Réplica de un funcionario

Leo con sorpresa la carta que, firmada por don Eduardo Peña, publica EL PAIS del domingo 17 de julio, y quisiera, como funcionario de a pie del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, y ante la inexistencia de un necesario y rotundo desmentido por parte de la autoridad correspondiente, aclarar algunos puntos.Si bien es cierto que en un primer momento el Gobierno anunció su intención de que los ministerios permaneciesen abiertos la mañana de los sábados, no lo es menos el hecho que, tras unas primeras evaluaciones de los gastos que tal apertura significaría (parece ser alrededor de ...

Leo con sorpresa la carta que, firmada por don Eduardo Peña, publica EL PAIS del domingo 17 de julio, y quisiera, como funcionario de a pie del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, y ante la inexistencia de un necesario y rotundo desmentido por parte de la autoridad correspondiente, aclarar algunos puntos.Si bien es cierto que en un primer momento el Gobierno anunció su intención de que los ministerios permaneciesen abiertos la mañana de los sábados, no lo es menos el hecho que, tras unas primeras evaluaciones de los gastos que tal apertura significaría (parece ser alrededor de 15.000.000 de pesetas por ministerio), decidió la conveniencia de dar marcha atrás y que tan sólo permaneciesen guardias en los servicios de información, registro y aquellos otros cuya misión habitual y fundamental fuese el trato con el público.

Por otra parte, quisiera aclarar al señor Peña que ninguna ley obliga a jornadas mínimas de 40 horas semanales, sino, acaso, máximas -¡gracias a Dios! y al PSOE por parte de los trabajadores- Concretamente, los funcionarios realizamos un mínimo de 37,5 horas: de 8 a 3.30, de lunes a viernes, o bien de 8 a 3 y un sábado de cada tres; por no enumerar el buen montón de compañeros, secretarias de cargos, etcétera que realizan interminables jornadas.

Desgraciadamente, en contra de lo que seguramente le sucede al señor Peña, casi cinco años después de promulgada la Constitución, los funcionarios no tenemos todavía reconocidos ciertos derechos laborales tradicionalmente democráticos, como la sindicación, la huelga, la elección de representantes o la firma de convenios -por no hablar de los miserables sueldos y de la total ausencia de carrera administrativa- y no podemos, por tanto, negociar la jornada laboral como cualquier otro colectivo de trabajadores./