Críticas empresariales a la política del Gobierno portugués

Los empresarios portugueses critican la política económica del Gobierno de Mario Soares. Para la poderosa Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), los sacrificios ahora impuestos a los portugueses serán "una vez más inútiles" porque el Gobierno de Lisboa no tiene valor para tomar las medidas de fondo necesarias.La CIP reconoce como positiva la apertura de la banca a la iniciativa privada, pero estima que no hasta para que vuelva a implantarse en Portugal el modelo de economía de mercado. La patronal estima que sin revisión completa de la legislación laboral -derecho de huelga y d...

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Los empresarios portugueses critican la política económica del Gobierno de Mario Soares. Para la poderosa Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), los sacrificios ahora impuestos a los portugueses serán "una vez más inútiles" porque el Gobierno de Lisboa no tiene valor para tomar las medidas de fondo necesarias.La CIP reconoce como positiva la apertura de la banca a la iniciativa privada, pero estima que no hasta para que vuelva a implantarse en Portugal el modelo de economía de mercado. La patronal estima que sin revisión completa de la legislación laboral -derecho de huelga y despidos- no puede haber recuperación económica, y la seguridad del empleo depende de la productividad y grado de competitividad de las empresas.

El presidente de la CIP, Ferraz da Costa, convocó una conferencia de prensa para divulgar un extenso documento acerca de la política' económica del actual Gobierno. Como primera condición previa al restablecimiento de un clima de confianza entre empresarios y Gobierno, la CIP plantea el problema de la reprivatización de la mayor parte de las empresas nacionalizadas en 1975 y del pago de las indenmizaciones debidas a los propietarios de bienes estatalizados.

Para Ferraz da Costa, la economía portuguesa seguirá sufriendo las consecuencias de la falta de credibilidad del régimen político que lo gobierne hasta ofrecer una reparación justa a sus ciudadanos víctimas de robos y expoliaciones.

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