Aprobada la ley que convalida los primeros pasos administrativos del Gobierno socialista

Unas declaraciones del presidente del Gobierno, Felipe González, a los periodistas en los pasillos del Congreso dieron motivo ayer al grupo Popular para alterar el orden de trabajo del Pleno de la Cámara. Cuando se discutía precisamente el proyecto de ley sobre la organización de la administración central del Estado, que convalida el decreto ley con arreglo al cual se constituyó el Gobierno socialista, así como sus primeros pasos administrativos, Modesto Fraile planteó la conveniencia de que el presidente del Gobierno explicara a la Cámara el plan económico cuatrienal del que estaba informando...

Unas declaraciones del presidente del Gobierno, Felipe González, a los periodistas en los pasillos del Congreso dieron motivo ayer al grupo Popular para alterar el orden de trabajo del Pleno de la Cámara. Cuando se discutía precisamente el proyecto de ley sobre la organización de la administración central del Estado, que convalida el decreto ley con arreglo al cual se constituyó el Gobierno socialista, así como sus primeros pasos administrativos, Modesto Fraile planteó la conveniencia de que el presidente del Gobierno explicara a la Cámara el plan económico cuatrienal del que estaba informando a los periodistas. El presidente de la Cámara le retiró la palabra y numerosos diputados del Grupo Popular abandonaron sus escaños.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Modesto Fraile, pidió la palabra para plantear como cuestión de orden la presencia de Felipe González en un salón anexo "con focos y cámaras" para informar sobre el plan cuatrienal citado, mientras que no se explicaba a la cámara. Cuando intentaba solicitar la- comparecencia del presidente del Gobierno en el hemiciclo o la interrupción de la sesión, el presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba aseguró que la cuestión planteada no era de orden, "sino de desorden" y le retiró la palabra. La gran mayoría de los diputados del Grupo Popular que abandonaron el escaño regresaron al mismo cuando, poco después, volvió el presidente del Gobierno a la cabecera del banco azul.El punto central de la discusión del proyecto de ley sobre la administración central del Estado, fueron las disposiciones transitorias en las que se establece que todas las normas dictadas en desarrollo y ejecución del decreto ley del siete de diciembre de 1982, "se entenderán válidas y subsistentes mientras no se disponga lo contrario" y que asimismo "serán válidos y surtirán todos sus efectos con arreglo a la ley los actos administrativos dictados por los órganos establecidos al amparo del referido decreto ley".

En nombre del Grupo Popular, Juan Luis de la Vallina aseguré que mediante estas normas "se pretende salir al paso del posible pronunciamiento de inconstitucionalidad del decreto ley, recurrido ante el Tribunal Constitucional por cincuenta diputados".

Cámaras 'domesticadas'

Denunció el intento socialista de impedir el pronunciamiento del alto tribunal mediante un proyecto de ley que no respeta los principios esenciales del estado de derecho al distorsionar, según dijo, el sistema de poderes y no permitir que el tribunal constitucional llegue claramente hasta el final.Juan Luis de la Vallina señaló que el proyecto de ley a debate domestica al poder legislativo, "ya que en lugar de que sean las cámaras las que controlen al poder ejecutivo, se ponen éstas al servicio del mismo". Recordó que, en su momento, la oposición pidió la tramitación del decreto ley como proyecto de ley y el PSOE se opuso. Añadió que no es correcto decir, como hacen las disposiciones citadas, que los actos administrativos "son válidos" ya que, aunque gozan de la presunción de legitimidad, estimarlos válidos equivale a invadir la función de control jurisdiccional que corresponde a los tribunales de justicia.

El socialista Joan Marcet negó que el proyecto de ley suplante a ningún órgano de justicia, pero reconoció que trata de convertir en ley el decreto ley inicial para "evitar su inconstitucional sobrevenida", al desaparecer la urgencia que lo justificó en su momento".

Otras enmiendas del Grupo Popular, entre ellas varias defendidas por José Manuel Romay, fueron igualmente rechazadas. Romay pidió que la ley se limite a decir el número de ministros del Gobierno, sin enumerarlos, para dejar al presidente del Gabinete la facultad de reordenar su estructura. También propuso que del actual número de quince ministros se pase a principio de 1984 a doce, y en 1985 a diez. Justificó estas enmiendas en la transformación del estado centralizado en estado autonómico y en el vaciamiento de competencias ministeriales como consecuencia del proceso de transferencias. Asimismo estimó que el Gobierno daría ejemplo de austeridad.

Por la minoría catalana, Llibert Cuatrecases defendió que en los casos de ausencia y enfermedad del presidente del Gobierno, la sustitución se realice por delegación, en lugar del automatismo establecido en favor de la sustitución por el vicepresidente del Gobierno. También propuso que la creación, modificación refundición o supresión de órganos administrativos que podrá hacerse por orden ministerial del departamento afectado, se produzca "siempre que globalmente no suponga un incremento del gasto público".