Solicitada autorización judicial para desalojar a los últimos vecinos de Reocín

El delegado del Gobierno en Cantabria ha solicitado del Juzgado de Instrucción de Torrelavega la autorización para que la fuerza pública pueda penetrar en los domicilios de los cinco últimos vecinos de Reocín (Cantabria), procediendo a su desalojo en aplicación del decreto de expropiación forzosa de las fincas propiedad de aquéllos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. La decisión fue tomada tras la reunión mantenida entre el representante del Gobierno central en la región, Fernando Jiménez, y directivos de la empresa explotadora de la mina situada en los antiguos...

El delegado del Gobierno en Cantabria ha solicitado del Juzgado de Instrucción de Torrelavega la autorización para que la fuerza pública pueda penetrar en los domicilios de los cinco últimos vecinos de Reocín (Cantabria), procediendo a su desalojo en aplicación del decreto de expropiación forzosa de las fincas propiedad de aquéllos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. La decisión fue tomada tras la reunión mantenida entre el representante del Gobierno central en la región, Fernando Jiménez, y directivos de la empresa explotadora de la mina situada en los antiguos terrenos ocupados por la localidad cántabra.

La gestión de los directivos de la Real Compañía Asturiana de Minas (RCA) se produce tras inútiles intentos por conseguir la ejecución de la expropiación, lo que ha supuesto la paralización de la explotación a cielo abierto, ante el peligro de posibles accidentes, dando lugar a la reducción en dos tercios de la extracción de mineral de cinc. La empresa solicitó la actuación del delegado del Gobierno en Cantabria para la ocupación de las fincas expropiadas, después de haberse cumplido todos los requisitos legales sin resultado positivo. Dado que la ocupación afecta a los domicilios particulares de los Vecinos afectados, cuya inviolabilidad establece la Constitución, es por lo que se ha solicitado autorización judicial, de cuya tramitación se ha dado cuenta, también, al fiscal jefe de la Audiencia de Santander.