El fiscal rechaza la calificación de torturas para los hechos de Herrera de la Mancha

El fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jorge Sena, que interviene en el juicio contra doce funcionarios de la prisión de Herrera de la Mancha, atacó duramente a los abogados de la acusación particular, a los llamó "incongruentes" entre otras cosas por haber calificado los hechos como delito de torturas, ya que, según él es jurídicamente imposible. El fiscal dijo que la clave de la violencia registrada en Herrera de la Mancha era la "megalomanía" generada en los funcionarios por la propla prisión, de la que dijo que era de dudosa legalidad. El juicio quedará hoy visto para sentenc...

El fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jorge Sena, que interviene en el juicio contra doce funcionarios de la prisión de Herrera de la Mancha, atacó duramente a los abogados de la acusación particular, a los llamó "incongruentes" entre otras cosas por haber calificado los hechos como delito de torturas, ya que, según él es jurídicamente imposible. El fiscal dijo que la clave de la violencia registrada en Herrera de la Mancha era la "megalomanía" generada en los funcionarios por la propla prisión, de la que dijo que era de dudosa legalidad. El juicio quedará hoy visto para sentencia.El fiscal en su informe señaló que el poder ejecutivo trató de hacer una cárcel de máxima seguridad que al no estar prevista en el reglamento penitenciario era de "legalidad dudosa". Dijo que los procesados son "delincuentes pseudosociales", porque fluctúan entre la norma propia y la norma legal, imponiendo su norma en momentos de debilidad o coyuntura. "Han hecho mal uso del poder que la sociedad ha puesto en sus manos".

Jorge Sena, que solicita cuatro años de suspensión para cada procesado y 25.000 pesetas de indemnización para cada uno de los 18 presos maltratados, dijo que las conversaciones entre el entonces director general de Instituciones penitenciarias, Carlos García Valdés, y el director de la prisión, Santiago Martínez Motos, tuvieron un peso determinante en el desarrollo de los hechos. Añadió que tanto en las conducciones de reclusos como en la vida de la prisión, hubo violencia desproporcionada e innecesaria. Esta actitud era vista con "delectación" por el director del centro, quien tenía el deber de impedir los delitos que se cometían y no lo hizo.

El fiscal destacó la colaboración pacífica de los presos y la valentía de los funcionarios Herranz, Álvarez Tutor, Puga, García VIllarroel y Gómez Hidalgo, que tuvieron la sinceridad de declarar la verdad a pesar de las represalias.

Por último, dijo que el delito de torturas no era aplicable en este caso ya que tortura es la violencia dirigida al reo para que confiese en su contra. Sin embargo, el fiscal dijo que la mayor tortura era haber quitado el reloj a los reclusos, jugando con los conceptos sociológico y jurídico de tortura.

El abogado de la acusación particular, Gonzalo Martínez Fresneda resaltó el intento fallido de los procesados de politizar los hechos "que estuvieron muy claros desde el principio". Afirmó que el Tribunal sabe que no han sido procesados todos los funcionarios que cometieron las torturas.