La ley electoral municipal será modificada en el Senado como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a reponer en su cargo a un concejal socialista expulsado del Ayuntamiento de Andújar, ha tenido como primer efecto que los partidos se planteen la modificación de la ley electoral de Corporaciones Locales, para que su contenido sea acorde con lo dispuesto por el más alto organismo interpretativo de la Constitución. El proyecto de ley de reforma parcial de elecciones de Corporaciones Locales, aprobado el pasado martes en el Congreso, será tramitado en breve en el Senado. De acuerdo con las fuentes consultadas ayer, los grupos parlamentarios a...

La sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a reponer en su cargo a un concejal socialista expulsado del Ayuntamiento de Andújar, ha tenido como primer efecto que los partidos se planteen la modificación de la ley electoral de Corporaciones Locales, para que su contenido sea acorde con lo dispuesto por el más alto organismo interpretativo de la Constitución. El proyecto de ley de reforma parcial de elecciones de Corporaciones Locales, aprobado el pasado martes en el Congreso, será tramitado en breve en el Senado. De acuerdo con las fuentes consultadas ayer, los grupos parlamentarios aprovecharán el paso de la ley por la Cámara Alta, para presentar enmiendas que adecuen la normativa electoral a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

De la mencionada sentencia se desprende que puede ser un fraude a los electores el hecho de que los partidos políticos cambien o expulsen a los concejales por razones de discrepancias internas. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al otorgar amparo a Miguel Angel Bellido del Pino, expulsado por el PSOE y desposeído, en consecuencia, del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Andújar. Esta sentencia sienta precedente ante otros recursos presentados, entre ellos, y quizá el más destacable por su trascendencia, el de Cristina Almeida, quien recurrió en nombre de los cinco cargos municipales comunistas expulsados del Ayuntamiento de Madrid.Cristina Almeida, ex concejala de Educación, presentó el recurso en su nombre y en el de Eduardo Mangada, ex concejal de Urbanismo; José Martín Palacín, ex concejal de Circulación y Transportes; Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación de Madrid, e Isabel Villalonga, ex concejala por la Junta del distrito de Centro de Madrid. Almeida dijo ayer que esperaban el fallo del Tribunal Constitucional "esta misma semana o la que viene", lo que plantearía un serio problema en el Ayuntamiento de Madrid. (Véase más información en página 19)

Acatan la sentencia

Los responsables de los partidos políticos, por su parte, han acatado respetuosamente la sentencia y han manifestado su intención de modificar el proyecto de ley en el Senado, para armonizar su contenido con la sentencia del Tribunal Constitucional. El portavoz del Grupo, Parlamentario Popular, Miguel Herrero de Miñón, declaró que, en vista de la sentencia, "lo lógico es, que modifiquemos inmediatamente la ley, porque ésta debe ajustarse a la Constitución". "Si los otros grupos parlamentario! presentan enmiendas en este sentido en el Senado", añadió, "nosotros apoyaremos favorablemente dichas enmiendas, y, si no lo hacen, el Grupo Popular será quien las presente". Los servicios jurídicos del Grupo estudiarán hoy la citada sentencia.

El secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, manifestó que el Tribunal Constitucional es el organismo más capacitado para interpretar la Constitución y, en consecuencia, su sentencia debe acatarse. "Lo conveniente será adecuar la ley a la sentencia", dijo Zapatero, "pero aunque no, se hiciera, los partidos políticos ya saben que no pueden volver a expulsar a nadie de las corporaciones locales, porque el Tribunal Constitucional así lo ha dictaminado".

No parece tan taxativa la sentencia a los comunistas, cuyo representante, Jaime Ballesteros, señaló que "habrá que modificar la ley para que los partidos sepamos a qué atenernos". En cualquier caso, el amparo concedido por el Tribunal Constitucional, según Jaime Ballesteros, "obliga a todos y es un hecho". "Habrá que esperar a ver cómo se pronuncia en las otras sentencias que están pendientes por este mismo tipo de conflictos", agregó el representante del PCE, "pero la sentencia por el caso de Andújar lo que pone en cuestión es la ley electoral, no el comportamiento de los partidos".

Para Ballesteros, no existe motivo de preocupación, ya que, en su opinión, "aunque se fallen los otros recursos de igual manera, no hay tiempo para devolver a sus puestos a los concejales expulsados". "Las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina", concluyó.