Aplicar incompatibilidades y aumentar el sueldo de los funcionarios, proyectos del ministro de la Presidencia

El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, tiene previsto aumentar el salario de los funcionarios de la Administración pública a finales de año, según han informado a este periódico fuentes solventes de este departamento. El nuevo ministro del Gobierno de Felipe González está firmemente decidido a que "las ventanillas de los ministerios estén abiertas por las tardes" -si bien él prefiere emplear la palabra "mostradores" a ventanilla, "por un sentido de respeto a los ciudadanos"- y a aplicar un estricto régimen de incompatibilidades.A pesar de que, en prácticamente la totalidad de los paíse...

El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, tiene previsto aumentar el salario de los funcionarios de la Administración pública a finales de año, según han informado a este periódico fuentes solventes de este departamento. El nuevo ministro del Gobierno de Felipe González está firmemente decidido a que "las ventanillas de los ministerios estén abiertas por las tardes" -si bien él prefiere emplear la palabra "mostradores" a ventanilla, "por un sentido de respeto a los ciudadanos"- y a aplicar un estricto régimen de incompatibilidades.A pesar de que, en prácticamente la totalidad de los países europeos, los ministerios sólo están a disposición del público por las mañanas, Javier Moscoso asegura, tajante: "Pues me parece muy bien, pero los españoles estarán también atendidos por las tardes en los organismos públicos".

En cualquier caso, dos grandes temas van a ser acometidos en el menor plazo de tiempo posible por el ministro de la Presidencia: asumir en su Ministerio la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a la Administración Pública para, desde Presidencia, distribuir el dinero de los funcionarios a los distintos Ministerios, y remitir al Parlamento, con carácter de urgencia, un proyecto de ley de incompatibilidades que afectará a diputados, senadores, y altos cargos institucionales y de la Administración pública.

El primero de estos dos proyectos consiste en "centralizar" en el Ministerio de la Presidencia el reparto del dinero destinado a pagar los salarios de los funcionarios de la Administración Pública, previamente aprobado por las Cortes mediante la ley orgánica de los Presupuestos, de, manera que sea Javier Moscoso y su equipo quien negocie con cada Ministerio la cantidad de dinero que debe corresponder a la nómina de personal. El monto de lo que destina el Estado a pagar a sus funcionarios sobrepasa en la actualidad la espectacular cifra de 500.000 millones de pesetas.

Sueldos distintos para trabajos iguales

Hasta ahora, cada Ministerio ha negociado directamente con el departamento de Hacienda este tipo de necesidades presupuestarias y precisamente ésta ha sido una de las causas del tremendo caos que existe en las retribuciones de los funcionarios de la Administración del Estado. Sin que, en principio, exista una explicación racional para ello, -obra más una secretaria del Ministerio de Hacienda que una del Ministerio de Cultura, por poner un ejemplo, o perciben cantidades muy distintas funcionarios que realizan idénticas funciones, tanto en los cuerpos generales como en los especiales.El nuevo ministro considera que para poner algo de orden en el cuerpo burocrático español habría que empezar por la mencionada centralización de retribuciones y, a medio plazo, tratar de reducir las escalas salariales. A este respecto, España es un caso único en toda la Europa occidental, dada la farragosidad de las mismas y, la larga escala de coeficientes. El sistema de negociación directa con, Hacienda, empleado hasta ahora, ha originado el inconveniente de que cada ministerio se ha convertido en un pequeño reino de Taifa, con desigualdades y agravios comparativos que han causado malestar entre el funcionariado.

El segundo de los proyectos mencionados, referido a las incompatibilidades para diputados, senadores, altos cargos institucionales y de la Administración Pública, va a ser remitido a las Cortes con carácter urgente, Según ha adelantado el titular de Presidencia, se hará "antes de que finalice el presente año". Una ley de incompatibilidades más completa, que afectará a todos los funcionarios, será remitida a las Cámaras en junio o julio.

El día 1 de enero de 1983 entra en vigor la ley de incompatibilidades aprobada el pasado año, cuyo texto, remitido al Parlamento por el Gobierno de UCD, suscitó una fuerte polémica entre algunos sectores sociales, principalmente la clase médica. Esta ley fue aprobada con la oposición de socialistas y comunistas. De hecho, uno de sus párrafos más conflictivos, el apartado primero del artículo segundo, ha sido calificado por Moscoso con ironía como "una ley de compatibilidades". Dice lo siguiente: "No se podrá percibir más de un sueldo con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Organismos y Empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales, salvo autorización expresa por ley o que los servicios se presten en régimen de jornada reducida".

Los casos afectados por la excepción "salvo autorización expresa por Ley" se refieren, fundamentalmente, a los cuerpos privilegiados del funcionariado: letrados del Consejo de Estado, letrados de las Cortes y letrados del Ministerio de Justicia. La frase, también eximente de las incompatibilidades, de "los que presten servicios en régimen de jornada reducida", ha sido el verdadero talón de Aquiles de la ley, ya que numerosos funcionarios, con dedicación normal o plena, han seguido trabajando en otros sitios y percibiendo varios sueldos.

Esta es otra de las cuestiones con las que quiere terminar el actual ministro: "Ese párrafo convierte en inútil la ley de incompatibilidades", manifestó. Pero, en todo caso, no le preocupa excesivamente la entrada en vigor de la ley, ya que de hecho, no estará vigente hasta el 1 de julio. La propia ley establece un período de seis meses de adaptación, que serán aprovechados por el nuevo Gabinete socialista. para aprobar su propio proyecte de ley, ya redactado, y que será uno de los primeros que entrarán en el Congreso de los Diputados.

Muchos parlamentarios se verán afectados

La circunstancia de que la primera ley de incompatibilidades del PSOE afecte a parlamentarios es, en palabras de Moscoso, "para dar ejemplo". Lo cierto es que dicha ley puede significar una auténtica revolución en las filas de la derecha del Congreso y del Senado, ya que es propósito del nuevo ministro que quienes ostenten la situación de parlamentarios no puedan ser funcionarios en activo. "Me resulta absolutamente inaceptable", fueron sus palabras, "que haya dipuatados o senadores, que a final de mes vayan al Ministerio a cobrar el sueldo. En cuanto esté aprobada la ley, tendrán que pedir la excedencia o renunciar al escaño".El Grupo Parlamentario Popular -formado por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular de Oscar Alzaga y tres grupos políticos regionalistas- se verá seriamente afectado por dicha disposición, ya que un buen número de sus miembros son funcionarios. Pero también se producirán incompatibilidades de este tipo, si bien en menor medida, en el grupo centrista, en las minorías nacionalistas, en el propio PSOE e incluso en el Grupo Parlamentario Comunista, uno de cuyos miembros ha comentado en privado que, cuando se apruebe la ley socialista, probablemente dejará el escaño para dedicarse de lleno a su cátedra.

Fuentes próximas al ministro han asegurado a EL PAIS que, por muy increíble que parezca, no se tiene constancia en el departamento de la Presidencia del número exacto de funcionarios que hay en España. "Nunca los gobiernos de UCD, y menos aún los del anterior régimen, han podido incluir en el ordenador la cifra concreta de los componentes del funcionariado", comentó un ex colaborador del último Gobierno centrista.