Persisten la tortura y las dificultades para la asistencia al detenido, según la Asociación pro Derechos Humanos

El informe sobre los derechos humanos en España correspondiente a 1982, que se hizo público ayer, constata la persistencia en nuestro país de torturas a los detenidos, la reiteración de detenciones indiscriminadas y los comportamientos arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, así como las dificultades para la asistencia letrada al detenido y el deterioro de la libertad de expresión. El informe es obra de la Asociación pro Derechos Humanos de España, que cuenta entre sus miembros a juristas prestigiosos como José María Mohedano, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Gimbernat, el juez Clement...

El informe sobre los derechos humanos en España correspondiente a 1982, que se hizo público ayer, constata la persistencia en nuestro país de torturas a los detenidos, la reiteración de detenciones indiscriminadas y los comportamientos arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, así como las dificultades para la asistencia letrada al detenido y el deterioro de la libertad de expresión. El informe es obra de la Asociación pro Derechos Humanos de España, que cuenta entre sus miembros a juristas prestigiosos como José María Mohedano, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Gimbernat, el juez Clemente Auger y el friscal Martín Pallín, así como el actual Ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer.

El informe constata también la inexistencia de una ley de derecho de asilo, la generalización de prolongadas reclusiones preventivas, las inadecuadas condiciones de las prisiones y la extensión del incumplimento del derecho al trabajo. El período considerado en el informe comprende desde octubre de 1981 hasta octubre de 1982.Para la desaparición de tales puntos negros, la Asociación pro Derechos Humanos de España considera imprescindible que los poderes públicos arbitren las siguientes medidas: supresión de los preceptos legales que autorizan la incomunicación del detenido durante diez días en el centro de interrogatorio y detención policial; garantías por ley de la irrenunciabilidad del derecho de asistencia letrada al detenido, sin excepción; y que el Ministerio de Justicia curse instrucciones a los directores de las prisiones para que no pongan dificultades a la libre comunicación entre abogados y sus clientes presos.

La Asociación encuentra también necesario que el juez de vigilancia visite regularmente las cárceles de su jurisdicción y controle la aplicación de la ley y reglamento penitenciario; que se dé prioridad a la discusión y aprobación del proyecto de Código Penal; que se cumpla el mandato establecido en el artículo 17.4 de la Constitución y que se fije el plazo máximo de la prisión provisional. Asimismo, solicita que se derogue el decreto que atribuye a la Audiencia Nacional el fuero para enjuiciar el delito de desacato a través de los medios de comunicación social y que el fiscal general del Reino dé instrucciones a las fiscalías de las audiencias territoriales para que atemperen la interposición de querellas por supuestos delitos públicos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

Igualmente, la Asociación pro Derechos Humanos pide que se regule el derecho de asilo para los perseguidos en países extranjeros por la defensa de las libertades reconocidas en la Constitución; que se reforme urgentemente el Código de Justicia Militar, de modo que se traslade a la jurisdicción ordinaria el delito de rebelión militar y que el procedimiento militar permita la intervención como querellantes de los perjudicados y de quienes ejerzan la acción popular. Finalmente, considera urgente la promulgación de una ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria del servicio militar.

Ha mejorado el trato a los detenidos

El citado texto asevera que la tortura se sigue practicando todavía en España, pero precisa que, desde luego, el trato a los detenidos ha mejorado desde el año 1978 y que las denuncias por malos tratos a detenidos en dependencias de la Guardia Civil son su periores a las producidos en comisarías de Policía. Dentro del listado de personas que han sufrido torturas policiales en el presente año, la Asociación pro Derechos Humanos dice tener "constancia directa" o "informes documentados y verificados" de casos como los de José Arregui, Mikel Navascués y Nicolás Santiurde Alhedo,Sobre el caso de Arregui, se afirma que las presuntas torturas se produjeron "durante su detención en la comisaría en febrero de 1981"; Mikel Navascués, hermano del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, "denunció haber sufrido torturas durante su estancia en la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián en julio de 1982"; y Nicolás Santiurde "presentó denuncia en el juzgado de Laredo (Santander) contra los miembros de la Guardia Civil que le hicieron objeto de malos tratos durante su permanencia en la comandancia de ese cuerpo en Castro Urdiales. De acuerdo con el informe emitido por el médico de Laredo, José Ramón Ortiz, Santiurde presentaba, tras su detención, diversos hematomas, uno de ellos en el labio, así como molestias en la región lumbar". El mismo informe menciona también el caso de Martín Izaguirre Arguiza, quien fue excarcelado por la Guardia Civil con el pretexto de practicar diligencias judiciales.

Las 526 detenciones del Rastro

Por otra parte, el informe refleja el arresto con violencia de 526 personas en el Rastro madrileño en mayo de 1982, la carga policial con botes de humo contra los asistentes y vendedores ambulantes en una verbena en el parque del Retiro de Madrid y la violencia empleada contra los asistentes al festival de los Rolling Stones, en Madrid, en julio de 1982, denunciada por José Ramón Naranjo, hijo de un comisario del Cuerpo Superior de Policía.También se menciona el intento de arresto de Juan Infante en diciembre de 1981, en virtud de una orden de busca y captura dictada por las autoridades militares en 1971, la detención del abogado Luis María Figueroa por impedir que la policía golpeara a dos personas y el disparo de un agente recibido por el letrado Carlos Slepoy por mediar en un incidente similar.

El informe expone que en Madrid renuncia a asistencia letrada el 46% de los detenidos, por haber sido mayoritariamente inducidos a pensar que puede serles perjudicial, y dice que ese porcentaje supera el 80% en la mayor parte de las poblaciones. El "marcado deterioro" de la libertad de expresión queda ejemplificado con el amplio listado de ciudadanos procesados, arrestados o condenados al ejercitar dicho derecho, sea a través de la Prensa -casos del coronel Graíño o Xavier Vinader-, del cine -caso del director de Rocío- o de la canción -como El Cabrero-.