El ministro de Trabajo niega rotundamente la existencia de 'pucherazo' en las elecciones sindicales
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, rechazó ayer las acusaciones efectuadas por CC OO en cuanto a que se hubiera producido pucherazo en las elecciones sindicales. La conferencia de Prensa que ayer convocó el ministro para explicar el aumento del paro registrado (véase más información en la página 42) pasó a convertirse en un debate sobre el acuerdo adoptado por el consejo superior del IMAC, que fija el cómputo electoral entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 1982. CC OO ha anunciado su intención de recurrir ante los tribunales contra esta decisión.
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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, rechazó ayer las acusaciones efectuadas por CC OO en cuanto a que se hubiera producido pucherazo en las elecciones sindicales. La conferencia de Prensa que ayer convocó el ministro para explicar el aumento del paro registrado (véase más información en la página 42) pasó a convertirse en un debate sobre el acuerdo adoptado por el consejo superior del IMAC, que fija el cómputo electoral entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 1982. CC OO ha anunciado su intención de recurrir ante los tribunales contra esta decisión.
"El Gobierno con la actitud adoptada en las elecciones sindicales está prácticando la táctica del pucherazo a favor de UGT", señaló ayer Félix Pérez, secretario de organización de CC OO, al enjuiciar la decisión adoptada por el consejo superior del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), que fija el cómputo electoral entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 1982. La coincidencia de este período con el que ha venido defendiendo UGT, supone, a juicio de Félix Pérez, una clara parcialidad por parte del Gobierno, "y, si bien siempre sospechamos que el Gobierno favorecería a UGT, hay ciertas formas que parece conveniente guardar".El secretario de organización volvió a explicar que las tesis de CC OO eran computar todo el período electoral -desde el 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1982-, con el fin de no discriminar a ningún delegado elegido, y abundó, al igual que hiciera su sindicato en la nota difundida el jueves, en que el procedimiento seguido por el IMAC y la actitud de los representantes de la Administración en este organismo -"votando a favor de la postura de UGT"- significaban una grave ingerencia del Gobierno en el proceso electoral. Por otra parte, añadió que esta actitud venía a sumarse a la mantenida en los IMAC provinciales en los que "se están dando por buenas actas fraudulentas de UGT por el procedimiento del voto, y contando con la connivencia de los representantes de la Administración". En este sentido destacó la existencia de 1.858 delegados falsos de UGT qué, según sus palabras, se han computado.
Las acusaciones de Félix Pérez fueron desmentidas posteriormente por el propio ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, y el subsecretario del departamento, Segismundo Crespo, que a su vez es presidente del consejo superior del IMAC. Joaquín Almunia rechazó las acusaciones -y la palabra- de pucherazo y manifestó que no existía ley alguna que marcara el período de cómputo, "por lo que ha tenido que ser el IMAC el encargado de determinarlo por procedimientos absolutamente democráticos".
El propio Segismundo Crespo explicó el desarrollo de la reunión del consejo superior del IMAC y cómo se había manifestado cada parte en el mismo. Y ante las preguntas planteadas por algunos periodistas en cuanto al voto determinante de la Administración para decidir el período de cómputo, el subsecretario afirmó que el voto había sido secreto y no se había producido "una alineación del Gobierno con la postura de UGT". A la pregunta concreta de si el voto favorable de los representantes de la Administración era producto de la casualidad, Almunia replicó que "yo sé que aquí nadie se chupa el dedo, pero desde el Gobierno no se han dado instrucciones en ese aspecto".
En la conferencia de prensa se abordó también parte del contenido del informe presentado por el ministro ante la comisión de Trabajo del Congreso. En este sentido se le hizo notar que sus afirmaciones sobre la regulación del cierre patronal no coincidía con lo que había venido manteniendo el propio Joaquín Almunia a este respecto, ni con lo que había defendido el PSOE en la discusión del Estatuto de los Trabajadores. El ministro explicó que la oposición del PSOE no era a que no se regulara esta figura, sino a la forma en que se quería llevar a cabo y que la regulación del cierre patronal respondía a la intención de recoger la filosofía de una sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido.
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