Las drogas y el Código Penal

La disparidad en el tratamiento legal que reciben las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, frente a las ilegales no justifica, según el autor de este artículo, la legalización de las llamadas drogas blandas, que sólo beneficiaría a los traficantes de estas sustancias. Mientras que la despenalización del consumo es un medida positiva entre las contempladas estos días en la proyectada reforma del Código Penal, la legalización o semilegalización de las drogas es una alegría populista sin ningún fundamento científico.

Las drogas, tomadas aquí, en su acepción popular, como sustancias...

La disparidad en el tratamiento legal que reciben las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, frente a las ilegales no justifica, según el autor de este artículo, la legalización de las llamadas drogas blandas, que sólo beneficiaría a los traficantes de estas sustancias. Mientras que la despenalización del consumo es un medida positiva entre las contempladas estos días en la proyectada reforma del Código Penal, la legalización o semilegalización de las drogas es una alegría populista sin ningún fundamento científico.

Las drogas, tomadas aquí, en su acepción popular, como sustancias (que producen dependencias), reciben un trato legal muy dispar en la mayor parte de los países. En tanto una o dos drogas cuya identidad varía según las sociedades y las culturas -entre nosotros, el alcohol, y su satélite, el tabaco- son consagradas en cada lugar como sustancias legales o institucionalizadas, que disfrutan de absoluta impunidad, y hasta de una escandalosa protección estatal, para ser fabricadas, transportadas y vendidas, el uso no terapéutico de todas las demás sustancias dependígenas está sometido a una serie de restricciones y medidas penales más o menos severas.La cómoda posición de las drogas institucionalizadas suele ser un privilegio tradicional, arraigado en los usos y costumbres, que no guarda relación con su presunta inocuidad. Algunas de ellas están provocando efectos catastróficos sobre la salud y la convivencia comunitaria. A pesar de ello, resulta muy difícil deslegalizarlas, porque su destronamiento arrastraría una profunda crisis colectiva de tipo económico y cultural. Esto está ocurriendo con el alcohol en nuestro país. Por ello, en la estrategia de la defensa de la población española contra el alcohol, algunos expertos nos resignamos pidiendo una ley sueca (restrictiva) en lugar de una ley seca (supresora).

Sobre tal situación fáctica se alza la cuestión candente: ¿Procede o no cambiar la regulación legal de las demás drogas? Se manejan entre nosotros dos cambios posibles: la despenalización y la legalización.

La despenalización se refiere a no penalizar el consumo, basándose en que, por una parte, el consumidor drogadicto, a menudo víctima de una situación, es un enfermo tributario de terapia, y, por otra, el mero consumidor asume con ello una libre decisión sin poner en riesgo la salud o la libertad de los otros. El peso de ambos argumentos es abrumador. Algunos juristas sostienen que el Código Penal español todavía vigente era ya despenalizador, por lo que no habría nada que cambiar en este sentido.

Pero lo cierto es que, con ese código en la mano, y con la mirada puesta en el delito de tenencia de drogas, a lo largo de las dos últimas décadas han sido internados en los calabozos y las prisiones españolas una amplia galería de tipos de consumidores, que van desde el ocasional fumador de un porro hasta el drogadicto profundamente deteriorado. Tal práctica jurisprudencial, profundamente nociva para todos los encartados, ha comenzado a entrar en desuso en el último lustro. La supresión del delito de tenencia de drogas, admitida como novedad en el nuevo Código Penal español que se debate en el Parlamento estos días, Pretende terminar absolutamente con la penalización del consumo, postulado responsable en los últimos tiempos de cuantiosas calamidades individuales y familiares y hoy de carácter marcadamente anticonstitucional.

El posible cambio verdaderamente revolucionario de la regulación de las drogas se halla en 12 legalización de las drogas proscritas, con lo que su tráfico, venta y difusión se producirían con entera libertad. Apresurémonos a referir que, según las informaciones publicadas hasta hoy, el nuevo Código Penal español no se propone legalizar explícitamente ninguna nueva droga, pero sí suavizar tan considerablemente las penas contra los que difundieren y promovieren el consumo de drogas ilegales, en particular las llamadas drogas blandas, que no es aventurado prever como sus inmediatas consecuencias la proliferación del tráfico y el incremento de la disponibilidad de las drogas.

Los beneficiarios

Los únicos beneficiarios del ablandamiento penal que se proyecta son los traficantes de drogas, verdaderos comerciantes de la salud del pueblo. La profesión de traficante de drogas se volvería así más segura y rentable. De hecho, nos veremos abocados a una especie de legalización incompleta, al menos de las denominadas drogas blandas, y tal semilegalización representa, además, la vía expedita ideal para la legalización completa ulterior, que puede hacer de nosotros un país definitivamente diferente, por su alta saturación de irracionalidad.

La legalización o semilegalización de una droga incrementa su consumo en proporciones muy elevadas. Es una experiencia que se ha comprobado repetidamente. La oferta crea la demanda. Algunas medidas populistas y demagógicas, como la liberación del comercio de drogas o de armas de fuego, representan un atentado contra la salud del pueblo y la convivencia democrática.

Todo paso hacía la legalización de las sustancias tóxicas y dependígenas no se sostiene como un progreso de la razón y de la libertad, sino como un triunfo de la mística irracional y de la anarquía, que es precisamente lo contrario.

En los últimos tiempos no ha habido ningún Gobierno occidental que se haya destacado por su tendencia a dar marcha legal a las drogas clandestinas. Entre los expertos se piensa que posibles determinaciones de este orden deberían ser precedidas de discusiones y acuerdos, internacionales, en un contexto científico, naturalmente. La prevención de las drogodependencias o toxicomanías exige una estrategia internacional. El país destacado en la legalización de las drogas se expone a convertirse en el paraíso de la experimentación humana y el cobayismo existencial, a la vez explotado y rechazado por los pueblos limítrofes. En suma, un país maldito visto desde, dentro y desde fuera.

La distinción, por otra parte, entre drogas duras y drogas blandas es sumamente relativa. La capacidad dependígena y tóxica de las drogas no sólo depende de su índole, sino de la dosis, la vía de administración, la situación acompañante y la personalidad y el organismo del sujeto. Con mucha facilidad se sustituyen y se combinan unas drogas con otras. Hoy priva la polidrogodependencia. La tendencia a la progresividad es aquí un dato casi universal. Prácticamente, todos los heroinómanos que hoy pululan por el mundo comenzaron fumando sustancias cannábicas. Que el porro sea menos nocivo que el alcohol en unos aspectos y más en otros es un argumento que no debe contar aquí, ya que la combinación de ambos productos potencia terriblemente sus efectos. La historia dicta que han podido sobrevivir culturas de una droga, pero no de varias.

De todos modos, es preciso permanecer abiertos a experiencias y conocimientos futuros. El estudio científico de la mayor parte de las drogas hoy ilegales entre nosotros ha comenzado en una fecha reciente, por cuyo motivo sus efectos a larga distancia muestran aspectos todavía no bien conocidos. La decisión de legalizar o semilegalizar nuevas drogas representa en estos momentos una alegría populista que carece de fundamentos científicos y va a admitir después difícilmente una marcha atrás.

De todo ello se concluye que en esta materia el nuevo Código Penal español, actualmente en debate, distribuye sus novedades en dos vertientes notoriamente diversas: la vertiente positiva, que establece la despenalización absoluta del consumo de drogas, y la vertiente irracional o regresiva, que, con sus espléndidas concesiones a los traficantes, facilita el uso no terapéutico de drogas y puede conducirnos a la legalización de facto de algunas drogas hasta hoy proscritas.