El juez italiano no ha procesado aún a los ladrones del banco de Marbella

Cuatro meses después de ser detenidos y encarcelados en Roma los presuntos autores del robo de 182 cajas de seguridad del banco de Andalucía de Marbella, llevado a cabo el pasado día de Navidad, el juez romano encargado del caso no ha dictado todavía auto de procesamiento contra aquéllos y continúa a la espera de las últimas diligencias sumariales. El Gobierno italiano tampoco ha respondido a la solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales españolas.

Los propietarios de las joyas y valores rescatados -algo más de la mitad de lo robado- tardarán aún varios meses en r...

Cuatro meses después de ser detenidos y encarcelados en Roma los presuntos autores del robo de 182 cajas de seguridad del banco de Andalucía de Marbella, llevado a cabo el pasado día de Navidad, el juez romano encargado del caso no ha dictado todavía auto de procesamiento contra aquéllos y continúa a la espera de las últimas diligencias sumariales. El Gobierno italiano tampoco ha respondido a la solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales españolas.

Los propietarios de las joyas y valores rescatados -algo más de la mitad de lo robado- tardarán aún varios meses en recuperarlos. Todavía siguen en manos del juez italiano, el magistrado Quesmini. El hecho de que las relaciones entre el juez de Marbella titular del caso, Gonzalo Trujillo, y su homólogo romano se lleven a cabo a través de las llamadas comisiones rogatorias, que se realizan por vía diplomática e a través de la Interpol, es el factor determinante de la lentitud del proceso.No obstante, el juez Trujillo anunció que, una vez estén las joyas y demás valores en su poder, dará las facilidades que estén en sus manos para que los legítimos propietarios de los bienes robados puedan recuperarlos en el menor espacio de, tiempo posible. Se calcula que el juez tardará aún entre uno y dos meses en dictar auto de procesamiento, a la vista de las diligencias sumariales que quedan por completar.

Fabio Masimo Zito, Silvana Zito (hermana del anterior), Giorgio William de Pinca, Eduardo Ughetti y, Henry Bernard (el último de los detenidos) permanecen en la cárcel romana de Regina Coeli en base a dos mandatos de arresto, uno por orden de busca y captura de la Interpol bajo la acusación de asociación para la comisión de un delito y otro hurto con posesión de armas y falsificación de documentos.

Poco probable que se conceda la extradición

La extradición solicitada por las autoridades españolas es extensible igualmente a Esmeralda Ughetti, hija de Eduardo, que se encuentra arrestada en la cárcel de la ciudad yugoslava de Rijeka, y no en cambio a Luciano Petrone, detenido y encarcelado en Gran Bretaña, ya que no existe un tratado de extradición entre este país y España, aunque el Gobierno italiano solicitó hace ya dos meses que el conocido neofascista fuese enviado a Italia para ser juzgado con el resto. Fuentes cercanas al juez Quesmini desconfiaban de que esta extradición fuese concedida, ya que Petrone se ha acogido al estatuto de refugiado político.Por lo que respecta a las solicitudes de extradición por parte española de los italianos detenidos en Roma, las mismas fuentes pusieron de manifiesto la dificultad de que fuesen concedidas, ya que se trata de ciudadanos detenidos en su país, aunque estén acusados de delitos cometidos en otro Estado. Caso similar al de Esmeralda Ughetti, de la que tanto Italia como España han solicitado que sea juzgada en los respectivos países.

Caso judicialmente cerrado

Según declaró a EL PAIS en Roma el comisario de policía romano encargado del caso, Aquile dello Ruso, en la via San Vitale, junto al palacio del Quirinal, está probado que Ughetti, que fue detenido en marzo en un parque romano mientras practicaba footing, actuó como jefe del grupo de presuntos ladrones. Y no en cambio el neofascista Luciano Petrone, que tuvo la misma participación que el resto y obtuvo igual botín. Ughetti se reservó una parte y media.Dello Ruso, que aseguró que el caso se da por policialmente cerrado, aun cuando falta por recuperar aproximadamente la mitad del botín y se sigue investigando, por tanto, insiste en que lo expoliado a los casi doscientos arrendatarios de las cajas de seguridad es una cantidad sensiblemente inferior a los 2.000 millones de pesetas que desde un principio manejaron medios bancarios y policiales españoles.