Admitidos a trámite cinco recursos de inconstitucionalidad contra la LOAPA

Los cinco recursos previos de insconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) han sido admitidas a trámite por la sección de vacaciones del Tribunal Constitucional.Los recursos habían sido interpuestos por los gobiernos y parlamentos autónomos de Cataluña y el País Vasco, así como por cincuenta diputados del frente anti-LOAPA. Aunque la citada admisión no prejuzga la constitucionalidad o no de la ley, sí supone la suspensión automática de su tramitación.

La LOAPA será mañana objeto de un debate televisado que dará comienzo a las 21.30, ...

Los cinco recursos previos de insconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) han sido admitidas a trámite por la sección de vacaciones del Tribunal Constitucional.Los recursos habían sido interpuestos por los gobiernos y parlamentos autónomos de Cataluña y el País Vasco, así como por cincuenta diputados del frente anti-LOAPA. Aunque la citada admisión no prejuzga la constitucionalidad o no de la ley, sí supone la suspensión automática de su tramitación.

La LOAPA será mañana objeto de un debate televisado que dará comienzo a las 21.30, con participación de representantes de los gobiernos central y vasco, Minoría Catalana, UCD y Partido Socialista.

El Tribunal Constitucional ha acordado comunicar la paralización de la tramitación de la ley a los presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado, así como la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la interposición de los recursos.

En el caso de que el alto Tribunal dictamine la constitucionalidad de la LOAPA, ésta seguiría su curso lógico de sanción y promulgación en el Boletín Oficial del Estado. Si, por el contrario, declara inconstitucionales algunos de los artículos de la ley, la situación no parece tan clara, ya que existe una cierta laguna legislativa.

Para el comunista Enrique Curiel, la duda se plantea en torno a dos posibilidades: la reelaboración de la ley en el Congreso y el Senado o la retirada del texto por parte del Gobierno, solución esta última que sería la más deseable, a juicio de Curiel.

Sin embargo, Rafael Arias-Salgado, ex ministro de Administración Territorial, aseguró que la intención del Gobierno y de UCD -y en ello coinciden con el PSOE- es que, en caso de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley armonizadora, se supriman o elaboren nuevamente, pero en ningún caso se retiraría la ley o se sometería a una revisión global.

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