El control de las multinacionales en España
No vamos a hacer un manifiesto contra las empresas multinacionales, antes al contrario, ya que creemos que aportan muchos aspectos positivos. Pero, de la misma forma que su participación en la economía es creciente, el Gobierno debe progresar paralelamente en el control de las mismas, a fin de salvaguardar los intereses nacionales y la soberanía del consumidor.En sus aspectos positivos, las empresas multinacionales generalmente aportan inversión al país, creación de puestos de trabajo, alta tecnología, honestidad fiscal y ejemplo en cuanto a las modernas técnicas de la gestión de empresas. Y t...
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No vamos a hacer un manifiesto contra las empresas multinacionales, antes al contrario, ya que creemos que aportan muchos aspectos positivos. Pero, de la misma forma que su participación en la economía es creciente, el Gobierno debe progresar paralelamente en el control de las mismas, a fin de salvaguardar los intereses nacionales y la soberanía del consumidor.En sus aspectos positivos, las empresas multinacionales generalmente aportan inversión al país, creación de puestos de trabajo, alta tecnología, honestidad fiscal y ejemplo en cuanto a las modernas técnicas de la gestión de empresas. Y todo esto es importante para España y para cualquier país. Pero no olvidemos que sus centros de decisión se encuentran en Nueva York, París, Francfort o Tokio, y que sus intereses y decisiones irán directamente a explotar al máximo a aquellos países que más posibilidades den.
España es hoy uno de estos países. Pocas naciones en vías de desarrollo permiten que el capital extranjero sea mayoritario como en España, cuya legislación al efecto es muy permisiva. Y, salvo raras excepciones, en los casos en que se permite la mayoría al capital extranjero, se exigen grandes compensaciones a cambio o restricciones de otro tipo. A veces, estas compensaciones también son exigidas en España, pero con poco rigor, y, en la práctica, el control de su verdadera realización no es lo eficaz que, sería de desear, gozando la empresa extranjera de muchas más ventajas y, sin duda, de mucho más poder que el empresario español, quien observa una desigualdad de trato y de favores que contribuye, aún más, a la pérdida de iniciativas empresariales auténticamente españolas.
Es necesario, pues, por parte de la Administración, fomentar la inversión en España, nacional o extranjera, pero con igualdad de posibilidades y, sobre todo, sometiendo a un control más estricto a las empresas multinacionales en España para que realmente beneficien al país. En este sentido, es preciso un código de conducta exigible a la empresa multinacional, así como una vigilancia estrecha de las acciones y componendas que vayan contra los intereses de la nación, de sus empresarios y de sus consumidores.
Es necesaria una estricta legislación muy restrictiva respecto al pago de royalties, transferencias de tecnología y a la distribución de dividendos. Debe exigirse a la empresa extranjera una nacionalización de la producción cada vez más elevada, disminuyendo las importaciones. Deben controlarse los precios de compra y de venta que se practican entre filiales de una misma, empresa multinacional, ya que es una fórmula habitual de dumping y de trasvase de divisas y de beneficios hacia los países que más interesa en cada momento. Debe exigirse una balanza comercial positiva, a fin de evitar simples empresas comerciales con. poca industrialización local. Debe fomentarse que la nacionalización progresiva de la empresa afecte también a los ejecutivos y técnicos y no sean cotos cerrados de extranjeros residentes en España. Debe protegerse al comercio detallista español de las grandes multinacionales de la distribución, que, por no existir normas restrictivas a sus actividades, como tienen todos los países, se encuentra indefenso e impotente para poder competir, ante la falta de una legislación eficaz contra la competencia desleal.
Estoy en condiciones de poder afirmar que todos estos controles no existen en España y que en los casos en que existen no se han puesto los medios para que el control sea eficaz.
He aquí un amplio campo de trabajo legislativo para nuestros diputados, mucho más útil para la economía del país y para los empresarios españoles que los miles de horas que se han dedicado a legislar otros aspectos mucho más banales. El orden de prioridades del país exige la promoción y el aliento a la actividad inversora nacional y extranjera, pero esta última, siempre dentro de un marco que asegure el balance positivo para España, y no sólo favorecer un enclave foráneo con un centro de decisiones omnipotente en París, Nueva York, Londres o Francfort.
Jaume Llopis es consejero delegado y director general de Compañía de Electrónica y Comunicaciones SA (CECSA)