El Tribunal Constitucional de la RFA suspende el censo, previsto para finales de este mes
El Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania suspendió ayer, en una sentencia urgente, el censo general de población, que estaba previsto para el próximo 27 de abril. El Tribunal Constitucional considera que, ante la posible anticonstitucionalidad de la forma en que estaba prevista la recogida de datos, deberá aplazarse la realización del censo. Se trata de una victoria de los verdes.
La decisión del Tribunal Constitucional supone unos costos de unos 5.600 millones de pesetas y un triunfo para los verdes y otros grupos, que habían convocado un boicoteo del inten...
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El Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania suspendió ayer, en una sentencia urgente, el censo general de población, que estaba previsto para el próximo 27 de abril. El Tribunal Constitucional considera que, ante la posible anticonstitucionalidad de la forma en que estaba prevista la recogida de datos, deberá aplazarse la realización del censo. Se trata de una victoria de los verdes.
La decisión del Tribunal Constitucional supone unos costos de unos 5.600 millones de pesetas y un triunfo para los verdes y otros grupos, que habían convocado un boicoteo del intento de registrar cibernéticamente un sinfin de datos de cada residente en la RFA."Cada cifra vale para el futuro", "¿Por qué se cuenta?", "¿Qué se cuenta?", "¿Cómo se cuenta?", "¿Quién cuenta?". Los anuncios pagados por el Gobierno en todos los periódicos de la RFA suenan ridículos ante la decisión judicial de ayer. Después de varios meses de tira y afloja entre el Gobierno, empeñado en llevar adelante el censo de población, y centenares de iniciativas ciudadanas para boicotearlo, los partidarios de ofrecer resistencia al intento de controlar cibernéticamente a toda la población se apuntaron ayer un triunfo. El censo ha quedado suspendido de momento.
Dos abogadas de Hamburgo y un estudiante de Derecho presentaron ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe la demanda de anticonstitucionalidad, por considerar que el intento de realizar el censo en la forma que quería el Gobierno supone un atentado contra el "libre desarrollo de la personalidad" y la libertad de expresión, "que incluye el derecho a negarse a declarar".
El 'hombre de cristal'
El tribunal de Karlsruhe no entró en el fondo de la cuestión y se limitó a fallar que, de momento, el censo quede suspendido. Consideró el tribunal que si se realiza el censo y luego se constata la anticonstitucionalidad, los derechos ciudadanos fundamentales habrían sido conculcados de forma irremediable. La noticia del fallo judicial cayó como una bomba en Bonn, la capital federal.
Los verdes la calificaron de "bofetada a los fetichistas de la recogida de datos". El ministro del Interior, el socialcristiano Friedrich Zummermann (CSU), declaró que la decisión judicial es un fallo más del anterior Gobierno, que había puesto en marcha el censo.
La ley del Censo se aprobó unánimemente en la anterior legislatura del Bundestag, y la confirmó la segunda Cámara (Bundesrat). Los verdes hicieron de la lucha contra el censo uno de los puntos centrales de su campaña.
Los enemigos del censo consideran que no se trata de una mera recopilación de datos estadísticos, sino que esos datos son almacenados en las computadoras y entregados de forma incontrolada a toda clase de organismos. Se habló de anticipación orwelliana de 1984 y de la creación del hombre de cristal, completamente transparente para el poder, gracias a los datos almacenados en las memorias de los ordenadores.
El Gobierno aseguraba que no se podían cometer abusos, pero entre las preguntas que pedían los encargados de realizar el censo figuraban el número de teléfono, el nombre, la religión, base del sustento y un largo etcétera que inquietaba a muchos. Todos esos datos, en poder de una computadora, podían permitir la elaboración de perfiles individuales y llevar a un control total de la población. En Munich se habían ofrecido cinco marcos (280 pesetas) a los encargados del censo que descubrían a un extranjero residente ilegalmente en la RFA.