Aluminio Español y la suspensión de pagos

LA SUSPENSIÓN de pagos del grupo Aluminio Español y Alúmina Española, SA, ha sido una decisión inesperada. La fórmula de la suspensión de pagos, inventada por Cambó para proteger a las empresas y con un claro paralelo en la legislación anglosajona, permite continuar la actividad y ofrecer soluciones satisfactorias a los acreedores. Pero lo que se temía que podía suceder no ha tenido lugar. Esta vez el INI no absorbe los resultados de un grupo, hasta hace poco privado y ahora nacionalizado por Mitterrand, que decide retirarse de una actividad que ha dejado de ser una fuente de fáciles beneficio...

LA SUSPENSIÓN de pagos del grupo Aluminio Español y Alúmina Española, SA, ha sido una decisión inesperada. La fórmula de la suspensión de pagos, inventada por Cambó para proteger a las empresas y con un claro paralelo en la legislación anglosajona, permite continuar la actividad y ofrecer soluciones satisfactorias a los acreedores. Pero lo que se temía que podía suceder no ha tenido lugar. Esta vez el INI no absorbe los resultados de un grupo, hasta hace poco privado y ahora nacionalizado por Mitterrand, que decide retirarse de una actividad que ha dejado de ser una fuente de fáciles beneficios.Hasta la creación de Aluminio Español, el sector se limitaba en España a dos empresas transformadoras: ENDASA y Alugasa. La primera, propiedad del INI en un 56% y de la canadiense Alcan en un 44%. Alugasa, con una fábrica en Villagarcía de Arosa, pertenece en un 66%, a Pechiney, y el resto, a un grupo de bancos españoles. Las empresas dispusieron de un mercado bien protegido para sus manufacturas, mientras se aprovisionaban del producto básico, lingote de aluminio, en el exterior.

En el decenio de los setenta, el aluminio se convierte en un sector estrella. Su utilización en la industria aeronáutica y en un sinnúmero de industrias ligeras le señalan como el inexorable sustituto del acero.

Surge así la idea de completar todo el circuito de producción mediante la creación de una gran instalación que, además de fabricar aluminio, produzca también el producto de donde se obtiene, es decir, la alúmina. El proyecto de San Ciprián, con la aprobación del entonces vicepresidente, Barrera de Irimo, y actual presidente de Alugasa, se materializa, en 1973, en la creación de dos sociedades: Aluminio Español y Alúmina Aluminio. En ella participa ENDASA con un 55%, diversos bancos con un 25%, y Alugasa (Pechiney), con un 20%.

La producción programada sería de 800.000 toneladas de alúmina y 400.000 toneladas de aluminio, o sea, uno de los mayores complejos europeos. Sin embargo, la sociedad se constituye con un capital muy reducido -poca inversión propia nacional y extranjera- y un alto porcentaje de créditos oficiales a bajo coste. La fórmula, con hálitos tercermundistas, se vende ante el Gobierno del general Franco del almirante Carrero en base a que el precio del aluminio y su demanda en expansión ofrecían la posibilidad de una corriente de ingresos con la que pagar sin agobios los créditos recibidos.

La puesta en marcha del complejo confirma las previsiones de los socios extranjeros, Alcan y Pechiney, primeras empresas del ramo y suministradores de la materia prima, bauxita, para el complejo. Los bajos costes de producción de la alúmina y del aluminio se traducen en un precio excelente para los socios-clientes, en especial en una época en que la cotización de los metales alcanzan récord tras récord. Pero al comenzar este decenio el precio del aluminio también es arrastrado por la crisis. El valor de una tonelada desciende desde 2.000 a 900 dólares, mientras se elevan vertiginosamente los tipos de interés.

En 1981, la competencia a la baja de los precios se agudiza y Alugasa (Pechiney), en contra de los compromisos de compra afectados, se niega a retirar el aluminio y a aceptar la alúmina al precio convenido, que entonces se situaba por encima del que se negociaba en los mercados internacionales. Aluminio Español recurre en arbitraje ante los tribunales internacionales por el incumplimiento de las obligaciones pactadas, pero, entre tanto se resuelve la reclamación, se resiente su tesorería. Se propone como solución para sanear la empresa una ampliación de capital que permita disminuir el fuerte endeudamiento con los bancos y reducir así la pesada carga financiera que repercute en los costes de producción. La parte canadiense acepta a condición de que vayan todos los socios a la ampliación. Pero Pechiney también se niega bajo la socorrida excusa de que una fábrica española, en definitiva, es un asunto interno de las autoridades españolas, entusiastas, por otro lado, de las reconversiones industriales.

En estas disputas e incumplimiento de los compromisos de compra de aluminio y alúmina llegan los vencimientos de los créditos: 200 millones de dólares para la planta de aluminio y 150 millones para la de alúmina. En una reunión inicial con los bancos prestamistas, se les propone que ENDASA y Alugasa se subroguen en los créditos o faciliten mediante las compras de productos suficiente tesorería a Aluminio Español para hacer posible el pago de los vencimientos. Los bancos aceptan y conceden una prórroga de diez días, que expiraba el 29 del pasado septiembre. Pero entonces surge la respuesta negativa de Alugasa (Pechiney) de hacer frente a sus compromisos y tratar de endosárselos a ENDASA y, por elevación, al INI. La respuesta de Aluminio Español es la suspensión de pagos. La actividad del complejo de San Ciprián continúa mientras se llega a un acuerdo con los acreedores. Pero además el INI se ha comprometido a cumplir los compromisos existentes en lo que puedan corresponderle.

Este compromiso no puede dejar de tranquilizar a los acreedores, aunque, naturalmente, la calificación como prestatario de Aluminio Español bajará de nivel al no acabar de responsabilizarse uno de sus socios en la parte que le corresponde de su participación en la empresa. En todo caso, la credibilidad del INI y del Estado español se mantiene intacta, mientras se confirma que el INI no está dispuesto a seguir absorbiendo intereses privados o públicos ajenos a su organización.

En última instancia, la nacionalización de Pechiney, con todos los complejos problemas organizativos, ha podido motivar que el interlocutor francés no siguiese puntualmente la marcha de los acontecimientos. Sin embargo, restablecida la normalidad en el funcionamiento de Pechiney, una empresa de su prestigio no puede dejar de hacer frente a sus compromisos en España así como frente a la comunidad financiera internacional. El prestigio de Francia bajaría, sin duda, algunos enteros.