TRIBUNALES

11 abogados se suman a la acción para investigar la muerte de un preso en Valencia

Un grupo de 11 abogados colegiados en Valencia han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en el que solicitan sumarse a la acción popular ejercitada para investigar la muerte del preso Juan Antonio García Acién, de 17 años, ocurrida el pasado 31 de octubre en la cárcel Modelo de Valencia.

Este grupo se viene a sumar a otro de 41 abogados valencianos que también pidió ser incluido en la acción popular ejercitada por dos colegas suyos en torno al mismo caso. Hasta el momento, Francisco Martínez Muñoz, titular del juzgado que instruye el sumario, ha pro...

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Un grupo de 11 abogados colegiados en Valencia han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en el que solicitan sumarse a la acción popular ejercitada para investigar la muerte del preso Juan Antonio García Acién, de 17 años, ocurrida el pasado 31 de octubre en la cárcel Modelo de Valencia.

Este grupo se viene a sumar a otro de 41 abogados valencianos que también pidió ser incluido en la acción popular ejercitada por dos colegas suyos en torno al mismo caso. Hasta el momento, Francisco Martínez Muñoz, titular del juzgado que instruye el sumario, ha procesado al director de la Modelo cuando se produjeron los hechos, Armando Flors Mateu, actualmente cesado, y a los funcionarios de prisiones José Ignacio Hermógenes Martínez del Buey y Juan Fernando Díaz Rodríguez como presuntos autores de un delito de auxilio al suicidio.El juez no ha resuelto todavía sobre la inclusión de los nuevos peticionarios en la acción popular, si bien se espera que sean admitidos en breve y que, al igual que a los abogados que iniciaron la actuación, les sea fijada una fianza simbólica.

El grupo de 41 letrados que solicita sumarse a la acusación popular ha elaborado un comunicado en el que expone las razones de su petición. En el escrito se señala que hechos como el del presunto suicidio de García Acién "han aparecido con reiterada frecuencia en los medios de difusión. Ello pone al descubierto la cruda realidad de nuestra situación carcelaria, que, a pesar de importantes avances legislativos y, de una indudable buena voluntad de gran parte del personal en ella interesado, no logra romper definitivamente la defectuosa situación heredada, incompatible con nuestra Constitución".

"Tarea de todos", señalan los abogados, "es conseguir que la democracia entre en las cárceles y se respeten los derechos de los presos". Los letrados desean, además, "dejar constancia de nuestra solidaridad con los dos compañeros que con anterioridad habían ejercido dicha acción (la acción popular), saliendo al paso de pretendidas descalificaciones de que ha sido objeto uno de ellos por parte de un sector de funcionarios de prisiones en VaIencia".

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