Presuntas irregularidades en la Caja Rural de Avila, según el presidente de la entidad

El presidente de la Caja Rural de Ávila, Mariano Fernández Alonso, confirmó ayer ante la asamblea general de socios celebrada con carácter extraordinario la existencia de presuntas o irregularidades en la citada entidad cometidas durante la gestión del anterior director gerente, Emilio Marín, y que han o sido valoradas en más de 400 millones de pesetas. Según informó el presidente de esta entidad, durante 1982 o llegaron a sus oídos los primeros rumores sobre la existencia de irregularidades, por lo que o solicitó una inspección al Consorcio de Cajas Rurales, que se realizó en noviembre de ese...

El presidente de la Caja Rural de Ávila, Mariano Fernández Alonso, confirmó ayer ante la asamblea general de socios celebrada con carácter extraordinario la existencia de presuntas o irregularidades en la citada entidad cometidas durante la gestión del anterior director gerente, Emilio Marín, y que han o sido valoradas en más de 400 millones de pesetas. Según informó el presidente de esta entidad, durante 1982 o llegaron a sus oídos los primeros rumores sobre la existencia de irregularidades, por lo que o solicitó una inspección al Consorcio de Cajas Rurales, que se realizó en noviembre de ese o mismo año. El documento en el que se recogían las conclusiones de la citada inspección fue o presentado al consejo rector y o posteriormente a Emilio Marín, quien, según palabras del presidente, "confiesa, reconoce y firma un acta reconociendo que él solo, con ignorancia del consejo, ha cometido irregularidades". Durante los primeros meses de este año, el anterior director general presentó su dimisión.

El pasado 6 de abril, el Banco de España inició una inspección que se prolongó hasta el 17 de junio. Según un escrito de o la entidad emisora, con fecha o de 8 d6 agosto, "como resultado de la inspección practicada a la Caja Rural Provincial de Ávila se han puesto de manifiesto hechos cometidos en su actuación que, en la forma en que aparecen expuestos en el acta levantada y en el informe de los inspectores actuarios, pueden implicar infracción de normas de obligada observancia sobre control y disciplina de entidades cooperativas de crédito. En su vista, el consejo ejecutivo de este Banco de España, en su reunión de 19 de julio de 1983 ha acordado instruir expediente reglamentario al presidente, demás consejeros y director general de la Caja Rural Provincial de Ávila, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades en que hayan podido incurrir, con aplicación de las sanciones que procedan".

Paralelamente, el consejo rector de la entidad emprendió actividades encaminadas a afianzar o recuperar los más de 400 millones de pesetas en los que los servicios de la entidad habían valorado las presuntas irregularidades, habiéndose conseguido afianzar en estos momentos el 75% de la citada cantidad.

En el transcurso de la asamblea extraordinaria fue ratificado el nombramiento del nuevo director general de la entidad en la persona de Antonio Vázquez.