EI Colegio de Abogados de Madrid denuncia el deterioro de la Administración de justicia

La junta general del Colegio de Abogados de Madrid denunció ayer al ténfilino de una reunión ordinaria para tratar de temas profesionales "el creciente deterioro de la administración de justicia" que amenaza, según los abogados, convertir en puras declaraciones teóricas los derechos y libertades que la Constitución ha querido garantizar en favor de los ciudadanos. El decano del Colegio, Antonio Pedrol Rius comentó que los órganos directivos habían recibido quejas a diario y muy importantes por parte de los abogados sobre el trato dispensado por algunos jueces y atribuyó este hecho a factores d...

La junta general del Colegio de Abogados de Madrid denunció ayer al ténfilino de una reunión ordinaria para tratar de temas profesionales "el creciente deterioro de la administración de justicia" que amenaza, según los abogados, convertir en puras declaraciones teóricas los derechos y libertades que la Constitución ha querido garantizar en favor de los ciudadanos. El decano del Colegio, Antonio Pedrol Rius comentó que los órganos directivos habían recibido quejas a diario y muy importantes por parte de los abogados sobre el trato dispensado por algunos jueces y atribuyó este hecho a factores de masificación y de volumen de trabajo.

Para la junta del Colegio de Abogados "uno de los fallos más preocupantes que se observa en el haccir de la Justicia es el mayoritario incumplimiento del principio de inmediación y con ello la práctica incomunicación de los jueces con los justiciables y los abogados". Los letrados recordaron que el diálogo de los presuntos delincuentes con la Justicia debe hacerse a través del abogado.Estas y otras denuncias fueron acordadas "por unanimidad y en un anilbiente ejemplar", según Pedrol, por la junta general que estuve reunida toda la mañana. La miembros que asistieron a la reunión acordaron pedir a la Junta de Gobierno que ampare al coleglado Ramón Muñoz Tuero, defensor de uno de los copropietarios de la discoteca Alcalá 20 y contra quien el ministerio fiscal ha presentado una querella por unas declaraciones que hizo acerca de este caso.

Alegando el cumplimiento de la función de defensa los abogados de Madrid exigen que "inexcusablemente en el trance de decidir respecto a la libertad o prisión de un ciudadano, el juez reciba personalmente la declaración del inculpado asistido por un letrado". Piden también que el diálogo entre jueces y abogados se establezca en un ambiente en el que el respeto y la consideración sean recíprocos. El mismo respeto deberá practicarse por todo el personal de las oficinas judiciales.

Juzgados vacantes

Exigen además que se evite la existencia de juzgados vacantes y el trasiego de jueces "que deja tras de sí un abultado número de resoluciones pendientes". También piden que se corrija "la impresentable imagen que ofrecen de la Justicia los congestionados juzgados de distrito" y que ante el necesario aumento del número de jueces y de sus equipos colaboradores se adopten las medidas necesarias para que los candidatos aceptados reúnan el inexcusable nivel no sólo de preparación técnica sino también de experiencia".El Colegio de Abogados se ha comprometido, por otra parte, a facilitar, cuando las partes lo soliciten, la vía del arbitraje privado que permita una solución más rápida para los conflictos civiles actualmente retrasados en términos que en muchos casos hacen ineficaces las resoluciones judiciales.

El decano del Colegio de Abogados manifestó, que a la Junta de Gobierno le preocupaba el problema de las suspensiones de juicios por la incomparecencia de los letrados y señaló que entre el 18 de octubre de 1983 y el 18 de enero de 1984 se habían registrado unos 300 casos de suspensíón de juicio, de los que 90 lo fueron por la inasistencia del abogado. De los 90 casos 44 se debieron a defectos de notificación achacables a procuradores, cuatro por enfermedad acreditada de los letrados, 19 casos imputables a un error por parte del tribunal, mientras que 23 eran imputables a los letrados (el 8%). Sólo en tres de estos casos se ha intentado la puesta en libertad del procesado lo cual se obtuvo en dos de ellos.

Antonio Pedrol dijo que la comisiónde deontología del Colegio pretende extirpar la suspensión dolosa de complicidad y llegará, en la persecución de los culpables, a las sanciones, suspensión y si es preciso a la expulsión "porque la razón de ser del Colegio es la deontología. El Estado no puede encargarse de la vigilancia referente a los desmanes de los abogados. Esta inspección corresponde a los colegios".