La reprivatización de las empresas de Rumasa no empezará hasta que se publique la sentencia del Tribunal Constitucional

La reprivatización de las empresas de Rumasa no se iniciará hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad, esperado para este mismo mes, según fuentes de la Administración. Todavía falta por terminar la mayoría de las auditorías que servirán de base para ajustar las condiciones de venta de las empresas. Sin embargo, la veintena de informes definitivos presentados con la revisión externa de cuentas -se realizan algo más de un centenar, agrupando a las sociedades por cabeceras- idican que el agujero o desequilibrio patrimonial se elevará a unos 300.000 millones...

La reprivatización de las empresas de Rumasa no se iniciará hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad, esperado para este mismo mes, según fuentes de la Administración. Todavía falta por terminar la mayoría de las auditorías que servirán de base para ajustar las condiciones de venta de las empresas. Sin embargo, la veintena de informes definitivos presentados con la revisión externa de cuentas -se realizan algo más de un centenar, agrupando a las sociedades por cabeceras- idican que el agujero o desequilibrio patrimonial se elevará a unos 300.000 millones de pesetas. En esta línea apuntan también los preinformes sobre el resto de los trabajos encomendados a firmas extranjeras y nacionales.

La nueva valoración del desfase entre activos y pasivos -es decir, entre los recursos propios y ajenos utilizados y el valor de sus empleos- se ha realizado, como es práctica habitual en estos análisis de cuentas, a precios de adquisición de los activos o, inversiones (inmuebles, máquinas, muebles, etcétera).Con una técnica similar, poco después de la expropiación, el agujero fue estimado al 23 de febrero en 200.396 millones de pesetas, a partir de los datos contables dejados por los anteriores administradores -Ruiz-Mateos dice que el grupo valdría unos 500.000 millones a, precios de mercado- y una vez suprimidos algunos ajustes que quienes les sustituyeron tras la expropiación consideraron destinados a ocultar la situación real del holding. Meses después, las estimaciones subieron a unos 240.000 millones de pesetas, si bien fuentes de los propios administradores habían informado a este periódico que realmente superarían el día de la expropiación los 400.000 millones de pesetas (véase EL PAIS de 22 de mayo pasado).

El 'agujero' flexible

El que las auditorías aproximen el déficit a los 300.000 millones no ha causado sorpresa a los responsables actuales del grupo, según fuentes de éstos. A su Juicio, ello no significa que el precio de mercado suba todavía más el déficit, sino que por lo general tenderá a rebajarlo, por dos motivos principales.

De un lado, el coste de adquisición de las empresas de Rumasa, con sus activos y pasivos, era en su última etapa bastante alto. De otro, la contabilidad suele ser bastante conservadora, en opinión de los mismos informantes, y el total de los activos no han bajado en los últimos años de precio, aunque el fenómeno se pueda haber dado en alguno de ellos, como los inmobiliarios.

Así pues, resulta difícil cuantificar el desequilibrio real. En última instancia, quedará determinado por los precios que se consigan en las reprivatizaciones de las empresas. Por esto, en medios de la actual Rumasa se habla ya del "agujero flexible".

El inicio de las ventas al sector privado, en las que desde el primer momento instancias próximas a los responsables de la política económica mostraron urgencia, !e retrasará ahora nuevamente hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Grupo Popular. El primer plazo, fijado para cuando apareciera en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de ley que recogió el texto del decreto-ley de expropiación, por sugerencia del Consejo de Estado, ha sido postergado por el retraso en la constitución de la comisión para la reprivatización, en la que se ha dado entrada a representantes institucionales del sector privado.

De hecho, la comisión, que en principio se anunció iba a quedar constituída en mayo, sólo se ha reunido hasta ahora una vez -a principios de agosto-, con la ausencia incluso del representante del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios y de un miembro nombrado después, el representante del Ministerio de Obras Públicas. En esta sesión se limitó a ser informada de las numerosas cartas de intenciones de compras y a fijar el sistema de trabajo.

Según fuentes de la Administración, negociaciones formales con los interesados en las compras no ha habido todavía, y en ningún caso se concretarán condiciones hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional. Los mismos medios han apuntado que en esferas gubernamentales han observado relativa tranquilidad sobre la sentencia, que esperan para antes de que acabe este mes. Para ellos, las noticias sobre las conexiones de Rumasa, sobre las que la información oficial ha sido mínima en relación con los datos descubiertos, incluso las supuestas maniobras denunciadas este verano desde Londres por José María Ruiz- Mateos, desvían la atención pública sobre el hecho de que las empresas del holding debían más de un billón de pesetas y los recursos propios habían sido comidos por los casi 200.000 millones de pérdidas acumuladas, lo que apunta una quiebra técnica financiada con dinero caro.

La estrategia final de reprivatización, considerada por sectores sindicales un probable test sobre la política económica gubernamental, sigue sin ser definida. Para medios de Rumasa, la mayor prueba estará en la veintena de bancos, respecto a los cuales en el seno del Gobierno parece haber varias tendencias. Aunque al interés de grandes bancos y alguna entidad extranjera por el Atlántico se han unido peticiones de distintas cajas de ahorro para entidades centradas en su región, se recuerda que la banca se vio liberada con la expropiación de prestar recursos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, que únicamente ha actuado como administrador. Los fondos necesarios han procedido directamente del Banco de España, con destino a los bancos y, desde éstos, a las empresas.

Respecto a otros sectores, tampoco se han registrado durante el verano avances importantes. El destino de las fincas también depende de criterios eminentemente políticos. Galerías Preciados, el segundo grupo en importancia tras el bancario, sólo interesa principalmente a El Corte Inglés en aquellas ciudades donde éste no tiene grandes almacenes. En cuanto a los sectores de vinos y hoteles, para los que hay más disputa y ofertas individuales, las dificultades de selección entre quienes buscan una ganga y quienes ofrecen verdaderas posibilidades de continuidad empresarial son acusadas.

Recursos de Ruiz-Mateos

Por otra parte, según informa Efe, ayer se dieron traslado al ministerio fiscal dos recursos de queja interpuestos por José María Ruiz-Mateos y por el abogado Marcial Fernández Montes ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audicencia Nacional.

Por el primero de los recursos, Ruiz-Mateos pretende que se anulen las actuaciones penales de Rumasa por no habérsele tomado declaración. El otro recurso se refiere a la pretensión de Fernández Montes de permanecer en el proceso penal en representación de Rumasa.