Un detenido comienza una huelga de hambre en Sevilla tras ocho meses de prisión sin procesamiento
Desde el pasado día 2 de diciembre permanece en huelga de hambre en el hospital de San Lázaro, en Sevilla, el joven Francisco Fortes, en protesta por su anómala situación jurídica. Lleva ocho meses como preso preventivo sin que se haya dictado auto de procesamiento en su contra. Durante este período ha protagonizado tres intentos de suicidio y ahora asegura que continuará sin ingerir alimentos y que prefiere morir antes que volver a la prisión.
Los letrados sevillanos Jiménez Casanova y Aguilar García, que dirigen la defensa de Fortes, consideran el caso como un ejemplo extremo de la si...
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Desde el pasado día 2 de diciembre permanece en huelga de hambre en el hospital de San Lázaro, en Sevilla, el joven Francisco Fortes, en protesta por su anómala situación jurídica. Lleva ocho meses como preso preventivo sin que se haya dictado auto de procesamiento en su contra. Durante este período ha protagonizado tres intentos de suicidio y ahora asegura que continuará sin ingerir alimentos y que prefiere morir antes que volver a la prisión.
Los letrados sevillanos Jiménez Casanova y Aguilar García, que dirigen la defensa de Fortes, consideran el caso como un ejemplo extremo de la situación anormal de los presos preventivos en nuestro país y de la lentitud burocrática de la justicia, ya que el tiempo normal que se tarda en instruir un sumario -alrededor de dos meses- se ha superado con creces, sin que se haya producido ni siquiera el procesamiento del encartado. "Es inconcebible que estos problemas puedan poner en peligro la integridad física y psíquica de una persona", declararon.Los hechos que han dado origen a este caso ocurrieron en los meses de febrero y marzo de 1982 en Morón de la Frontera (Sevilla), cuando la discoteca Jumbo sufrió tres tentativas de incendio provocadas, la última de las cuales tuvo éxito y consiguió la destrucción del local y pérdidas que sus propietarios estimaron en cuatro millones y medio de pesetas. Tras haberse recibido un anónimo en la emisora de radio local, reivindicando la autoría del incendio para una supuesta organización ultranacionalista denominada Andalucía Libre, la policía procedió a la detención de Francisco Fortes, de veinticinco años de edad, casado, propietario, junto a su padre y dos hermanos, de otra discoteca en la misma población.
Al detenido le fue aplicada la legislación antiterrorista y durante su permanencia en la Jefatura Superior de Policía trató de suicidarse en dos ocasiones, una cortándose las venas con el documento nacional de identidad y otra ahorcándose en su celda con un trozo de manta. En sus manifestaciones iniciales admitió que había sido autor de los incendios y del anónimo, pero al serle tomada declaración por el juez de instrucción reconoció sólo haber escrito el anónimo y negó cualquier relación con los siniestros.
En el psiquiátrico
Después de inhibirse del caso al juzgado central, que entiende en materia de terrorismo, el juzgado de instrucción de Morón decretó su prisión provisional, transformada en internamiento en el hospital psiquiátrico de Sevilla a partir de julio pasado, a petición de sus defensores. No obstante, a primeros de octubre, y coincidiendo con la oleada de atentados reivindicados por los GRAPO en toda España, Francisco Fortes fue detenido en uno de sus permisos en el centro psiquiátrico, con nueva aplicación de la ley antiterrorista. El juez decretó entonces su prisión provisional en la cárcel de Sevilla, donde el 2 de diciembre se envenenó ingiriendo numerosas cápsulas de Valium que había ido acumulando. Trasladado al hospital de San Lázaro, salvó la vida, y desde ese mismo día se ha declarado en huelga de hambre para no regresar a la cárcel y conseguir que se aclare su situación jurídica.A raíz de su última detención el preso aparece como fugado en el registro del hospital psiquiátrico, sin que nadie haya precisado que su incomparecencia obedeció al hecho de ser detenido.
La situación de las prisiones españolas se encuentra gravemente condicionada, según opinión general en medios jurídicos, por la acumulación de presos que no se encuentran cumpliendo sentencia firme. La presencia masiva de presos preventivos, sin procesamiento o a la espera de juicio, agudiza las consecuencias de la falta de personal, la antigüedad de las instalaciones y la insuficiencia de los presupuestos.