Acción popular para investigar el presunto suicidio de un preso en Valencia

Dos abogados, Cristóbal Fernández García y Virgilio Latorre Latorre, han ejercitado la acción popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución, al haberse constituido en parte para solicitar que se investiguen judicialmente las circunstancias de la muerte de Juan Antonio García Acién. Se trata de un recluso de diecinueve años de edad que fue encontrado ahorcado en una celda de aislamiento de la cárcel Modelo de Valencia el pasado 31 de octubre. Según el acta del levantamiento del cadáver, la celda carecía de luz eléctrica y natural y de ventilación, lo que contraviene el vigente reglame...

Dos abogados, Cristóbal Fernández García y Virgilio Latorre Latorre, han ejercitado la acción popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución, al haberse constituido en parte para solicitar que se investiguen judicialmente las circunstancias de la muerte de Juan Antonio García Acién. Se trata de un recluso de diecinueve años de edad que fue encontrado ahorcado en una celda de aislamiento de la cárcel Modelo de Valencia el pasado 31 de octubre. Según el acta del levantamiento del cadáver, la celda carecía de luz eléctrica y natural y de ventilación, lo que contraviene el vigente reglamento.

Otras presuntas irregularidades podrían concurrir en torno a la muerte del recluso. Mientras su madre afirma en su declaración que el cadáver tenía signos de violencia, el informe forense no habla de ellos, salvo en lo que respecta a las señales del ahorcamiento. García Acién fue trasladado la noche anterior al día en que fue encontrado ahorcado a la cárcel de Valencia desde el Instituto Penitenciario de Jóvenes de Liria, donde cumplía condena de dos años por un delito de robo.

Fianza simbólica

La acción popular ya fue ejercitada por un grupo de ciudadanos para investigar la existencia de malos tratos a reclusos en la cárcel de Herrera de la Mancha. En aquella ocasión, el juez fijó para ello el pago de una fianza de tres millones de pesetas. En el caso de Cristóbal Fernández y Virgilio Latorre, la cantidad ha sido sensiblemente menor, pues tuvieron que pagar quinientas pesetas cada uno como fianza para constituirse en parte de cara a la investigación judicial.Los dos abogados, que ejercitan la acción popular como ciudadanos e independientemente de su condición profesional, solicitaron hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia el pasado día 3 de noviembre.

Según Cristóbal Fernández, que fue funcionario de prisiones con anterioridad a ejercer la abogacía, "en las instituciones penitenciarias hay muchísimas irregularidades que, por desgracia, en muchas ocasiones desembocan en hechos de este tipo, como suicidios o muertes. Sin una más atenta investigación para la determinación de las causas y circunstancias, y sin la adopción de medidas para restringir la posibilidad de que estos hechos se repitan, se les suele dar carpetazo".

"Tratamos", añade el abogado, "de que, por una sola vez se analicen en profundidad las causas y se depuren las oportunas responsabilidades en su caso, a la vez que sirva como precedente para la adopción de medidas cautelares".

Juan Antonio García Acién había nacido el 18 de julio de 1963, en Alhendín (Granada), aunque residía en El Egido (Almería). La pena de dos años que cumplía por robo correspondía al sumario 123/81 del Juzgado de Instrucción número dos de Granada. Comenzó a cumplirla el 14 de abril del presente año y estaba previsto que la concluyese el 6 de septiembre de 1983.

En el Instituto Penitenciario de Liria ingresó el 3 de agosto de 1982. Y el día 20 del mismo mes se le incoó expediente de libertad provisional para que cumpliese en este régimen la tercera parte de la condena. Había disfrutado de varios permisos, durante los que había ido a su casa.

El día 31, y tras un altercado con uno de los funcionarios del centro, es trasladado a la cárcel de Valencia. Según el parte del traslado, éste se produce "en base a la posible comisión de una falta muy grave consistente en la agresión a un funcionario", lo que el recluso habría realizado mostrando "extrema agresividad".

El día 31 es trasladado a Valencia e ingresado en una celda de incomunicación por la noche. A las 17.30 del día siguiente su cadáver es hallado por un funcionario al abrir la celda. Según la descripción que hace el juez en el acta de levantamiento del cadáver, la estancia, en concreto la celda número cinco, "carece de ventanas, sin luz" y su suelo mide unos nueve metros cuadrados. Los únicos objetos que había eran una manta, dos pitillos y varias revistas. El recluso fue encontrado colgado de una cancela situada tras la puerta de madera de la celda con un jirón de la manta.

Según el vigente reglamento de prisiones, "el aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y, en los supuestos de que lo comparta con otros, o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones".

Igualmente el reglamento estipula la necesidad de un informe del médico del establecimiento, lo que parece que tampoco se cumplió.

En cuanto a la posible existencia de malos tratos, la madre señala, al identificar en el depósito de cadáveres el cuerpo de su hijo, que tiene sendas heridas en el lado derecho de la cara y en el brazo. Un recluso de una celda próxima asegura en su declaración que los funcionarios le fueron pegando por todo el pasillo cuando lo conducían a la celda, que pudo oír cómo le pegaban también en el interior de ella y cómo posteriormente lloraba Juan Antonio García al quedarse solo.