204 bis del Código Penal relativo a las torturas, que es específico para los funcionarios de prísícines.

Galán dijo que la acusación no había roto el principio de defensa, porque, curiosamente, los procesados tienen dos defensores cada uno: el que designaron libremente y el ahogado del Estado, que no actúa como responsable civil subsidiario, sino también como defensor. Por último, agregó Galán que tenía una idea aproximada del infierno después de haber vivido el caso de Herrera.

Jaime Sanz de Bremond, también acusador privado, deploró la ausencia en el juicio del ex director de instituciones penitenciarias Carlos García Valdés, del que dijo que podría haber explicado muchas cosas. Bremond afirmó que el experimento que se hizo en Herrera de la Mancha fue una copia de otros realizados en Estados Unidos, destinados a promover cambios de actitud en los detenidos, pero que incluso en aquel país ya habían concluido.

Acción popular

Sanz de Bremond destacó las contradicciones en que habían incurrido los procesados, de los que dijo que "forman una piña alrededor del director", y también las de los testigos de la defensa.El representante de la acción popular, Ventura Pérez Mariño, afirmó que los protagonistas del juicio eran los presos, a los que ya no se podía evitar las torturas sufridas, y destacó el miedo que han pasado los reclusos y los funcionarios que han testificado en contra de los procesados. "Parecía", dijo, "que ellos eran los acusados".

Pérez Mariño puso de manifiesto los problemas que la acción popular ha tenido que superar desde que depositó los tres millones de pesetas de la fianza y concluyó diciendo que en este país todavía queda vergüenza y honradez para perseguir los delitos.

El defensor, Lorenzo Toldrá, pidió la absolución de sus patrocinados y dijo que durante estos días lo había pasado muy mal, que sus defendidos habían sufrido un calvario y que él personalmente había tenido que evitar que tuvieran reacciones poco elegantes o incorrectas.

Criticó asimismo la actuación del representante de la acción popular y argumentó que los presos no eran hermanitas de la caridad y que al hacer la denuncia de malos tratos no tenían nada que perder. También acusó a los funcionarios de prisiones que habían denunciado a sus compañeros y puso de manifiesto sus contradicciones.

El juicio concluyó con la intervención del letrado Antonio Claudio Obejo Vacas, abogado del Estado, quien también solicitó la absolución para los acusados.