El restablecimiento del visado para los iraníes pone freno a la entrada de fugitivos de Jomeini en España

España suspenderá el convenio bilateral sobre supresión de visados, firmado hace quince años con Irán, en un intento de contener la emigración a la Península de ciudadanos iraníes opuestos al régimen islámico del ayatollah Jomeini, según reveló a EL PAIS un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos. El embajador de Irán en Madrid, Abdul Karim Sarai Farruji, fue convocado el martes, como anticipaba ayer este periódico, al Palacio de Santa Cruz, donde se le comunicó la decisión española de restablecer el visado de entrada para los iraníes que lleguen a Esp...

España suspenderá el convenio bilateral sobre supresión de visados, firmado hace quince años con Irán, en un intento de contener la emigración a la Península de ciudadanos iraníes opuestos al régimen islámico del ayatollah Jomeini, según reveló a EL PAIS un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos. El embajador de Irán en Madrid, Abdul Karim Sarai Farruji, fue convocado el martes, como anticipaba ayer este periódico, al Palacio de Santa Cruz, donde se le comunicó la decisión española de restablecer el visado de entrada para los iraníes que lleguen a España.

La decisión restrictiva española sobre la entrada de iraníes, preparada por el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, será, casi con certeza, puesta en práctica por la nueva Administración socialista, con tanta mayor razón que la suspensión, claúsula prevista por el convenio, no necesita una decisión del Consejo de Ministros, sino que basta con una mera nota del titular de Exteriores.Junto con Portugal, España es el único país occidental que, a pesar de la toma del poder por el imán Jomeini, sigue sin exigir visado a los iraníes deseosos de cruzar sus fronteras, por lo que la colonia de disidentes iraníes refugiados residentes o que se hacen pasar por turistas hasta encontrar otro país de asilo, crece rápidamente desde hace tres años.

Solamente 1.001 un iraníes residen actualmente legalmente en España, a los que hay que añadir una población flotante que, según estimaciones oficiosas, ronda las 50.000 personas, que aprovechan las facilidades de entrada en territorio español para recorrer como turistas los consulados europeos y norteamericano en busca de un país de asilo definitivo. El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha atendido, por otra parte, a ochocientos iraníes en lo que va de año.

Lo ocurrido el pasado fin de se mana en el aeropuerto de Barajas, a donde llegaron inesperadamente 36 iraníes deseosos de permanecer en España, ha confirmado a las autoridades españolas en su propósito de restablecer el visado, medida que perjudicará principal mente a los miles de opositores iraníes que transitaban por territorio español.

Mientras miembros de la oposición al régimen islámico de Teherán consultados por este diario lamentaban el proyectado cambio de política español, Mohamed Shirazi, militante del partido comunista Tudeh, que apoya a Jomeini, afirmaba que "entendería la nueva actitud española porque este país se está convirtiendo en un escondrijo de contrarrevolucionarios iraníes".

La medida tampoco disgustaría a las autoridades islámicas iraníes, que en ningún momento protestaron por el restablecimiento del trámite del visado por parte de otros países europeos.

Turbulencias jomeinistas

No son, sin embargo, los disidentes iraníes, sino los partidarios del imán Jomeini los que han alterado el orden público en España cuando, por ejemplo, Josheim Lahoti y Hussein Mouhi fueron sorprendidos por la Policía Municípal, el pasado jueves 18 de noviembre, mientras intentaban colocar bombas al pie de la estatua de Alfonso XII en el Retiro con objeto de herir a los participantes en reuniones allí organizadas por el principal grupo de resistencia al régimen de Jomeini, los muyaidin jald.

La decisión española será, en cambio, acogida con alivio por los principales países europeos y Estados Unidos, cuyos consulados en Madrid y Barcelona están desbordados por la marea iraní, a la que prefieren filtrar en Teherán o Karachi (Pakistán).

En las últimas semanas se ha observado incluso un incremento del ritmo de entradas de iraníes, que alcanza ya las cincuenta diarias, y podía aún aumentar si se confirmaba, como aseguró TVE, que otros 6.000 iraníes tenían la intención de desplazarse de Karachi a Madrid. La Administración española sospecha que existen redes organizadas de emigración de Irán a España.

Para disuadirles de viajar a España se tomó, el viernes pasado, una primera decisión, al impedir la entrada de los 36 iraníes que deseaban solicitar en Barajas la concesión de asilo político, alegando, por ejemplo, que tenían que haber formulado su petición en la primera nación libre en la que se encuentren al salir de su país, como lo estipula la Convención de Ginebra.

"Se trata, en realidad, de subterfugios jurídicos para negarles la entrada y la condición de refugiado político", reconoció Ramón del Corral, portavoz del Ministerio del Interior.

El problema no está, sin embargo, resuelto porque Frederik Hordjik, director en Viena del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, manifestó ayer que su Agencia pedirá al nuevo Gobierno español que conceda asilo a siete de los 36 iraníes.

La policía se excedió

La policía española, encargada de vigilar durante casi 48 horas a los iraníes confinados en una sala de tránsito del aeropuerto de Barajas, se excedió en sus funciones, porque no sólo prohibió a la Prensa entrar en contacto con los emigrados de Irán, sino que en flagrante violación de las convenciones internacionales suscritas por España, impidió el sábado a M. A. Chaudhry, delegado en Madrid del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entrevistarse con los iraníes.

Personal administrativo y un diplomático de la Embajada de Irán se esforzaron también por acercarse a sus compatriotas para, según declararon, "ayudar a resolver el problema" aunque más probablemente para intentar ficharlos, pero también en este caso la policía española les denegó el acceso a la sala de tránsito.