El Tribunal de Cuentas declara responsables subsidiarios a los gestores del fútbol

La sala de apelación del Tribunal de Cuentas, en una sentencia importante, declara responsables subsidiarios de los fondos públicos que recibe la Federación Española de Fútbol a los titulares de sus órganos gestores. Esta nueva filosofía se recoge en la ratificación de una sentencia que obliga a dicha entidad a devolver al Consejo Superior de Deportes (CSD) la cantidad de 198.132.740 pesetas más los intereses de demora correspondientes a cinco años. Con esta sentencia finaliza el largo proceso abierto hace cinco años cuando la auditoría efectuada a la Federación Española de Fútbol en 1978 dio ...

La sala de apelación del Tribunal de Cuentas, en una sentencia importante, declara responsables subsidiarios de los fondos públicos que recibe la Federación Española de Fútbol a los titulares de sus órganos gestores. Esta nueva filosofía se recoge en la ratificación de una sentencia que obliga a dicha entidad a devolver al Consejo Superior de Deportes (CSD) la cantidad de 198.132.740 pesetas más los intereses de demora correspondientes a cinco años. Con esta sentencia finaliza el largo proceso abierto hace cinco años cuando la auditoría efectuada a la Federación Española de Fútbol en 1978 dio resultado negativo. El Tribunal de Cuentas recibirá próximamente el resultado de la auditoría efectuada en 1982 al citado organismo y que ha vuelto a dar un resultado negativo.La sentencia, con fecha 22 de diciembre, destaca el carácter de subvención con cargo a fondos públicos que tienen las cantidades que reparte el Consejo Superior de Deportes, y la obligación de la entidad perceptora, en este caso la Federación Española de Fútbol, de rendir cuenta "puntualmente justificada, de que los fondos han sido utilizados para atender la finalidad pública que con ellos se quiere conseguir".

La Federación Española de Fútbol es obligada a reintegrar casi 200 millones de pesetas por no invertir la totalidad de la suvbención recibida en el ejercicio económico correspondiente, llegando a retener, en algún momento, cantidades superiores a los 300 millones de pesetas. Según la sentencia, tanto el CSD como el Ministerio de Hacienda podrán fiscalizar si las subvenciones se han destinado al fomento del deporte del fútbol "desde sus más humildes niveles, y exigir, en caso contrario, los reintegros y responsabilidades correspondientes a los titulares de los órganos gestores de la federación".

Ésta sentencia coincide en el tiempo con la finalización de los trabajos realizados por la Intervención General del Estado con relación a la auditoría de 1982, trabajos que han ofrecido un resultado negativo. Esta sentencia permite al CSD solicitar responsabilidades a los gestores de la Federación de Fútbol y llevar el caso a la Fiscalía del Estado. Sin embargo, la sentencia no detalla quiénes son los gestores de la Federación Española de Fútbol, lo que podría interpretarse como los miembros de la junta directiva y no sólo su presidente, Pablo Porta, que ha sido siempre el centro de todas las acusaciones de mala gestión. Si los responsables fueran los miembros de la junta directiva, cualquier sentencia dictada con relación a la contabilidad del año 1982 podría recaer en otros directivos, tales como Josep Lluís Núñez, vicepresidente de la Federación y presidente del Barcelona.