Tercer año de ayuntamientos democráticos

Al estar ya en el tercer aniversario de la constitución de los ayuntamientos resultantes de las elecciones de abril de 1979, nos encontramos con un plazo de tiempo que permite realizar unas reflexiones y analizar las actuaciones que a lo largo de este período han ocupado gran parte de la vida municipal.El año 1979 fue el de la toma de contacto, que permitió enterarse desde dentro cómo funcionaba la máquina municipal; la mayoría de los ayuntamientos actuaron con presupuestos prorrogados y no se produjeron cambios de fondo que permitieran diferenciar los estilos de gobiernos entre una y otra épo...

Al estar ya en el tercer aniversario de la constitución de los ayuntamientos resultantes de las elecciones de abril de 1979, nos encontramos con un plazo de tiempo que permite realizar unas reflexiones y analizar las actuaciones que a lo largo de este período han ocupado gran parte de la vida municipal.El año 1979 fue el de la toma de contacto, que permitió enterarse desde dentro cómo funcionaba la máquina municipal; la mayoría de los ayuntamientos actuaron con presupuestos prorrogados y no se produjeron cambios de fondo que permitieran diferenciar los estilos de gobiernos entre una y otra época de manera manifiesta.

El año 1980 se empleó en la gestión necesaria para adecuar las. estructuras municipales al trabajo' que se hacía preciso iniciar. Fue el año de la consolidación y de la salida al exterior de los alcaldes para un intercambio de ideas e iniciativas que permitiera, con el conocimiento adquirido, dar una mayor eficacia a nuestras corporaciones. Ya se conocía la realidad de la que partíamos, y se habían consolidado unas mínimas bases de funcionamiento. Por otro lado, los cambios puntuales en la legislación permitían una mayor clasificación presupuestaria y un conocimiento más exhaustivo de la situación financiera.

Pero fue 1981 el año de los cambios, si no todos los que hubiéramos deseado, sí al menos los que han permitido gobernar algo mejor una nave en donde no siempre los distintos grupos políticos que la ocupaban reinaban en la misma dirección.

Se anuló el que determinados acuerdos tuvieran que ser adoptados por dos tercios de la corporación, se agilizó el tratamiento de la gestión urbanística; el marco en que se movieron los pactos locales entre el Gobierno y los dos partidos mayoritarios desbloquearon determinadas trabas y clarificaron posiciones. Por otro lado, el movimiento municipalista alcanzó el éxito de lograr, mediante la constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el tener un portavoz válido ante la Administración central.

Mejorar la gestión

¿Quiere decir esto que los problemas de los ayuntamientos se han resuelto? Creo que no; estamos sólo en el buen camino, pero queda mucho por recorrer. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento es el primer órgano de la Administración con el que convive el administrado, es su punto más directo de relación y el que le resuelve sus necesidades primarias; por tanto, es al que más se le exige y el que tiene que dar una imagen de gestión más resolutiva, eficaz y participativa de todas las administraciones públicas. Y esto todavía no lo hemos conseguido. Hay, pues, que plantearse dos interrogantes: ¿Por qué no lo hemos conseguido? ¿Cómo se podría si no resolver absolutamente este problema sin al menos tener la seguridad de que estamos en el camino acertado para conseguirlo?

En primer lugar, y como base previa, habría que hacer un planteamiento de cuál ha de ser el papel de los ayuntamientos en el nuevo régimen español. Clarificar esto y hacerlo llegar a través de nuestros partidos a la mente de nuestros legisladores es fundamental. Los ayuntamientos deben jugar un rol importantísimo en la configuración del nuevo Estado que queda enmarcado en la Constitución de 1978. Un papel que revierte mayor importancia teniendo en cuenta que podemos ser un elemento aglutinante en un momento en que el planteamiento de algunos entes autonómicos inquieta sobre la idea que de España se tiene en algunas regiones de nuestro país.

Dentro de este planteamiento requiere cada vez mayor importancia el clarificar cuál es el concepto de autonomía municipal que debemos desarrollar. Es peligroso el observar cómo en lugar de avanzar en los principios de autonomía municipal, reconocidos en el artículo 140 de la Constitución, vamos en camino de depender cada vez de más entes de la Administración en sus diversos estadios, convirtiéndonos en siervos de varios señores que no quieren ceder, unos, en sus competencias, mientras que otros las quieren aumentar a costa de los entes locales.

Hay que adelantar el desarrollo legislativo que afecta a los ayuntamientos. Mucho se ha hecho en este sentido, pero no por ello debemos retrasar la nueva ley de Régimen Local y los reglamentos que la desarrollen. Tengamos en cuenta que la respuesta inmediata que desde los ayuntamientos hay que dar a los problemas de los vecinos obliga a hacer de la: eficacia uno de los principales puntales en que se base la política municipal. Y ello obliga a replantear, en aras de una mejor gobernabilidad, la situación de los ayuntamientos. Tengamos en cuenta que en el ayuntamiento se mezclan competencias entre los distintos órganos de gobierno, lo que obliga a una clasificación de las mismas. El alcalde y su equipo deben tener respaldo suficiente para asegurar la gobernabilidad de los ayuntamientos. En los momentos actuales, el hecho de que sea el pleno o la permanente quienes aprueben o simplemente ratifiquen casi todas las actuaciones supone un excesivo control político que muchas veces puede hacer inviable una verdadera política de hechos. Con esto no quiero decir que se tenga que aumentar el presidencialismo en las corporaciones a límites que escapen al control de la misma, pero es evidente que habría que marcar una clara diferencia entre las competencias del ejecutivo (alcalde) y legislativo (pleno) que permitiera que cada uno hiciera su papel sin que se obstaculizaran en su trabajo.

Si el problema del funcionamiento político de las corporaciones podría ser obviado mediante un nuevo marco legal que, a corto plazo, recondujera el tema, no es tan fácil la resolución del segundo punto, que implica un cambio en la mentalidad y en la composición de las estructuras funcionariales de las corporaciones locales.

Estamos ahora en la recta final de este mandato de los primeros ayuntamientos elegidos democráticamente, queda un año para la convocatoria de elecciones municipales (suponiendo que no se prorrogue el mandato) y tenemos poco tiempo para dejar sentadas las bases definitivas de lo que van a ser las futuras corporaciones. A nosotros, dentro de los ayuntamientos, nos ha correspondido iniciar el cambio y, en algunos casos, conseguir resultados eficaces tendentes a llevar los ayuntamientos hacia el nuevo modelo que marca la Constitución de 1978 y los vecinos necesitan. Pero es desde fuera de los ayuntamientos, desde las Cámaras legislativas, que ha de venir el marco que permita a las corporaciones que nos sucedan continuar con nuestra tarea y con seguir, cuanto antes mejor, que las ciudades tengan la estructura de gobierno que en estos momentos necesitan.