La reforma de la Administración / 1

El análisis de la actuación de las administraciones públicas debe, desde un enfoque profesional, limitarse a la evaluación de la gestión sin entrar en la consideración de sus objetivos, lo cual supondría adentrarse en el campo del análisis político.La gestión actual de la Administración pública adolece de falta de eficiencia y de eficacia.

De eficiencia porque "lo que hay que hacer" se efectúa con un coste excesivo por el elevado grado de infrautilización de los recursos humanos y materiales.

De eficacia porque, frecuentemente, los resultados se obtienen mediante procedimientos m...

El análisis de la actuación de las administraciones públicas debe, desde un enfoque profesional, limitarse a la evaluación de la gestión sin entrar en la consideración de sus objetivos, lo cual supondría adentrarse en el campo del análisis político.La gestión actual de la Administración pública adolece de falta de eficiencia y de eficacia.

De eficiencia porque "lo que hay que hacer" se efectúa con un coste excesivo por el elevado grado de infrautilización de los recursos humanos y materiales.

De eficacia porque, frecuentemente, los resultados se obtienen mediante procedimientos muy complicados y engorrosos que podrían simplificarse.

Como consecuencia de estos defectos, los costes de las acciones de la Administración pública suelen ser excesivos.

La corrección de este problema de los costes excesivos de gestión debe ser, enfatizando, la obsesión que inspire la reforma de la Administración pública.

1. Líneas generales de una reforma profesional

El primer paso consistiría en un análisis concreto de los costes de las actividades con la finalidad de obtener datos que permitan en una segunda fase la formulación y aplicación de un conjunto escalonado de medidas coyunturales y estructurales para la reforma de la Administración pública.

Medidas, coyunturales para mejorar la utilización de los recursos en las áreas en que se encuentren peor utilizadas. Esta mejora inicial podría incluso efectuarse aplicando los recursos excedentes al proceso de elaboración del proyecto mismo de reforma.

Medidas estructurales para establecer un diseño del marco final de la nueva Administración pública y para escalonar la puesta en marcha de las medidas generales, cuidando de evitar procesos traumáticos.

1.1 Análisis de los costes de las actividades

Sería preciso para ello enumerar las funciones ejecutadas actualmente por cada órgano y calcular el coste de las mismas, a lo cual se llegaría por un proceso de imputación de los costes de los recursos a ellos destinados. Se pretendería establecer una clasificación final de las actividades de cada órgano que permitiese obtener con un nivel de desagregación suficiente, los costes por unidad de producto (coste por expediente, coste por sentencia, coste de gestión por kilómetro de carretera construido, coste por puesto escolar, etcétera).

Es muy probable que surjan opiniones que manifiesten la imposibilidad de clasificar las actividades con suficiente nivel de detalle y que resalten, sobre todo, la dificultad de comparación de los costes obtenidos. Entendemos que esto no debe ser óbice para poner en marcha ese cálculo desagregado de costes, pues "lo posible suele ser enemigo de lo perfecto" y lo que se debe pretender es obtener rápidamente datos suficientemente significativos. Y esto es factible a corto plazo. Posteriormente, será imprescindible valorar con mesura, y sin espíritu de caza de brujas, los resultados obtenidos.

Podrían servir como orientación para estos cálculos los actuales presupuestos por programas que se elaboran en los diversos ministerios.

1.2 Reforma de la estructura de personal

En función de los datos de coste obtenidos se podrían adoptar medidas para reducir los gastos de material consuntivo y para mejorar el grado de utilización del material y equipo inventariable. No obstante, es previsible que la mayor parte del exceso de costes sea debido a la infrautilización del personal, lo que nos conduce a un punto crucial y fundamental de la reforma de la Administración pública: la reforma de la estructura del personal.

Esta reforma, que cuenta a su favor con las posibilidades que le ofrece a la Administración el ámbito del derecho administrativo en que se mueve, se enfrenta a las situaciones (no digamos derechos) adquiridas en que se mueve el funcionario. Parece, por tanto, absolutamente necesario que se proyecte un proceso de transformación gradual que evite al máximo las acciones traumáticas y que se halle enmarcado por grandes y concretos principios que motiven al funcionariado para que acepte de buen grado la puesta en práctica de medidas que posibiliten la eficacia de la gestión administrativa.

El funcionariado tiene deseos de colaborar siempre que sienta confianza en que la reforma va a ser para todos y profesional. Para ello es necesario que se pretenda la reforma con criterios iguales para todas las Administraciones públicas y que se abra al funcionario la posibilidad de una carrera administrativa objetiva, evitando que su categoría y remuneración dependa de su grado de amistad con los cargos políticos. Se trata, en suma, de aplicar los principios de unidad y de carrera administrativa.

El principio de unidad exigiría que se contemplase al funcionario con una óptica nacional que evitase la actual heterogeneidad excesiva e innecesaria de cuerpos que realizando idénticas funciones y, es más, estando previstos para realizar idénticas funciones, constituyen hoy en día compartimientos estancos que impiden en muchos casos la necesaria movilidad del personal entre organismos.

Este principio es hoy tanto más necesario cuanto que, con la creación del Estado de las autonomías, resulta imprescindible dotar a éstas de personal y cuanto que, de admitirse con generalidad la creación de nuevos cuerpos en las comunidades autónomas, se estaría agravando el actual problema de falta de unidad, la cual posibilita el favoritismo en la cobertura de puestos de trabajo y da motivo fundado al tradicional descontento existente frente a la irracional estructura de remuneraciones, lo que conduce al fomento del corporativismo y de concepciones que contemplan a la Administración como un patrimonio feudalmente repartido entre los cuerpos de funcionarios.