Fraga anunció ayer que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional

El líder del Grupo Popular, Manuel Fraga, defendió ayer ante el pleno del Congreso la devolución al Gobierno del proyecto de ley de despenalización del aborto basándose en razones constitucionales, técnico-jurídicas, éticas, sociológicas y de política criminal y anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente del grupo socialista Javier Sáenz de Cosculluela valoró la serenidad con que Fraga había planteado la cuestión y aseguró que el PSOE no pretende legalizar el aborto de modo generalizado, sino sólo contemplar determinados casos en los que no debe casti...

El líder del Grupo Popular, Manuel Fraga, defendió ayer ante el pleno del Congreso la devolución al Gobierno del proyecto de ley de despenalización del aborto basándose en razones constitucionales, técnico-jurídicas, éticas, sociológicas y de política criminal y anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente del grupo socialista Javier Sáenz de Cosculluela valoró la serenidad con que Fraga había planteado la cuestión y aseguró que el PSOE no pretende legalizar el aborto de modo generalizado, sino sólo contemplar determinados casos en los que no debe castigarse.

La intervención de Fraga, esperada con expectación en el hemiciclo y en las tribunas de Prensa y de público, fue escuchada con sosiego, y sólo en escasas ocasiones suscitó murmullos o risas, así como un largo aplauso final por parte de los diputados de su grupo, puestos en pie. Los primeros murmullos en los escaños de la izquierda fueron para una serie de consideraciones religiosas sobre la inmortalidad del alma y el tránsito moral por esta vida, rematadas con la siguiente frase: "la imagen espantosa del aborto, esta tolerada matanza de los inocentes, es un desastre tan grave como las pirámides de cabezas cortadas por los mongoles en las ciudades vencidas, o como el holocaustro nuclear de Hiroshima".Sobre la base de que el aborto es coincidentemente considerado como un mal, Fraga planteó el tratamiento jurídico y político más acertado para erradicar ese mal social. Estimó que en todo caso, la solución de legalizar cualquier tipo de aborto -objetivo perseguido, en la práctica, según Fraga, por el proyecto gubernamental- no significa una fórmula positiva. Frente a ello, consideró más eficaz la acción de la ley, combinando la represión con la prevención.

El derecho a la vida "de todos"

El líder aliancista entró en las razones de inconstitucionalidad del proyecto de ley, fundamentadas en el término todos con el que el artículo 15 de la Constitución se refiere al sujeto del derecho a la vida y que, en su opinión, incluye no sólo a la persona, sino la vida "del meramente concebido". El argumento de que la madre puede encontrarse en un estado de necesidad fue descalificado por Fraga por entender que, en ese caso, bastaría con aplicar la eximente del artículo 8º del Código Penal. En todo caso, estimó que la salud de la madre no puede prevalecer sobre la vida del concebido.Continuando con su crítica al denominado aborto terapéutico, Fraga aseguró que "de aprobarse el proyecto, cuando cualquier médico estimara que el embarazo o el parto van a suponer un trastorno psíquico o físico de un tipo u otro para la salud de la madre, podría poner fin a la nueva vida en cualquier momento". También descalificó el aborto ético, por entender que da más valor al origen ilícito de una filiación producida por violación que a la vida misma. Y en cuanto al aborto eugenésico, señaló que olvida la exigencia del artículo 49 de la Constitución para que los poderes públicos realicen una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

De nuevo se produjeron murmullos en la parte izquierda del hemiciclo cuando Fraga aseguró que se pretendía evitar un mal mediante otro irremisiblemente mayor y se preguntó: "¿O es que pretendemos introducir leyes eugenésicas de mejora de la raza como hicieron aquellos regímenes de negra memoria, tan alejados de nuestras convicciones democráticas?".

Basándose en ésta y otras razones constitucionales, Manuel Fraga anunció que, de aprobarse el proyecto de ley, su grupo interpondría contra el mismo el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional. A continuación argumentó una serie de razones científicas para avalar que la vida existe desde el primer momento de la concepción y aseguró que la ciencia actual ha llegado a conclusiones tales como que a los siete días el feto ya tiene sus propias células sanguíneas, a los 18 se aprecian las pulsaciones del corazón, etcétera. Fraga confundió la palabra días con años y el error produjo risas en el hemiciclo.

Fraga criticó también, por razones técnico-jurídicas, el proyecto de ley y, en el plano ético, invocó una reciente afirmación de Julián Marías sobre la "refinada hipocresía" que supone hablar de interrupción del embarazo cuando en definitiva se trata de "matar a alguien". En el plano sociológico, recordó que el proyecto de ley no satisface a las minorías proabortistas que piden una legalización mucho más amplia y, como razón de política criminal, aseguró que el proyecto de ley no acabará con el aborto clandestino. Pidió en lugar del aborto reformas legales que aporten soluciones positivas.

Sáenz Cosculluela recordó que el delito del aborto no sufre variación en el Código Penal, excepto por la introducción del artículo 417 bis que afecta sólo a tres supuestos concretos. Insistió en que el Gobierno complementará esta ley con otras medidas protectoras de la vida. Refutó la interpretación constitucional de Fraga y dijo que el sujeto todos es equiparable a la persona. Estimó que el sujeto del derecho a la vida es el ciudadano, con vida independiente, y no la vida embrionaria.

Defendió la prevalencia de la vida y la salud de la madre sobre la del concebido y destacó que el derecho penal no puede exigir la abnegación o el heroísmo sino establecer un mínimo ético. Señaló también que el programa electoral socialista fue asumido por una gran mayoría de españoles , que recientes encuestas avalan también el proyecto de ley gubernamental.