Seis profesionales del derecho, incluidos en la querella del fiscal del Estado por cohecho contra dos jueces de Barcelona

La querella que el Fiscal General del Estado entregó en la sala segunda del Tribunal Supremo, relativa a los supuestos cohechos descubiertos en dos juzgados de Primera Instancia de Barcelona y cometidos en los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos, afecta, además de a los magistrados Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, a otros seis profesionales del Derecho. La información ha sido confirmada a EL PAÍS en medios allegados a la judicatura y será notificado oficialmente a los implicados en los próximos días.

Tres de los querellados -Luis Lorenzo Penalva Vega, Jua...

La querella que el Fiscal General del Estado entregó en la sala segunda del Tribunal Supremo, relativa a los supuestos cohechos descubiertos en dos juzgados de Primera Instancia de Barcelona y cometidos en los procedimientos de quiebra y de suspensión de pagos, afecta, además de a los magistrados Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, a otros seis profesionales del Derecho. La información ha sido confirmada a EL PAÍS en medios allegados a la judicatura y será notificado oficialmente a los implicados en los próximos días.

Varios delitos de cohecho

Tres de los querellados -Luis Lorenzo Penalva Vega, Juan Magri Barrera y María Gloria Viñals- son abogados en ejercicio por el Colegio de Barcelona, mientras que los otros tres restantes -Fernando Sánchez Sánchez, Antonio Capmany y Pedro Trullàs- son expertos en suspensiones de pagos, procedimientos de quiebras y peritajes de activos de empresas en crisis.A estas seis personas, según se desprende de la querella, se les supone también implicados en la comisión de varios supuestos delitos de cohecho tipificados en los artículos 387 y siguientes del Código Penal.

Oficialmente la querella ha sido ya notificada a los dos magistrados jueces Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva, pero, al parecer, al resto de los querellados no se les ha podido informar de esta acción judicial por desconocer su domicilio y no estar personados en la causa. En medios allegados a la abogacía se asegura que los problemas burocráticos podrían quedar solventados en las próximas horas, con lo que se cumplimentará así el mencionado trámite.

Un despacho en Vía Layetana

Esta petición, que fue realizada telefónicamente, fue grabada en una cinta, llegando el documento a manos del ex presidente de la Audiencia Territorial, quien, siempre según la revista, ordenó su cese como interventor judicial.Los otros tres profesionales querellados -Luis Lorenzo Penalva, Juan Magri Barrera y María Gloria Viñals- trabajan en el despacho domiciliado en Vía Layetana, 159 de Barcelona.

Al parecer, estos tres profesionales, entre los que está el hermano de uno de los jueces investigados, serían también presuntos responsables de varios delitos de cohecho, al tramitar suspensiones de pagos y procedimientos de quiebras de los dos juzgados polémicos.

En 1982 estos tres profesionales fueron nombrados interventores en un total de setenta procedimientos de suspensiones de pagos y de quiebras, que supusieron un 12'15% del total de las causas instadas en Barcelona.

De este despacho de la Vía Layetana, en Barcelona, según se desprende en las primeras investigaciones, partieron los diferentes talones que fueron a parar a las cuentas corrientes de los magistrados acusados.

Toma de posesión en julio

Mientras se ultiman los detalles relacionados con la investigación, del caso, se cumplimentan todos los requisitos para efectuar el relevo en la presidencia de la Audiencia Territorial de Barcelona. El nombramiento del nuevo presidente Cesáreo Rodríguez Aguilera ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, pero antes de jurar este cargo en Barcelona deberá ser investido como magistrado del Tribunal Supremo. Este requisito previo será cumplimentado en Madrid la primera semana de julio.