El partido socialista discrepa de la 'solución Caixa' para Banca Catalana, y los sindicatos se oponen abiertamente

La negociación para la venta del grupo Banca Catalana a la Caja de Pensiones (La Caixa), que recibió el jueves un fuerte espaldarazo mediante el acuerdo de principio del Consejo de Administración de la entidad de ahorro, ha originado fuertes discrepancias en el interior de la Administración y en las filas socialistas, y ha suscitado la clara oposición de las centrales sindicales CC OO y UGT. La solución Caixa, sin embargo, siguió avanzando ayer, mediante una reunión celebrada en Madrid entre el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio; el secretario general del Fondo de Garantía de Dep...

La negociación para la venta del grupo Banca Catalana a la Caja de Pensiones (La Caixa), que recibió el jueves un fuerte espaldarazo mediante el acuerdo de principio del Consejo de Administración de la entidad de ahorro, ha originado fuertes discrepancias en el interior de la Administración y en las filas socialistas, y ha suscitado la clara oposición de las centrales sindicales CC OO y UGT. La solución Caixa, sin embargo, siguió avanzando ayer, mediante una reunión celebrada en Madrid entre el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio; el secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos, Juan Antonio Ruiz de Alda, y el director general de La Caixa, Josep Vilarasau.La venta de las acciones del grupo bancario que ostenta el Fondo de Garantía de Depósitos a la Caja de Pensiones tiene altos valedores en el propio ministro de Hacienda, Economía y Comercio, Miguel Boyer, y en el Banco de España, de quienes depende directamente el control del conjunto del sistema financiero. El principal argumento de los defensores de esta operación estriba en que así se salvaría de forma solvente el carácter catalán del grupo bancario, al ser asumido por una institución con sede en Barcelona. Al, mismo tiempo, ello cumpliría el compromiso público adoptado en diciembre por el Fondo, según el cual se procedería inmediatamente al traspaso de la propiedad del grupo.

Las negociaciones, que han avanzado en los últimos días simultáneamente al surgimiento de versiones informativas sobre otras posibles alternativas -participación del Exterior o del crédito oficial en una salida de carácter público-, recibieron ayer un nuevo impulso con la reunión mantenida entre Mariano Rubio, Juan Antonio Ruiz de Alda y Josep Vilarasau, de la que informó Europa Press. En dicha reunión se inició el estudio de las, condiciones exigidas por la Caja de Pensiones para hacerse cargo de Catalana, que se resumen en dos: ampliación de los plazos en las facilidades crediticias oficiales de que ya goza el grupo bancario, y evaluación exacta de la bondad de los activos crediticios de Banca Catalana y sus filiales.

Contra el planteamiento de esta operación, sectores importantes del partido en el Gobierno y de la propia Administración argumentan el alto coste que la reflotación del grupo está suponiendo para el Estado, que podría verse aumentado por la vía de las contrapartidas que debería ofrecerse a un comprador privado.

Joan Reventós

En las filas del PSOE, además, se recuerda que el programa electoral excluía explícitamente la posibilidad de que las cajas participaran en el capital de bancos. La misma discrepancia se detecta en el Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), cuyo secretario general, Joan Reventós, comentó ayer a EL PAÍS que "la solución no se ve clara, a tenor de las informaciones periodísticas". Reventós manifestó también que "nuestras posiciones, nuestros criterios generales sobre este asunto ya los hemos hecho llegar allá donde debían llegar". Las escasas posiciones públicas de este partido han insistido siempre en la salvaguardia de la catalanidad, pero también de una "imaginativa" participación pública en la solución final.

Otros dirigentes del socialismo catalán, más explícitos, expresaron su profundo malestar, desglosándolo en varios puntos, el primero de los cuales es asimismo el incumplimiento del programa electoral que supone la solución Caixa. Los otros argumentos utilizados por estas fuentes contra la operación estriban en que si se traspasa a Pensiones el grupo tal como está, generará altas pérdidas en sus cuentas de explotación, "y si se le ofrecen más ayudas, se le hace un regalo, y en ese caso, ¿por qué sólo a una caja y no a todas, o a otras instituciones?". Asimismo se cuestionan si las compensaciones por la operación "irían directamente al grupo bancario o bien a la caja. Otra objeción, de carácter técnico, estriba en la superposición geográfica de las redes comerciales de Catalana y Pénsiones. Estos dirigentes del PSC-PSOE lamentaron también que su formación, "buena conocedora de la realidad catalana" no hubiera sido consultada convenientemente sobre cuál sería la mejor alternativa, "porque ésta no lo es".

Oposición sindical

La discrepancia en el seno del partido en el Gobierno se convierte en oposición radical de las centrales sindicales mayoritarias. Un portavoz de UGT informó ayer que su valoración negativa de esta operación se plasmaría en una nota pública en las próximas horas.

La Agrupación de Ahorro de Comisiones Obreras, en un comunicado de ocho puntos, ha indicado su oposición "rotunda" a la compraventa, pues en su opinión conduciría a "la desnaturalización del carácter diferenciador que tienen las cajas respecto a los bancos" y resulta "absurdo que la salvación y reflotamiento de un grupo bancario tenga que efectuarse a costa del ahorro de las clase popuulares". CC OO, que atribuye la iniciativa de la negociación al "fruto de un acuerdo entre el director de la Caixa y el Ministro de Economía", indica que con esta operación se abriría una nueva vía "al proceso de bancarización y privatización de las cajas" y que la entidad de ahorro "lograría salir del ámbito de Cataluña, saltándose las normas que impiden la expansión de las Cajas fuera de sus comunidades de origen".