Centristas y socialistas quieren ver aprobada la LOAPA a finales del verano, como muy tarde

UCD y PSOE están firmemente decididos a que en la próxima semana quede concluido el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), a fin de facilitar su debate en el Pleno de la Cámara antes de que concluya el período de sesiones -previsiblemente, el 30 de junio- y de que entre en el Senado en el mes de septiembre.El intento de los dos partidos mayoritarios de acelerar al máximo el paso de la LOAPA por la Comisión Constitucional es evidente tras el anuncio hecho el jueves por su presidente, Emilio Attard, de que aquella...

UCD y PSOE están firmemente decididos a que en la próxima semana quede concluido el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), a fin de facilitar su debate en el Pleno de la Cámara antes de que concluya el período de sesiones -previsiblemente, el 30 de junio- y de que entre en el Senado en el mes de septiembre.El intento de los dos partidos mayoritarios de acelerar al máximo el paso de la LOAPA por la Comisión Constitucional es evidente tras el anuncio hecho el jueves por su presidente, Emilio Attard, de que aquella se reunirá el martes, miércoles y jueves de la próxima semana en sesiones de mañana y tarde. El ritmo marcado por la comisión en las dos primeras sesiones celebradas puede considerarse moderadamente rápido, toda vez que los cuatro primeros artículos dictaminados constituyen la esencia misma de la ley y el núcleo central de las diferencias entre los dos partidos mayoritarios y las minorías nacionalistas. Nacionalistas y comunistas se abstuvieron en la votación de los tres primeros.

El artículo cuarto de la LOAPA, que salió adelante con los votos de UCD, PSOE y AP, sigue siendo el principal argumento que las minorías catalana y vasca y el grupo comunista esgrimen para rechazar la ley. Las posturas siguen siendo encontradas con respecto a la actual redacción del texto, que establece que las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el apartado primero del artículo 149 de la Constitución prevalecerán en todo caso sobre las normas de las comunidades autónomas. En la distinta interpretación que del artículo hacen los nacionalistas y los defensores de la ley radica el problema.

Aunque la prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas aparece en el artículo restringida a las competencias que el apartado 1 del artículo 149 de la Constitución confiere al Estado, las minorías catalana y vasca y los comunistas ven en el precepto una trampa. Consideran que las 32 materias genéricas sobre las que el Estado, según dicho apartado, tiene competencia exclusiva, cubren todo el abanico competencial existente y suponen de hecho la prevalencia absoluta y permanente del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas, incluso en las normas dictadas por éstas en el ámbito de las competencias exclusivas que les confiere el apartado 3 del mismo artículo de la Constitución.

La aprobación del artículo con su redacción actual supondrá, en opinión de las minorías, una revisión del sistema de distribución de competencias previsto en el artículo 149/3 y puede provocar un continuo conflicto de competencias, que se resolvería siempre a favor del Estado. En este sentido, afirman las minorías que este precepto puede originar una permanente suspensión de las normas de las comunidades autónomas hasta tanto el Tribunal Constitucional no reconozca, después de un largo período de tramitación, que aquéllas han sido dictadas en el ámbito de las competencias que les confiere el apartado 3 del citado artículo de la Carta Magna.

Centristas y socialistas creen que en esta interpretación de los nacionalistas hay un exceso de recelo y mantienen que el artículo cuarto reconoce la prevalencia del derecho del Estado sobre la legislación que puedan dictar las comunidades autónomas únicamente en lo que se refiere a las materias que el apartado primero del artículo 149 de la Constitución le reconoce como exclusivas.

No obstante, el propio Carlos Solchaga, del grupo de socialistas vascos, reconoce que el artícúlo cuarto de la LOAPA "está creando un problema serio de interpretación de la intención del legislador, que crea confrontaciones innecesarias y obliga a buscar una fórmula más feIiz".

El diputado Jordi Solé Tura, que participó en la reunión celebrada ayer por el Grupo Parlamentario Comunista con los responsables de política autonómica del partido, expresó los reparos del PCE hacial el modelo de Estado de las autonomías que se está configurando a partir de la LOAPA. "Pensamos que la delimitación de las competencias no está arreglada y que tampoco es satisfactoria la solución que se ha dado en el tema de la prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas". "Hemos coincidido", añadió, "en el sentimiento de inquietud por los efectos políticos que pueden derivarse de la aprobación, en su actual redacción, de la LOAPA, que, en opinión de los comunistas, es una ley que no resuelve el coflicto entre el Estadio y las comunidades autónomas". El vicepresidente del grupo comunista en el Congreso manifestó también que su partido ha iniciado ya contactos con las fuerzas políticas nacionalistas de cara a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la LOAPA, iniciativa sobre la que ya se han pronunciado favorablemente los Parlamentos catalán y vasco.