El alcalde de Manises enfrentado con la Policía Nacional
El alcalde de Manises, Antonio Asunción (PSPV-PSOE), va a presentar denuncia por desacato a la autoridad en el Juzgado de distrito de esta localidad contra la empresa Sociedad Anónima Valenciana de Transportes (SAVE), que tiene la concesión del aparcamiento del aeropuerto de Manises, por levantar el precinto municipal, que había sido efectuado el pasado martes por la Policía Municipal, por impago de la licencia de apertura del local. El alcalde también ha decidido denunciar a la Policía Nacional por impedir a la Policía Municipal aplicar la decisión del Ayuntamiento de precintar las instalacio...
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El alcalde de Manises, Antonio Asunción (PSPV-PSOE), va a presentar denuncia por desacato a la autoridad en el Juzgado de distrito de esta localidad contra la empresa Sociedad Anónima Valenciana de Transportes (SAVE), que tiene la concesión del aparcamiento del aeropuerto de Manises, por levantar el precinto municipal, que había sido efectuado el pasado martes por la Policía Municipal, por impago de la licencia de apertura del local. El alcalde también ha decidido denunciar a la Policía Nacional por impedir a la Policía Municipal aplicar la decisión del Ayuntamiento de precintar las instalaciones del aeropuerto que careciesen de licencia municipal.
Mandato judicial
En efecto, la noche del martes, miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con un inspector del Cuerpo Superior de Policía, adscrito a la comisaría del aeropuerto, abstaculizaron el precinto de locales si no se presentaba un mandato judicial, por entender que el aeropuerto es un edificio público y sus servicios no pueden ser suspendidos sin autorización gubernativa. El alcalde de Manises estima que en aquella actuación las FOP pusieron trabas a una autoridad municipal sin razón.En cuanto a la concesionaria del aparcamiento, esta empresa, junto con otras concesionarias de servicios del aeropuerto, habían sido requeridas en numerosas ocasiones por el Ayuntamiento para que pagaran la licencia de apertura, a lo que se negaron. El Ayuntamiento, como única vía de presión, decidió precintar los locales en tanto no se pusieran al día las empresas, con el erario municipal.
La medida ha tenido efecto, ya que todas ellas, menos dos firmas internacionales de alquiler de coches, han pagado las licencias, que en total suponen unas 400.000 pesetas de desembolso a favor del municipio.