Excelentísimos huelguistas

UNA HUELGA COMO la desatada ayer por funcionarios públicos pertenecientes a los altos cuerpos de la Administración -con el entusiasta respaldo de un selecto grupo de abogados del Estado, diplomáticos, interventores de Hacienda e inspectores tributarios- es casi inimaginable en países con un servicio civil que merezca tal nombre. Decimos esto, no para poner en entredicho su derecho a la protesta, que lo tienen constitucional y felizmente garantizado, sino por recordar que la existencia de ese derecho no implica siempre la oportunidad o justicia, de su uso. Ni la dignidad de la acción de quienes...

UNA HUELGA COMO la desatada ayer por funcionarios públicos pertenecientes a los altos cuerpos de la Administración -con el entusiasta respaldo de un selecto grupo de abogados del Estado, diplomáticos, interventores de Hacienda e inspectores tributarios- es casi inimaginable en países con un servicio civil que merezca tal nombre. Decimos esto, no para poner en entredicho su derecho a la protesta, que lo tienen constitucional y felizmente garantizado, sino por recordar que la existencia de ese derecho no implica siempre la oportunidad o justicia, de su uso. Ni la dignidad de la acción de quienes lo emprenden.La función pública exige dé sus titulares un delicado equilibrio de derechos y deberes, que implica una prudente utilización de los poderes puestos en sus manos por la organización administrativa. Si hemos criticado en ocasiones las huelgas de coptroladores aéreos por la desmesurada represalia que significaba -en ocasiones concretas- la paralización del tráfico por el reducido núcleo que dispone del monopolio de esa destreza técnica, el plante laboral, sin ninguna motivación objetiva digna de tal nombre, de quienes controlan parcelas decisiva s de las instituciones. públicas exige una condena todavía más contundente. La desproporción entre los agravios eventualmente recibidos por los altos cuerpos y la respuesta dada es tan evidente que sus protagonistas rozarían el ridículo del que mata moscas a cañonazos. Lo malo es que ese ridículo viene acompañado del evidente destrozo de los proyectiles: no se pueden defender pequeños intereses puramente gremiales con la amenaza de bloquear el funcionamiento de la Administración pública.

Sería injusto meter en el mismo saco a todos los cuerpos especiales o a todos los miembros que integran cada uno de esos escalafones. Es bien sabido el decisivo papel que han desempeñado muchos altos funcionarios en la modernización de nuestro país y en los intentos de construir una Administración pública eficiente y honesta, y que, precisa y curiosamente, no se han solidarizado con la huelga. Ahora bien, otros miembros de esos cuerpos, animadores del plante laboral recién comenzado mantuvieron una neutralidad tan sospechosa como exquisita en los tiempos en que las huelgas de los trabajadores de la construcción, de los mineros asturianos o de los empleados públicos subalternos eran perseguidas como delito por las autoridades (a cuyo concepto de autoridad no le faltaban complicidades entre estos altos cuerpos de referericial. Tal vez haciendo suyo el dicho de que los últimos serán los primeros, esos funcionarios de elite, que convivieron en el pasado sin problemas con el antiguo Código Penal, no dudan ahora en utilizar la huelga, ya legalizada, para defender sus intereses corporativos, tenue y prudentemente lesionados por el Gobierno socialista.

En nuestro comentario de ayer señalamos que, si los motivos esgrimidos para desencadenar esta huelga de altura deben ser discutidos por el Gobierno -en, especial los aspectos relacionados con la representación sindical y las retribuciones-, carece de justificación ética y política que nuestros funcionarios de más elevado rango, a quienes corresponde velar por la buena marcha del Estado, utilicen sus estratégicas posiciones para extorsionar al poder ejecutivo en la búsqueda de la consolidación de sus privilegios. Para mayor gravedad, el plante laboral se produce precisamente en el momento en que la imprescindible reforma de la Administración pública -reforma. que los altos cuerpos boicotearon durante las anteriores legislaturas- está en sus primeros balbuceos.

Por lo demás, no faltarán perplejos ciudadanos que se pregunten por la escenificación que hayan podido montar los funcionarios de la carrera en el palacio de Santa Cruz para conferir verosimilitud dramática a su plante. En contraste, el paro laboral de los interventores podría significar la paralización de gastos urgentes en los ministerios. Y queda por averiguar si los abogados del Estado pretenden extender su actitud huelguística desde los despachos oficiales hasta sus bufetes privados (compatibilidad esta, por cierto, que ha sido de las más corruptoras de la Administración pública española).

Miles y miles de funcionarios de menor categoría han aceptado el estricto cumplimiento de un rígido y prolongado horario -legalmente en vigor pero caído en desuso por el negativo ejemplo dado por los altos cargos- y han puesto su mejor voluntad para resolver problemas familiares de solución nada fácil, sobre todo en hogares modestos, como la entrada de los niños en el colegio. Estas primeras medidas gubernamentales han sometido a prueba la apuesta de Felipe González en favor de la capacidad de la sociedad española para aceptar. sacrificios justificados y solidarios. La desmesurada reacción de los altos cuerpos, que tratan de romper la baraja antes de comenzar la partida, también enseña que los llamamientos éticos tienen sus fronteras y que el egoísmo, corporativo puede ser fácilmente manipulado por estrategias políticas de carácter partidista. En definitiva, cabe preguntarse si no estamos ante una huelga política protagonizada por sectores nucleares de los partidos que han perdido tan estrepitosamente las elecciones y que han transitado hasta ahora con bastante comodidad y dudosa limpieza de la vida administrativa a la política, y viceversa.

Un experto tan poco sospechoso de extremismos como Eduardo García de Enterría formuló en 1964 un diagnóstico de carácter general tan lúcido como agudo: "La apropiación de sectores administrativos por cuerpos especiales, en su consideración de prebendas o fuentes de renta, determina inexorablemente que la organización se convierta en una suerte de patrimonio de cuerpo, y que toda posibilidad de alteración de la misma, salvo aquellas que impliquen un aumento de las percepciones corporativas precisamente, sea considerada como una pérdida de intereses propios por el cuerpo titular y, en consecuencia, obstaculizada e imposibilitada al máximo".

Sólo cabe lamentar que la cita, casi veinte años después de formulada, siga siendo aplicable a la Administración española. Sin embargo, tampoco faltan altos funcionarios que se sienten avergonzados por el espectáculo, entre ridículo y escandaloso, ofrecido por los organizadores del plante, En cualquier caso, al Gobierno corresponde separar el trigo de las reivindicaciones legítimas de la paja de esa improcedente respuesta. El sarcasmo popular ya se encargará, por lo demás, de dar respuesta sugerente a esta actitud de unos servidores, del Estado que no se avienen a la idea de dejar de comportarse como sus ilegítimos dueños.